Me preguntaba el lunes en esta columna qué se podría hacer con los demás ecuatorianos, cómo extender la solidaridad manifestada con los dos ecuatorianos muertos en el atentado de Barajas al resto de los emigrantes, y ni 24 horas ha tardado la respuesta. Hoy, 15 de enero, la prensa informa que el 90% de los […]
Me preguntaba el lunes en esta columna qué se podría hacer con los demás ecuatorianos, cómo extender la solidaridad manifestada con los dos ecuatorianos muertos en el atentado de Barajas al resto de los emigrantes, y ni 24 horas ha tardado la respuesta.
Hoy, 15 de enero, la prensa informa que el 90% de los 5.000 ecuatorianos afectados por la crisis de Air Madrid no podrá regresar a España. Al menos, no por el momento.
Las ayudas ofrecidas por el estado español apenas cubren al 10% de los afectados. El resto debe seguir esperando, corriendo el riesgo de perder el trabajo o de que sus hijos, nacidos en España, no puedan reintegrarse a sus escuelas. Mientras tanto, llevados por su situación de indefensión y abandono, muchos han tenido que ponerse en manos de prestamistas, multiplicando sus deudas y sin saber cómo salir adelante.
Y ello cuando el Estado bien podría incautar los millonarios bienes del propietario de Air Madrid y compensar económicamente a los estafados.
En República Dominicana, muchos haitianos ilegales que trabajan en la construcción son denunciados a la policía por sus empleadores el mismo día de cobro, para evitarse de esta manera el pago de los, por otra parte, miserables jornales. Una compensación económica a los garantes del orden sirve para motivar la «acción de la justicia» y ahorrarse esos salarios.
En el Estado español podría patentarse un sistema semejante. Simplemente, la compañía que les vendió los pasajes a los emigrantes aprovecha sus vacaciones para declararse en quiebra y quedan los emigrantes sin retorno, sin trabajo, sin casa, sin enseres… en el limbo, a la espera de una solución que siempre será tarde y cara.
Y todo porque no tuvieron la desgracia de morir en Barajas.