En la cuna del socialismo latinoamericano ha surgido una nueva relación de producción -para usar un término marxista- que incluye tanto la figura del dueño-patrón como un nuevo fenómeno de explotación laboral y acumulación de capital. Con la «actualización del modelo económico» cubano nació un sector privado que el gobierno quiere ver crecer. Pero los […]
En la cuna del socialismo latinoamericano ha surgido una nueva relación de producción -para usar un término marxista- que incluye tanto la figura del dueño-patrón como un nuevo fenómeno de explotación laboral y acumulación de capital. Con la «actualización del modelo económico» cubano nació un sector privado que el gobierno quiere ver crecer. Pero los vacíos legales de un Estado diseñado para funcionar al margen del capitalismo, y la falta de instituciones sindicales dedicadas a combatir (véase análisis de Fernando Luis Rojas) la explotación dejan desprotegida a una nueva clase de trabajadores.
Todas las madrugadas Dariel llega a la panadería de su barrio para comprar el pan que luego revenderá casi al doble del precio original. Clientes no le faltan. Para muchos cubanos es una ayuda inestimable poder adquirir el alimento en las puertas de sus casas; para otros es la única forma de evitar las colas en la panadería. Dariel es, según se mire, un héroe o un villano. Como muchos otros cubanos, ha tomado el camino de la autogestión. Es el caso arquetípico de lo que en Cuba se denomina el «trabajo por cuenta propia», una actividad laboral por fuera de las estructuras del Estado. Se trata del incipiente, pero creciente, sector privado en la isla socialista.
Cuba cerró el primer semestre de 2017 con unas 560 mil personas incorporadas al trabajo por cuenta propia, la inmensa mayoría en emprendimientos familiares o pequeñas empresas y cooperativas. La aspiración del gobierno es que esa cifra se cuadruplique para 2030, hasta constituir poco menos de la mitad de la población económicamente activa. En términos de sus aportes al producto bruto interno (Pbi), las previsiones apuntan a un grado similar o incluso superior.
El nacimiento de un cambio
Todo comenzó en setiembre de 2011, con una radical reforma de la legislación. La idea era permitir que los individuos pudieran trabajar por su cuenta o abrieran pequeños negocios para llevar a cabo algunas de las centenares de actividades económicas autorizadas (en su mejor momento llegaron a ser alrededor de 400). El argumento de las autoridades, defendido en varias ocasiones por el presidente Raúl Castro, resultaba tan simple como renovador: «El trabajo por cuenta propia también puede contribuir a la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible».
El Estado no tiene por qué ocuparse de una barbería, una cafetería…, su función es conducir las principales ramas económicas del país y garantizar las «conquistas de la revolución», aseguraban por entonces dirigentes políticos y gubernamentales. «Nadie tiene el derecho a estigmatizar a los cuentapropistas», repetía el general-presidente.
La economía privada se perfilaba como la opción perfecta para un país que acababa de descubrir que en sus entidades estatales «sobraban» casi un millón de trabajadores, luego de haber defendido durante mucho tiempo la idea de que existía el pleno empleo. Los trabajadores menos eficientes serían declarados «disponibles» en el mercado laboral durante los llamados «procesos de idoneidad» (evaluación y clasificación de los asalariados según diversos criterios en el lugar de trabajo, con el fin de reducir su cantidad). Para ellos no parecía haber mejor destino que algún pequeño emprendimiento propio o familiar.
Patrón y trabajador
Dariel se fue convenciendo por etapas de que debía trabajar de manera independiente. La primera fue cuando recibió su primer salario como novel técnico medio en construcción civil. «Eran 315 pesos (unos 13 dólares), con eso tenía que arreglármelas para llegar a fin de mes», recuerda. Ese mismo día pidió la baja en su trabajo estatal.
