Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Durante su visita a Bogotá el 28 de abril, la Secretaria de Estado de EE.UU., Condoleeza Rice, expresó su confianza en que la política de «seguridad y el imperio de la ley» del presidente Álvaro Uribe fomentaba «una cultura de la legalidad»· en Colombia. Aunque el volumen de la producción de coca sigue siendo aproximadamente el mismo que en 1999 a pesar de niveles sin precedentes de guerra química durante el Plan Colombia (2000-2005), para Rice, la política exterior de EE.UU. ha sido un «éxito». Dejando de lado el problema más amplio de cómo definir el éxito y el fracaso, examinemos las declaraciones de Rice a la luz de los últimos acontecimientos.
Las paramilitares AUC ( Autodefensas Unidas de Colombia, AUC ) tienen dificultades para aclarar lo que consideran simples obstáculos judiciales al discutir el Congreso colombiano la ley que regula la participación paramilitar en la política formal. En vista de los crímenes bien documentados contra la humanidad realizados por las AUC, numerosas familias de víctimas piden verdad, justicia y reparaciones. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es su defensor experimentado, efectivo y valeroso en el pesadillesco sistema judicial colombiano.
Ya que la legitimidad política del presidente Uribe depende del éxito de su «proceso de paz» con las AUC, el colectivo es como una piedra en el zapato de la política oficial. Dirigida por la ONU, la «comunidad internacional» ha dejado claro que no debería otorgarse financiamiento para la desmovilización de las AUC hasta que una ley que castigue los crímenes contra la humanidad sea aprobada. La legislación auspiciada por el gobierno, sin embargo, sería una «farsa de justicia» y podría «llevar al establecimiento de un modelo político basado en el crimen organizado» según el senador Rafael Pardo, ex ministro de defensa y ex partidario de Uribe que ayudó a redactar legislación alternativa acorde al derecho internacional.
Los paramilitares descontrolados, la mitad de cuyos comandantes son buscados para ser extraditados a EE.UU. por acusaciones de tráfico de cocaína, han cometido 1.909 violaciones del derecho humanitario internacional desde que declararon un «cese al fuego» en diciembre de 2002. En su intento de obtener el estatuto político «subversivo» anteriormente reservado para insurgencias de izquierda, parece que las AUC ahora tratan de modelar el estado de derecho en Colombia al amenazar a los abogados de derechos humanos. Forma parte de un modelo que comenzó bastante antes de que Uribe llegara a la presidencia, pero que ha sido intensificado como resultado de su política de seguridad democrática – en parte porque Uribe ha elegido al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como objeto de reprobación pública en diversas ocasiones.
En septiembre de 2003 y nuevamente en febrero de 2004, Uribe vinculó a activistas por los derechos humanos en general, y al colectivo en particular, con el terrorismo. Varios funcionarios de alto nivel en el gobierno han hecho lo mismo sin temor a reproches. A pesar de ello Uribe gozó de sólido respaldo político del gobierno Bush y de la UE, incluyendo al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, importante personalidad de centro-izquierda. La presión internacional, que refleja el respeto y el reconocimiento que el colectivo ha ganado a través de los años, no bastó para obligar a Uribe a retractar sus declaraciones. Los éxitos del colectivo en la arena internacional (como sus victorias en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos de la OEA) han llevado a su vulnerabilidad en la capital de la nación; por desgracia, el apoyo del extranjero no conduce a lograr protección en el lugar en el que actúan los abogados.
Aunque miembros del colectivo han sufrido desde hace tiempo las amenazas paramilitares como la que la Sra. Gutiérrez recibió el 13 de mayo, los ficticios anuncios clasificados publicados en el principal periódico del país, El Tiempo, el 13 y el 14 de mayo, parecen indicar que las AUC se sienten envalentonadas para hacer públicas sus amenazas. El primer anunció solicitaba abogados, psicólogos, sociólogos, y otros profesionales, así como estudiantes, con o sin experiencia. Mencionaba cinco números de teléfono. Podemos deducir que lo que se quería era amenazar a todos los profesionales que trabajan con el colectivo. El segundo anuncio pedía guardias de seguridad, ofrecía excelente remuneración, no exigía experiencia, e instruía a los interesados a presentarse con un currículo en las oficinas del colectivo el sábado 14 de mayo, a una hora en la que el colectivo se reunía con las familias de víctimas. Esto demostraba la vulnerabilidad del grupo, ya que ni la hora ni el sitio de la reunión eran de conocimiento público.
