Todavía hay quien piensa que, para hablar de represión en el estado español, deberíamos retroceder hasta la dictadura franquista. Sin embargo no es así. En España sigue existiendo una dictadura que no terminó con Franco, la del capital; eso sí, disfrazada convenientemente de «democracia», en la que también se reprime, y muy duramente, a los […]
Todavía hay quien piensa que, para hablar de represión en el estado español, deberíamos retroceder hasta la dictadura franquista. Sin embargo no es así. En España sigue existiendo una dictadura que no terminó con Franco, la del capital; eso sí, disfrazada convenientemente de «democracia», en la que también se reprime, y muy duramente, a los trabajadores y las trabajadoras, sindicalistas, comunistas, antifascistas, estudiantes… en definitiva, a toda persona a la que se le ocurra hacer o decir algo contra el sistema establecido.
De este modo, a la violencia estructural del capitalismo (explotación laboral, desempleo, aumento de la edad de jubilación, siniestralidad laboral, pobreza, exclusión social, patriarcado, guerras imperialistas…), se suma la violencia que se ejerce contra aquellos y aquellas que, hartos y hartas de los numerosos desmanes del poder, se lanzan a la calle para hacerse oír. Ahí es donde topamos, como si no hubiésemos tenido suficiente hasta el momento, con las agresiones policiales, las detenciones, los juicios, las condenas… Si viviésemos en democracia, la opinión del pueblo sería un fundamento básico; pero en esta «democracia» la opinión del pueblo se restringe al derecho a la pataleta, y no van a permitir que sea de otra manera. Por eso si luchas, si sales a la calle, si decides que ya está bien, vendrán rápidamente a meterte de nuevo en el redil (no pocos golpes, algunas detenciones, unos añitos en la cárcel…) para que las ovejitas protestonas y subversivas aprendan la lección y el resto del rebaño tome nota.
En un país cuyo gobierno (el presente y los pasados) responde a los intereses del capital, cualquier elemento que cuestione su hegemonía será, por necesidades obvias, duramente reprimido. Independientemente de que sean más progresistas o más conservadores, estos gobiernos son lo que son: dictaduras al servicio de unas minorías, garantes de los derechos de unos pocos sobre los derechos de unos muchos. Por eso hay que dar dinero a la banca y no a las personas con hipotecas, por eso hay que quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras y no a los empresarios y empresarias.
Pongamos solo algunos ejemplos:
El 4 de Enero de 1978 Francisco Rodríguez Ledesma es asesinado en una manifestación por los disparos efectuados por un policía cuando disolvían una concentración pacífica de trabajadores en Sevilla.
El 5 de Septiembre de 1980 el militante comunista José España Vivas ingresa cadáver en el hospital procedente de la Dirección de la Seguridad del Estado al día siguiente de ser detenido.
El 6 de Octubre de 1983 Joxi Zabala y Joxean Lasa son secuestrados en Bayona en la primera acción de terrorismo de Estado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Los dos jóvenes son torturados y asesinados. Por este crimen fueron condenadas cinco personas; entre ellas, el general Galindo de la Guardia Civil (solo cumplió 5 años de prisión de 75 a los que fue condenado) y Elgorriaga, delegado del Gobierno en el País Vasco (cumplió solo 1 año y 9 meses de cárcel de los 75 a los que se le condenó).
El 15 de abril de 1986 fueron detenidas por la policía ocho personas tras una concentración ante la sede del consulado de Estados Unidos en Barcelona para protestar por la acción bélica contra Libia protagonizada horas antes por el Ejército norteamericano.
El 23 de enero de 1987 una joven de 15 años resultó gravemente herida de bala por los disparos efectuados por la policía cuando disolvía en Madrid una manifestación pacífica de estudiantes contra la subida de las tasas universitarias.
El 15 de enero de 1991 las manifestaciones contra la Guerra del Golfo en Madrid y Barcelona terminaron con violentas cargas policiales que ocasionaron diversos heridos y cinco jóvenes detenidos.
El 2 de diciembre de 1993 al menos 49 personas fueron detenidas y una herida en la manifestación convocada por las organizaciones de estudiantes para pedir un cambio en la política educativa del gobierno en Madrid. La manifestación en León se saldó con siete estudiantes detenidos.
El 20 de junio 2002 durante la Huelga General las brutales cargas policiales a los piquetes se saldaron con más de 20 detenidos.
El 15 diciembre 2003 la Audiencia Nacional juzgó a 103 estudiantes por un encierro contra la LOU.
El 30 abril 2005 veinte jóvenes gallegos son detenidos por reclamar más empleo y menos propaganda.
El 24 de enero de 2008 José Antonio Rodríguez Bobes, trabajador del astillero Juliana de Gijón, es acusado de ser el autor de las lesiones causadas a un policía. Tras depositar una fianza de 40.000 €, la acusación pidió una pena a 6 años y a una indemnización de 90.000 €.
A los numerosos casos que, por cuestiones prácticas, se obvian en este artículo, se suma el incremento de la violencia de los aparatos represores del Estado español desde el inicio de la crisis, en consonancia directa con la intención de criminalizar a los movimientos sociales, especialmente si son de izquierdas . Solo en 2009, más de 300 personas que participaron en movilizaciones sociales denunciaron malos tratos y torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de las frecuentes denuncias, ampliamente documentadas en todos los casos, pocas veces se consiguen sentencias de culpabilidad sobre los torturadores, que siguen actuando con total impunidad.
En este contexto es en el que se producen y explican las cargas policiales, cada vez más brutales y desproporcionadas, contra los manifestantes; los procesos abiertos, cada vez más numerosos; las condenas, cada vez más altas, o la situación de nuestros camaradas: Juanjo Serrano, Albert Camarasa y Xabier Aure, que se enfrentan a una posible pena de 3 años y 10 meses de prisión debido a una denuncia falsa, interpuesta por los Mossos d’Esquadra, tras una manifestación en protesta por el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar.
El PCPE ha lanzado una campaña de recogida de firmas en apoyo a nuestros camaradas exigiendo el sobreseimiento de la causa. Puedes firmar en:
http://www.pcpe.es/
Hay que dejarles claro que no les tenemos miedo, que no vamos a abandonar la lucha, que no les vamos a dejar que sigan creyendo que somos sus marionetas y que ante sus abusos y desmanes vamos a mirar a otra parte. Hay que seguir luchando, hasta la victoria.