Año y pico más tarde, la discusión con su último patrón lo puso frente a otra premisa que rige su vida: no estar al servicio de nadie. En ese entonces ya había ganado la calidad de cuentapropista. Trabajaba como albañil en una brigada de construcción particular. Pero no lo hacía para sí mismo, sino para el dueño. «En los papeles, éramos una cooperativa no agropecuaria, y bajo esa ley debíamos cobrar, pero en realidad la voz cantante la llevaba él y el dinero ‘de verdad’ nos venía por fuera. Legalmente no teníamos cómo reclamar, y un día me dije ‘hasta aquí’.»
El caso de Dariel refleja las complejas relaciones que existen dentro del sector privado cubano. Una de sus particularidades es que todas las personas activas en él pertenecen oficialmente a la misma categoría -la de cuentapropistas-, independientemente de si son patrones o empleados. Y es que la gran mayoría de los cuentapropistas son trabajadores dependientes.
Al igual que Dariel, en el caso de Yanais también fue el bajo salario en un empleo estatal lo que hizo que optara por el trabajo por cuenta propia. Esta joven graduada en economía trabajó durante años de mesera en un restaurante privado -los llamados «paladares-, como una forma de solventar sus gastos estudiantiles. Pero luego de graduada, cuando descubrió que su salario no le permitiría satisfacer las urgencias más esenciales, terminó convirtiendo el trabajo de moza en su opción de vida. En una noche afortunada podía acumular en propinas el equivalente a todo un mes de sus ingresos como contadora de una empresa estatal.
Fue una rutina que se mantuvo inalterable hasta el día en que supo que estaba embarazada. Tras la noticia, una mañana la despidieron con el equivalente a tres meses de su salario. Aunque en Cuba el despido por embarazo está proscrito en la ley.
Para Carlos, (1) dueño de un paladar con alojamiento en las afueras de la oriental ciudad de Las Tunas, «las cosas tienen que ser así. Uno no puede estar regalando su dinero y quedarse con una mano a’lante y otra atrás». Al conocerlo resulta difícil imaginar que se trate del mismo hombre que hace una decena de años administraba un almacén estatal, o que su concepto de pobreza sea el mismo que el de millones de compatriotas suyos que deben vivir haciendo economías. Tampoco es fácil establecer paralelos entre su realidad y la de las muchachas que trabajan en su restaurante, a orillas de la transitada Carretera Central. «Todas saben que tienen que cuidarse, porque la imagen vende», dice Carlos, orgulloso.
A los efectos legales, Carlos disfruta del mismo estatus que sus empleados, aunque en Cuba todos sepan que no está en las mismas condiciones. Ni el Estado ni la sociedad civil han podido encontrar los mecanismos para que las diferencias económicas no vayan acompañadas con el sello ignominioso de la explotación.
Riesgo de una crisis simbólica
«El no reconocimiento o distinción jurídica de figuras como el dueño empleador y el empleado limita el diseño de normas regulatorias», alertan los profesores Meylin Pacheco Fernández, Yordany Landa de Saá y Juan Alejandro Triana Barrios, de la Universidad de La Habana y la Tecnológica José Antonio Echeverría. Una investigación de su autoría, publicada en diciembre del 2016, detalla cómo «a pesar de que el monto de trabajadores contratados no es despreciable y su tendencia es ascendente», resulta «contradictorio el estado de desprotección en que se encuentran, (sometidos) a prácticas que no sólo atentan contra sus derechos más universales sino que muchas de ellas están asociadas a mecanismos en pos de la evasión fiscal». A juicio de estos investigadores se impone «el reconocimiento y distinción de dueños y empleados como diferentes ante la ley».
Pero tal decisión implicaría un retroceso en el orden simbólico, asunto de la mayor prioridad para La Habana.
