Invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, el defensor de los derechos humanos Walter Agredo Muñoz ha participado esta semana en varios actos públicos. Agredo Muñoz es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos en el Valle del Cauca desde hace una década. En esta organización se encarga del área de cárceles y trámite de quejas. Debido a las amenazas de muerte sufridas en su país, abandonó Cali y se ha acogido (junto a otros tres compañeros) al Programa de Derechos Humanos del gobierno de Asturias. Lleva dos meses residiendo en el estado español. El activista considera que la represión y la criminalización del movimiento social se focaliza en las regiones con mayores recursos naturales y donde se plantean más concesiones de explotación a transnacionales, sobre todo mineras.
¿Cómo caracterizarías a la Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos?
La organización, que funciona a nivel estatal y con sedes en diferentes regiones, ha cumplido cuarenta años de trabajo en el apoyo jurídico y humanitario a personas detenidas y/o encarceladas por motivos políticos. Personas del movimiento social y popular: sindicalistas, estudiantes, líderes sociales, mujeres activistas y miembros de organizaciones indígenas, entre otros. Pero también apoyamos a personas que no son detenidas arbitrariamente por su activismo político, sino por otros motivos. Y que también sufren las políticas de control social del estado. Me refiero a jóvenes (detenidos, por ejemplo, en una fiesta nocturna), prostitutas, vendedores ambulantes y sectores LGTB. También hemos impulsado la «campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta en Colombia».
¿Qué rol desempeñan los medios informativos en esta criminalización que denuncias?
Los medios de comunicación distorsionan la realidad y juegan siempre a favor del estado colombiano. Si algún funcionario público relaciona a los movimientos sociales con la insurgencia, los medios de inmediato se hacen eco. Ten en cuenta que las dos principales cadenas de audiovisuales -RCN y Caracol- están en manos de dos grandes grupos económicos: Ardila-Lülle y Sarmiento Angulo, respectivamente. Del mismo modo actúan medios escritos como El Tiempo y El Espectador. Además, estos señalamientos se producen sin que se contraste la información. Tampoco se da cuenta de los casos de terrorismo de estado y ejecuciones extrajudiciales. En el último año han sido asesinados 71 líderes sociales en Colombia.
Procedes del Valle del Cauca…
Allí nuestra organización lleva trabajando dos décadas. El Valle del Cauca presenta algunos hechos diferenciales. El monocultivo de la caña de azúcar impulsado por grandes grupos económicos, que se basó en el despojo de sus tierras a los pequeños propietarios. En esta región también se implantó algunos de los carteles de la droga (el de Cali) más potentes del país. En el centro-norte del Valle del Cauca (aunque es un fenómeno que puede generalizarse a todo el país) el narcotráfico ha estado ligado a la creación de grupos paramilitares. Por lo demás, estos grupos han operado en connivencia total con las fuerzas públicas. Por ejemplo, la masacre de Trujillo, en los inicios de la década de los 90, en la que se documentaron 300 casos de personas asesinadas por paramilitares. Unos 1.500 integrantes del movimiento popular fueron asesinados durante el conflicto armado. En la región también se implantó la insurgencia (las FARC y el ELN).
¿Consideras que Santos y Uribe practican la represión del mismo modo?
La diferencia con el presidente Santos es de maquillaje y de formas. Pero la persecución y movilización del movimiento popular continúa. Te pongo dos ejemplos: la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Fuero Penal Militar. El primero tipifica conductas punitivas nuevas, algunas de las cuales penalizan al movimiento popular en la calle. En cuanto al Fuero Penal Militar, permite que sea el ejército quien investigue los crímenes que cometen los propios militares. Es cierto que Santos no ha salido a señalar al movimiento social de modo tan contundente como Uribe. Ataca a las organizaciones populares pero de modo más hábil. Y ha conseguido que la comunidad internacional le vea como a alguien diferente a Uribe. Para nosotros no es así.
¿Se traducen en violencia política y muerte esta posición de Santos frente a las organizaciones populares?
