Hoy resulta prácticamente imposible hablar de ninguna institución estatal ni marco autonómico sin darse de frente con algún importante caso de corrupción. Eso de que se trata de casos aislados y excepcionales, no cuela. Empezando por la propia Casa Real, pasando por altos y medianos Tribunales, gobiernos centrales y autonómicos, Confederaciones empresariales, grandes sindicatos y […]
Hoy resulta prácticamente imposible hablar de ninguna institución estatal ni marco autonómico sin darse de frente con algún importante caso de corrupción. Eso de que se trata de casos aislados y excepcionales, no cuela. Empezando por la propia Casa Real, pasando por altos y medianos Tribunales, gobiernos centrales y autonómicos, Confederaciones empresariales, grandes sindicatos y constitucionalísimos partidos y terminando por los más pequeños ayuntamientos, la corrupción es algo inseparable a la «marca España» (la «carca España» le llaman otros) que nos pretenden vender.
La corrupción hunde sus raíces en las propias esencias de la sociedad en la que vivimos. Cuando un sistema socio-económico está asentado sobre el ánimo de lucro, el individualismo y la competencia más descarnada y no en la cooperación, la solidaridad y el bien común, no es de extrañar que los codazos y zancadillas, las mentiras y falsedades y la prestancia para meter la mano en cualquier cajón o cepillo formen parte del paisaje diario. Que la puñalada al competidor sea liviana o mortal, el soborno de simple prebenda o compra completa de alma y conciencia y el pago a través de sobre o maletín, depende tan solo de las exigencias del negocio, que no de ley o moral alguna.
En el Estado español, aparte de estas razones de fondo, existen otras ligadas al régimen nacido de la Transición. Durante la Dictadura no era fácil distinguir dónde empezaba lo público y dónde lo privado, dónde la ley y dónde la arbitrariedad, dónde el negocio y dónde el estraperlo. Luego, tras el esperpento constitucional, siguió en pie aquella Monarquía que juró fidelidad a Franco y sus leyes y ahora se autodenomina constitucionalista, la Iglesia que todo lo bendijo y hoy mantiene casi todas sus viejos privilegios y la Banca que apoyó y se lucró con el dictador y luego lo hizo lo propio con el PSOE y el PP.
En el Estado español el fraude fiscal alcanza el 23,3% del PIB, del que el 72% corresponde a grandes empresas. Sin embargo, el 80% del trabajo de la Inspección de Hacienda persigue tan solo a los pequeños defraudadores: trabajadores, autónomos, pequeños empresarios,… Ocho de cada diez de las multinacionales españolas del IBEX-35 tienen al menos una sociedad domiciliada en paraísos fiscales, desde donde se opera libremente sin pagar apenas impuestos ni estar sometido a control financiero alguno.
Todo lo anterior, evidentemente, no podría hacerse sin la existencia de un alto nivel de complicidad activa o pasiva por parte de un importante número de altos cargos políticos y ministeriales, así como de la necesaria colaboración de toda una red de banqueros, notarios, registradores y demás honradísimos profesionales de fe pública. Algo de esto debía tener en mente el ex fiscal anticorrupción del Estado, Luis Pastor, al afirmar que «los paraísos fiscales están en el Paseo de la Castellana», lugar donde se ubican los grandes bancos españoles y desde donde éstos ofrecen a sus principales clientes cauces y medios para salvar sus dineros de controles e impuestos.
El guante de seda de la Administración en el trato a todas estas prácticas es evidente. Recientemente, la Asociación de Inspectores del Banco de España afirmaba que «se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con las infracciones…» añadiendo que «la forma habitual de reacción -del Banco de España- ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado».
El papel en todo esto de los principales partidos políticos -PP y PSOE-, es también determinante. No sorprende por ello que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (CRECO) haya suspendido al Estado español por no haber cumplido ninguna de sus recomendaciones sobre información, transparencia, dependencia bancaria…, en relación a la financiación de los partidos políticos. La responsabilidad de éstos en el tema de la corrupción es tan evidente que desde hace ya años todas las encuestas del INE señalan a la clase política como el tercer motivo de preocupación de la ciudadanía y un 95% de ésta añade que «los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles».
La actuación del propio poder judicial en la persecución y castigo de estas prácticas queda muy por detrás de lo que se necesita. Que todo un presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, tan recto y piadoso él, fuera descubierto montándoselo en plan kuwaití, en Marbella, con cargo a los presupuestos públicos y ahora se sume a eso que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha ocultado su afiliación al PP, es algo que clama a todos los cielos. Que el Gobierno del PP acopte posturas comprensivas con estas prácticas sin que ninguno de los dos super presidentes haya sido enviado a galeras, es tan solo la guinda que le faltaba al pastel de esta gran desvergüenza institucional.
En esa misma medida, que el Tribunal Supremo haya acordado días atrás que no es delito alguno la creación en la antigua Caja de Ahorros de Navarra de un órgano no estatutario, secreto y sin funciones, del cual cobraban suculentas dietas la presidenta del Gobierno de Navarra y demás cuadrilleros de UPN por cada una de las reuniones que ellos mismos amontonaban en una misma mañana y en las que no se trataba tema concreto alguno, tan solo pone de manifiesto el hecho de que tanto la ley argumentada, como el Tribunal argumentador y el propio Estado «de Derecho» que cobija a ambas son herramientas inútiles para perseguir este tipo de prácticas corruptas.
Por todo ello, ante la próxima comparecencia de Rajoy en el Congreso, lo principal no son los sobres, sobresueldos y dobles contabilidades. El problema es el propio modelo del Estado español en el que la corrupción se ha convertido en fuente del Derecho, legislación básica y programa de gobierno.
Mientras todo esto ocurre, en Euskal Herria, por encima de nuestras propias mayorías políticas, sindicales y sociales, Madrid nos está imponiendo, una tras otra, reformas laborales, recorte de las pensiones, LOMCE…. El régimen actual nos arrastra más que nunca a la ruina económica, política, social y, hoy también, moral. Euskal Herria debe cortar amarras con este buque a la deriva y emprender su propio camino hacia la soberanía.
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