«La dirección del país siempre ha evitado otorgarles el calificativo de ‘reformas’ a las medidas que se han venido tomando desde 2007. En el lenguaje oficial se las define como ‘actualización del modelo económico’, pues cualquier alusión a un proceso reformista se considera un nexo directo con la perestroika y los acontecimientos que condujeron al derrumbe de la Unión Soviética», señaló a Brecha un funcionario del nivel central en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss). «Existe temor por los efectos ‘incontrolables’ que pueda tener esta especie de Nep (nueva política económica, en la Unión Soviética), algo para nada alarmista si se tiene en cuenta que ya funcionan unos cuantos negocios de mediana magnitud y con todas las trazas de seguir creciendo. Reconocer que dentro de ellos se producen antagonismos de clase sería una concesión conceptual que haría a muchos preguntarse hasta qué punto seguimos construyendo el socialismo», agregó el funcionario.
En el papel
Aunque en junio de 2014 se promulgó un nuevo Código del Trabajo -que en teoría garantiza los derechos de los trabajadores ante los cambios impulsados por el crecimiento del sector privado y las inversiones extranjeras-, para el común de los ciudadanos esa normativa no ha logrado regular el sector cuentapropista. Los derechos de estos trabajadores han quedado en el papel.
«En la práctica, ni los obreros estatales han conseguido más poder de decisión y mejores salarios, ni la mayoría de los empleados cuentapropistas tienen aseguradas las vacaciones o las licencias por maternidad o enfermedad», considera Liván Rivero Gaínza, un arquitecto que comenzó trabajando para el estudio de un colega sin haber firmado un contrato de trabajo formal. Cuando en una ocasión le propusieron que se afiliara al sindicato de trabajadores de la construcción, Liván consideró que no tenía sentido hacerlo. «¿Cómo hubieran podido ayudarme el día que tuviera una discusión con el dueño?»
De acuerdo con una encuesta conducida por el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, la mayoría de los jóvenes incorporados al trabajo por cuenta propia consideran que los sindicatos son «sólo papeleo y reuniones, y pocas veces ayudan». Se trata de una percepción refrendada por el hecho de que para la Central de Trabajadores de Cuba (Ctc, la única confederación sindical) la prioridad está en «movilizar a los trabajadores en aras de la defensa de la revolución y el cumplimiento de los planes productivos». Al menos así piensa Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la organización.
Emprendedores
Granma consignó también que entre los asalariados del sector privado persisten inquietudes relacionadas con la falta de protección por parte del Mtss y la Ctc. Tales desventajas se hacen más evidentes ante imprevistos o problemas médicos. «En las empresas estatales se aporta un 12 por ciento para la jubilación, licencia de maternidad y otros aspectos a largo plazo; además, se contribuye con un 1,5 por ciento para asuntos a corto plazo. El sector privado no tiene esas prestaciones. Son carencias de la legislación, que deja sin cubrir aspectos como la protección de la familia del trabajador en caso de que éste muera, los accidentes laborales o el regreso de las mujeres a las plazas que desempeñaban antes de una licencia por maternidad», explicó al diario cubano el abogado Crescencio Hernández Escalona, especialista principal de la Sección Jurídica de la Ctc.
Javier es copropietario de un taller de automotores. La inversión para abrirlo corrió a cargo de un primo que reside en Estados Unidos y que le envía regularmente piezas y herramientas para mantener funcionando el negocio. A pesar de los buenos números que muestran sus balances financieros, Javier no paga a sus trabajadores ni vacaciones ni licencias por enfermedad, pues «ellos ganan muy bien. Si quieren afiliarse a la seguridad social, ese es su problema, no el mío», razona. Opiniones similares expresaron a Brecha propietarios de otros emprendimientos. Todos forman parte de la incipiente clase media cubana, que puede permitirse lujos inalcanzables para la mayoría.
Roces matrimoniales
Lo que pareció ser una perfecta luna de miel entre el gobierno cubano y su incipiente sector privado puede delimitarse con exactitud: duró cinco años, diez meses y 25 días. Luego comenzaron los roces. El 1 de agosto el Mtss emitió una resolución que puso en pausa el otorgamiento de nuevas licencias para un amplio grupo de actividades del sector privado, suspendió de forma definitiva la concesión de nuevas licencias en ciertas actividades (véase recuadro), e implícitamente dejó en punto muerto los ya de por sí tremendamente complejos procesos de creación de nuevas cooperativas. De acuerdo con declaraciones de la viceministra primera del Mtss, Marta Elena Feitó, «no tenemos plazos para este período de espera, sólo podemos decir que no será una cuestión de años, sino sólo hasta que se ponga en orden el grupo de medidas que deben regular el sector».
