Con las camisetas verdes y el logotipo de Stop desahucios o Sí se puede, y carteles con la misma consigna, 50 activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)-Valencia se concentraron el 19 de mayo en el edificio de la inmobiliaria Haya Real Estate en la capital valenciana.
Cuatro portavoces del colectivo antidesahucios entraron en el edificio de la compañía –custodiado por vehículos y agentes de la Policía Nacional y Local- para trasladar las reivindicaciones de las familias que residen en pisos o bloques de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y que gestiona Real Haya Estate.
Entre las demandas del escrito figuraba la renovación de los contratos de alquiler “de manera inminente”, con plazos de duración anuales y rentas en relación con los ingresos de cada familia (en el caso de las VPO, por el importe estipulado para este tipo de viviendas). Empleados de Haya Real Estate imprimieron el sello corporativo en el documento presentado por los activistas, que representaban a familias de Valencia y los municipios de Puçol, Alfafar, Chiva, Riba-roja. Torrent y Almassora.
Haya Real Estate es una sociedad que gestiona “activos y vehículos financieros para una amplia variedad de clientes, desde instituciones financieras hasta inversores internacionales”. En un comunicado del 22 de marzo, informó de que es “responsable” de 28.500 millones de euros en “activos bajo gestión”. Entre sus principales clientes figuran el BBVA, CaixaBank, Cajamar, la SAREB, Unicaja y el fondo de inversión estadounidense Cerberus Capital Management.
Las peticiones de la PAH a la inmobiliaria incluía la paralización y revisión de todos los procedimientos judiciales y desahucios en curso; además, “que cese el acoso inmobiliario: llamadas y/o cartas instando al abandono de la vivienda de manera inmediata; envío de cartas amenazantes con impagos infundados; carteles en trasteros y garajes…”.
Otro de los puntos relevantes es la “necesidad” de poder contactar por teléfono con trabajadores de Haya Real Estate para cualquier trámite (desde hace quince días, en el número de contacto responde una grabación que transfiere al usuario -en todos los casos- a una página Web, denunciaron los activistas).
Se trataba de primera acción en la calle, convocada a las 10,00 horas. Al concluir, los activistas contra los desahucios repartieron entre los ciudadanos hojas con el siguiente titular: “Ruina y vergüenza especulativa; bancos y fondos buitre nos están arruinando y nosotros sin techo”. El texto detallaba el coste del “rescate” bancario para el Estado español, tras la crisis de 2008: 101.500 millones de euros (suma de las cantidades inyectadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –FROB-; Fondo de Garantía de Depósitos –FGD-; y la SAREB).
“Desde 2008 han desahuciado a más de 1.085.000 hogares en todo el estado, y en el País Valenciano a 194.000 familias”, denunciaron los activistas contra los desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el estado español se produjeron 41.359 desahucios en 2021, un 40,6% superior a 2020 (los lanzamientos se refieren a distintos tipos de inmuebles y no sólo a viviendas habituales).
Del total de desahucios en 2021, la mayor parte (70,1%) derivaban de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 24,4% correspondía a ejecuciones hipotecarias. El País Valenciano se situó en tercer lugar del estado español en número de desahucios (6.182), por detrás de Cataluña y Andalucía.
Cuestión diferente es el ritmo del mercado y la evolución de los precios. El 12 de mayo Idealista.com informó sobre la tendencia al alza en los precios del alquiler de la vivienda en el estado español; según la ratio del portal inmobiliario, Valencia fue una de las 18 capitales de provincia que, en abril de 2022, alcanzaron su máximo histórico; la renta media de ese mes en la capital valenciana se elevó a 9,8 euros/metro cuadrado.
“La Comunidad Valenciana ha registrado 24.305 compraventas (de vivienda) durante el primer trimestre, el mayor resultado desde el segundo trimestre de 2007; el precio de la vivienda se ha elevado hasta los 1.386 euros/metro cuadrado entre enero y marzo en la Comunidad Valenciana, nivel máximo desde 2012”. Estas son dos de las conclusiones del informe del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, presentado el 20 de mayo y del que dio cuenta Europa Press.
“Tome, información sobre la SAREB”, compartían los activistas con vecinos y transeúntes. Las octavillas se referían a la creación del ‘banco malo’ (denominación popular de la SAREB); la adquisición a la banca y cajas de ahorro de los “activos tóxicos” a buen precio y el saneamiento de las cuentas, por parte del Estado, de las entidades financieras rescatadas.
“Vamos una total ruina, nos engañan”, concluía el texto repartido; “y quieren continuar el negocio: no han podido vender todo lo que tienen, y, aunque el accionista mayoritario es ahora el Estado, hay vecinos a los que quieren desahuciar o no renovar el contrato” (constituida en 2012, la SAREB cuenta actualmente con 45.147 viviendas, de las que 8.427 corresponden al País Valenciano).
En la puerta de las Corts Valencianes, la PAH había convocado, a las 12,30 horas, la segunda acción del 19 de mayo: una concentración con la consigna de La SAREB es nuestra: viviendas y gestión pública.
Fechas atrás, el 31 de marzo, los colectivos antidesahucios y familias que residen en viviendas o bloques de la SAREB remitieron una propuesta de resolución a los diferentes grupos parlamentarios valencianos, que se basaba en los “problemas” generados por la SAREB a centenares de familias.
La propuesta se fundamentaba en la “incomunicación total” ante la insistencia de familias a que se les renovaran contratos de alquiler o regularizaran impagos; a ello se agregaba la presentación de demandas judiciales “sin fundamento alguno”; y el “acoso reiterado” que instaba al abandono inmediato de la vivienda (por teléfono, mediante carteles o vía personas desconocidas que decían ser enviadas por la SAREB).
A partir de estos “problemas”, la propuesta de las PAH valencianas a los grupos parlamentarios incluía diferentes reivindicaciones: la retirada de cualquier demanda judicial y la suspensión de lanzamientos; la firma de alquileres sociales, “con el compromiso de la SAREB de renovar los alquileres ya firmados con la entidad” y que estos se basen en criterios claros e índices de renta; la eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos; o el estudio de las situaciones de impago para buscar alternativas, como quitas o aplazamientos.
El escrito de los grupos antidesahucios y familias afectadas de Valencia, Puçol, Alfafafar, Torrent, Chiva, Riba-roja, Almassora y Paterna concluía con dos puntos: la cesión de todas las viviendas de la SAREB al parque público para alquiler social, lo que implica la “prohibición de ventas a fondos buitre”; y que la gestión de las viviendas tenga un carácter público.
De la respuesta y el balance de la jornada informó la PAH el 19 de mayo en las redes sociales: “Hemos terminado el recorrido hoy en las Corts Valencianes, donde hemos hablado con diputadas de Podemos, Esquerra Unida-IU, Compromís y PSPV-PSOE; los demás no han querido salir, se les había comunicado a todos”.
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