En efecto. En 2012 se produjeron 20 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que supuso 52 víctimas (datos del CINEP). Asimismo, entre enero y marzo de 2013 ha habido, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (SIADDHH), 45 agresiones/atentados a defensores de derechos humanos y líderes sociales (15 casos de asesinato, 20 de amenazas y 3 detenciones, entre otros). También en 2013, por ejemplo, en los primeros días de enero se dio el desplazamiento de unas mil personas en el departamento del Chocó por amenazas de grupos paramilitares. Y eso a pesar de la aprobación de la legislación sobre víctimas y restauración de tierras.
¿Cuáles son los principales sectores afectados por la violencia y en qué zonas del país?
Esta represión y judicialización que denuncia el Comité se focaliza en zonas con solicitud de concesiones por parte de compañías transnacionales, la mayor parte mineras. Las hay de origen estadounidense y canadiense pero también de países de la Unión Europea como España. Su presencia destaca en zonas como el norte del Cauca (con poblaciones indígenas y afrodescendientes); el piedemonte costero del departamento de Nariño, en el sur de Bolívar y en la parte oriente del país. Son también estas regiones donde existe una mayor presencia de la fuerza pública. En 2013 se han hecho efectivas en el norte del Valle del Cauca 120 órdenes de captura contra líderes sociales y otras 240 se ejecutarán en breve. Aquí tiene grandes intereses, entre otras compañías, la Anglo Gold Ashanti. Sufren esta violencia líderes afodescendientes, indígenas, campesinos, sector sindical, defensores de derechos humanos y mujeres. Se les acusa de colaboradores y auxiliadores de la insurgencia.
En tu caso, has recibido amenazas que te han llevado a salir de Colombia.
Somos cuatro personas las que nos hemos acogido al Programa de Derechos Humanos del gobierno asturiano; además de mi caso, está el de un dirigente sindical, un campesino y una activista que trabaja con poblaciones desplazadas y víctimas de la violencia sexual. Hemos recibido amenazas de grupos paramilitares, que todavía persisten en Colombia y que nunca fueron desmovilizados.
¿Qué conexiones tienen estos grupos?
Los paramilitares son aliados de la policía y el ejército, pero también actúan bajo el auspicio de multinacionales y grandes grupos económicos colombianos. Te citaré algunos ejemplos. Chiquita Brands fue sancionada por el patrocinio de grupos paramilitares en la región de Urabá. Actualmente, la justicia colombiana también está investigando, por nexos con el paramilitarismo, a varias empresas nacionales productoras de aceite de palma. En el Valle del Cauca ha sido detenida e investigada judicialmente por lavado de dinero y conexión con bandas paramilitares, Dilian Francisca Toro, miembro del partido de Uribe.
Por otra parte, entre el 19 y el 22 de abril de 2013 participaste en el Congreso por la Paz celebrado en Bogotá. ¿Qué posición se acordó respecto al proceso de diálogo que mantienen el gobierno y la guerrilla?
Participaron en el congreso unas 15.000 personas de movimientos sociales y organizaciones populares para debatir en torno a la paz. Nos mostramos de acuerdo con el proceso de diálogo de La Habana, pero también pensamos que deberían ampliarse las conversaciones a otros grupos guerrilleros como el ELN y el EPL. Consideramos asimismo que es necesario abrir el diálogo al movimiento social, porque en la agenda de la insurgencia hay puntos que coinciden con planteamientos de las organizaciones populares. Pero la guerrilla no es la representación exacta de los movimientos sociales.
Por último, ¿Qué opina el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos del proceso de diálogo?
Consideramos que es importante el diálogo para cerrar definitivamente más de 50 años de guerra. Pero también pensamos que no pueden acabar las negociaciones sin hablar de determinadas cuestiones que el estado no quiere abordar. Me refiero a las grandes cuestiones estructurales, como la salud, la educación, los servicios públicos o las reformas tributarias que aumentan los impuestos al pueblo colombiano. Y también la impunidad respecto a los crímenes de estado. Creo, sin embargo, que se avanzará en asuntos como el reparto de tierras, por ejemplo, con las reservas campesinas.
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