Para Esteban (2) lo único cierto es que muy posiblemente nunca podrá cobrar los cerca de 400 dólares que ganó con su trabajo de los últimos meses en la cooperativa de servicios financieros Scenius. El Ministerio de Finanzas y Precios (Mfp) decidió el cierre de esa entidad, que había sido antecedido por el congelamiento de sus cuentas bancarias varias semanas antes. La noticia conmocionó al director general de la cooperativa, Alfonso Larrea Barroso: «Nos dieron 30 días para liquidar las operaciones, supuestamente a causa de ‘excesos’ en los servicios que prestábamos (no cumplimiento de las normas, ‘violación de los derechos sociales’). Por ello empezamos un proceso de reclamación, que tenía que ser ante el mismo ministerio que nos impuso la medida», comentó a Brecha. «No hacía tanto la Contraloría (General de la República) nos había auditado sin encontrar problemas graves. Lo mismo había sucedido con las empresas estatales a las que prestábamos servicios», recordó por su parte Esteban.
En Cuba las cooperativas no agropecuarias son estructuras que sólo están permitidas como experimentos y pueden ser revocadas en cualquier momento por simple decisión de un ministerio. Muchas veces deben operar bajo reglamentación poco explícita, en el límite entre las prácticas que no están prohibidas pero tampoco expresamente autorizadas, por lo cual en muchos casos su funcionamiento es una suerte de improvisación. Paradójicamente, las cooperativas -una forma de organización económica más afín a los principios socialistas, compuestas por cuentapropistas- tienen menos margen para funcionar que las empresas con dueño único.
Scenius era una de las seis cooperativas de servicios financieros autorizadas en Cuba; la mayor. Fuentes de Brecha cercanas a la cooperativa apuntan que entre sus planes inmediatos estaba ampliar los ingresos de los cooperativistas. Las ganancias de Scenius se repartían entre sus socios de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas y al valor del servicio producido. En la escala más baja, el sueldo mensual promedio era de 200 dólares, casi siete veces el salario promedio en el país.
¿Creando disidentes?
El proceso de cierre de Scenius siguió un itinerario que arroja dudas sobre las verdaderas intenciones del Estado. Si bien el Mfp adoptó su resolución el 24 de julio, no fue hasta el 4 agosto cuando notificó a la junta directiva de la entidad afectada. Los 11 días de espera resultaron decisivos: en el ínterin llegó la resolución del Mtss que ponía un freno temporal a la ampliación del sector privado.
A los efectos prácticos, más de 300 socios de Scenius quedaron sin trabajo, con salarios y otros pagos pendientes. A todos el Mfp les hizo la recomendación de «incorporarse a las actividades laborales en el sector estatal cubano».
«A veces da la impresión de que los que mandan en este país son de la Cia», lamenta Aldo, un antiguo combatiente de la lucha revolucionaria que tras muchos años como electricista en una empresa de transporte ferroviario se gana la vida cuidando bicicletas. «¿Qué van a hacer todas las personas que trabajaban ahí? Cuando usted lo piensa, sólo puede concluir que quieren volverlos disidentes, haciéndoles el trabajo a los yanquis. Si alguien me martilla la cabeza cada vez que trato de sacarla, olvídate, me gana de enemigo.» La opinión expresada por Aldo es representativa de un segmento de la población identificado con la revolución pero que sin embargo cuestiona parte de las políticas estatales, y que encarna el divorcio existente entre la dirigencia del país y el cubano común de las clases bajas.
Con la meta firme
A pesar del cierre de Scenius, la decisión del Mtss no implica que se prohíban los emprendimientos privados que están en funcionamiento y ya cuentan con una licencia. Tampoco significa que desde el gobierno se haya renunciado a seguir ampliando el sector privado en Cuba. Esta meta sigue vigente. Y en su discurso ante la Asamblea Nacional, el 14 de julio pasado, Raúl Castro lo dejó claro. Al tiempo que anunció que se tomarían medidas en el sector cuentapropista, también recalcó su importancia para la economía nacional: «Considero conveniente enfatizar que no hemos renunciado al despliegue y desarrollo del trabajo por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas no agropecuarias. No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal», aseguró.
Las principales preocupaciones del gobierno con respecto al sector privado, según las declaraciones de las autoridades, no tienen que ver con que haya surgido este nuevo fenómeno de explotación laboral, propio de un modelo capitalista. Los problemas evocados son otros. Un argumento es que en ciertos sectores ya se ha saturado el mercado. Por ejemplo, en el principal balneario, Varadero, desde hace meses ya no se otorgan nuevas licencias para pequeños hoteles privados.
Pero otra razón importante para querer tocar el freno es que el naciente sector privado produce una gran cantidad de ganancias acumuladas -de capital- que quedan por fuera del Estado, por más que éste fiscalice sus actividades. Existe el temor de que se generen de-sigualdades muy grandes en el país y nuevos polos de poder económico.
Los nuevos «capitalistas»
Junto con la repatriación de emigrados y sus recursos, las remesas desde el exterior constituyen una de las principales fuentes de financiación para el pujante sector privado, aunque muchos evitan declararlas debido a que «legalmente el gobierno no autoriza a invertirlas», detalla en su libro Voces de cambio en Cuba el catedrático Carmelo Mesa-Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh. Una indagación desarrollada bajo su guía, fundamentalmente en la capital cubana, apunta a otras vías de acopio para engrosar el capital inicial, tales como la ayuda familiar (44 por ciento de los encuestados), y de amigos y conocidos (20 por ciento). No contempla, sin embargo, los fondos provenientes de la corrupción, fenómeno que en Cuba alcanza grandes magnitudes, debido a los bajos salarios y las recurrentes crisis de desabastecimiento.
Si bien no existen análisis confiables sobre el fenómeno, las periódicas campañas policiales y de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria y la Contraloría General de la República han puesto en evidencia las magnitudes que alcanza. Sin ir muy lejos, en octubre pasado el gobierno de La Habana cursó advertencias a 129 de los 135 titulares de restaurantes privados inscriptos en la capital, por problemas que iban desde «el consumo y el expendio de drogas en sus locales, hasta el blanqueo de dinero», según declaraba la vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, Isabel Hamze. Una de las medidas derivadas del proceso fue la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias hasta que los interesados pudieran justificar el origen de los recursos con los que pensaban iniciar sus actividades. La experiencia en La Habana (y el descubrimiento de prácticas corruptas) sirvió de ensayo para proceder luego a las suspensiones temporales y definitivas de nuevas licencias a nivel nacional. De hecho, en su discurso del 14 de julio Raúl Castro subrayó la necesidad de «enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones» dentro del sector cuentapropista (véase recuadro).
La anunciada «reorganización del trabajo por cuenta propia» ha despertado inquietud también entre las profesiones que no fueron contempladas en el paquete de suspensiones. No sería la primera vez que La Habana aplica la reversa ante algún proceso que se le fue de las manos.
Hoy el mayor sueño de Dariel, el revendedor de pan, es reunir el dinero suficiente para invertir en la importación de piezas de autos desde Rusia, el llamado negocio de las «mulas». Es un proyecto en el que iría a medias con un primo comunitario, que alterna su existencia entre Miami y La Habana. Sabe que sus días como constructor quedaron atrás; «en Cuba lo que da es el trapicheo (la reventa), cualquier otra cosa es trabajo de esclavo».
¿Qué ha cambiado?
El 1 de agosto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba suspendió de forma temporaria el otorgamiento de licencias para 28 actividades del sector privado en Cuba; en el caso de otras cinco la medida tiene carácter definitivo.
Entre las ramas listadas en el primer grupo se incluyen tres de las más populares: el arriendo de viviendas y habitaciones, la operación de cafeterías y restaurantes, y la venta de artículos de uso en el hogar. El permiso para prestar servicios de construcción y reparación de inmuebles, esencial en un país cuyo déficit de viviendas ronda las 900 mil, tampoco se otorgará hasta que «concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia», explica la resolución oficial sobre el tema.
De los rubros para los que no volverán a expedirse licencias, tres tienen que ver con la alimentación, asunto de «seguridad nacional», según el presidente, Raúl Castro. En ese caso se encuentran las patentes para «vendedor mayorista de productos agropecuarios», «vendedor minorista de productos agropecuarios» y «carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria». Desde este mes también se cerró la puerta a nuevos operadores de equipos rústicos de recreación y vendedores de discos; estos últimos son los encargados de comercializar en toda la isla el «paquete», un peculiar compendio de contenidos (películas, series…) que se distribuye a través de memorias Usb y que supone una seria competencia para la televisión oficial.
Ganancias en el mercado de alimentos
Los pequeños agricultores privados producen el 70 por ciento de los alimentos que se cosechan en Cuba. Sin embargo, no son considerados cuentapropistas en el sentido legal del término. En cambio el gobierno sí otorgaba licencias de trabajo por cuenta propia a las actividades relacionadas con la comercialización o el procesamiento de alimentos.
Las cosechas siguen varios canales simultáneos desde el campo a la mesa. Los tres más importantes son el sistema gestionado por la empresa estatal Acopio, los de las diferentes cooperativas agropecuarias, y los de los grandes intermediarios privados, que operan al amparo de una licencia específica para el caso.
La introducción del principio de oferta y demanda, en 2011, permitió que crecieran estos intermediarios privados. De hecho, son los actores que mayor desarrollo han tenido en esta rama en los últimos años.
Gracias a su calidad de privados no están obligados a regirse por topes de precios en sus transacciones con cosecheros e intermediarios de menor cuantía. Tampoco tienen prohibido el traslado de mercancías entre las distintas provincias o el acopio para la reventa fuera de temporada. Prácticamente la totalidad de sus operaciones se desarrollan en efectivo, algo que limita la posibilidad de fiscalizar esa actividad.
Ya en mayo del año pasado los altos grados de corrupción en ese negocio motivaron el cierre del mercado mayorista El Trigal, una plaza comercial de nuevo tipo, donde operaban privados, que se había creado en las afueras de La Habana. La medida fue resultado directo de las inquietudes planteadas por varios diputados en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, y el generalizado malestar que provocaba la suba de los precios (en algunos casos con aumentos de hasta 300 y 400 por ciento de un año al otro).
En abril de 2016 el informe central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba señaló: «Aunque comprendemos que el factor primordial en el crecimiento de los precios reside en un nivel de producción que no satisface la demanda, y que el avance en esta materia está condicionado por factores objetivos y subjetivos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la irritación de los ciudadanos por el manejo inescrupuloso de los precios por parte de intermediarios que sólo piensan en ganar cada vez más».
Desde entonces se ha intentado revitalizar la producción agropecuaria y hacer más expedito el tránsito de los productos desde las zonas rurales a las ciudades. Sin embargo, el cubano promedio sigue gastando la mayor parte de sus ingresos en adquirir alimentos que no siempre tienen la calidad ni la variedad necesarias para garantizarle una dieta balanceada, y los revendedores -tanto estatales como privados- se llevan la porción del león en el reparto de los beneficios.
Las propias autoridades cubanas reconocen que el abastecimiento y los precios de los alimentos son los temas que generan más preocupación en la población.
Notas
1) El nombre fue modificado para respetar el pedido de anonimato del entrevistado.
2) Ídem.