Tal vez por razones tácticas, el colectivo considera que el gobierno colombiano es responsable de la escalada del peligro para sus miembros y sus familias. Mi opinión, sin embargo, es que esto representa un caso típico de sinergia contrainsurreccional, en la que el presidente Uribe hace declaraciones incendiarias que son (correctamente) interpretadas por los fanáticos de las AUC como licencia para acosar, intimidar, amenazar, y / o matar en nombre del orden, de la propiedad y de la «paz». Sospecho que la tarea fue formalmente subcontratada al Bloque Capital de las AUC – el texto de la nota es una pista – ya que las AUC son las que tienen más que perder si el trabajo del colectivo con familias de las víctimas de crímenes contra la humanidad tiene éxito.
¿Qué hacer? Primero, descartar la hipótesis arriba mencionada, porque sería imposible hacer responsables legalmente a las AUC aunque se pruebe que lo son. Segundo, comprender que la presión internacional sigue siendo demasiado débil para resolverlo. Más de 3.500 personas han sido «desaparecidas» por la fuerza en los últimos dos años en Colombia – más que el número total de personas desaparecidas en los siete años anteriores – y la impunidad de estos y otros crímenes fue de un 99%, según informe de diciembre de 2004 de la Comisión Colombiana de Juristas.
Finalmente, tener en cuenta el llamado sin ilusiones del comunicado de prensa del colectivo (y no menciona a las AUC). El comunicado de prensa presenta una lista de funcionarios del gobierno a los cuales escribir sobre la mejora de la seguridad personal de los miembros del colectivo. También contiene una serie de demandas, en inglés y español. Que el gobierno colombiano sepa que se le está observando.
—————–
Fuentes: El Colombiano, El Tiempo, El País, Indymedia Colombia, Centro de Política Internacional-Colombia (www.ciponline.org), Comisión Colombiana de Juristas, New York Times, Departamento de Estado de EE.UU. (www.usinfo.state.gov)
Forrest Hylton es autor de An Evil Hour: Colombia in Historical Context, que será publicado próximamente por Verso.
1. Guarantee the free exercise of human rights defense without this being cause for persecution. We demand that President Uribe retract the repeated singling out of human rights organizations, particularly the José Alvear Restrepo Lawyer’s Collective.
1o. Se garantice el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos sin que esta labor sea causa de persecución alguna. En esta marco, solicitamos que se exija al presidente de la República se retracte de los reiterativos señalamientos realizados contra las organizaciones de derechos humanos, y en particular, contra el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo».
2. Guarantee the physical and psychological integrity of SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO, President of the José Alvear Restrepo Lawyer’s Collective, along with the integrity of the rest of the members of the human rights NGO.
2o. Se garantice la integridad física y psicológica de la doctora SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO, presidenta del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», así como la de los demás integrantes de esta organización no gubernamental de derechos humanos.
3. Offer guarantees for the organizing processes of victims of crimes against humanity in defense of truth, justice, and holistic reparations.
3o. Se brinden garantías a los procesos organizativos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
4. Guarantee an independent, impartial, and efficient investigation of the facts which would permit the trial and punishment of those responsible.
4o. Se garantice una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuciamiento y sanción de los responsables.
Please send your messages to the following addresses: Favor enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:
Dr. Álvaro Uribe Vélez, President of the Republic, Presidencia de la República Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.Fax: (+57 1) 566.20.71 E-mail: [email protected] http://www.presidencia.gov.co/correo/formulario.php
Dr. Francisco Santos, Vice President of the Republic, Vicepresidencia de la República E-mail:[email protected]
Dr. Jorge Alberto Uribe, Minister of Defense, Ministerio de Defensa Nacional El Dorado con Carrera. 52 CAN, Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)222.18.74 E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]
Dr. Edgardo José Maya Villazón Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail: [email protected]
Dr. Carlos Franco, Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Calle 7 N° 5-54 TEL: (+571) 336.03.11 FAX: (+57 1) 337.46.67 E- mail: [email protected]; E-mail: [email protected]
Dr. Luis Camilo Osorio, Attorney General’s Office, Fiscalía General de la Nación Diagonal 22 B No.52-01 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 570 20 00 E-mail: [email protected]; [email protected]
Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario E – mail: [email protected] The Unit of Human Rights and International Humanitarian Law
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Human Rights Omsbudsman, Defensoría del Pueblo Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91 E-mail:[email protected]
Dr Michael Frühling, UNHCR Office, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 E-mail:[email protected].
Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» E-mail: [email protected] Tels: 2846120-2846040
Autor: Forrest Hylton, Rebelión, 26 de mayo de 2005
Durante su visita a Bogotá el 28 de abril, la Secretaria de Estado de EE.UU., Condoleeza Rice, expresó su confianza en que la política de «seguridad y el imperio de la ley» del presidente Álvaro Uribe fomentaba «una cultura de la legalidad»· en Colombia. Aunque el volumen de la producción de coca sigue siendo aproximadamente el mismo que en 1999 a pesar de niveles sin precedentes de guerra química durante el Plan Colombia (2000-2005), para Rice, la política exterior de EE.UU. ha sido un «éxito». Dejando de lado el problema más amplio de cómo definir el éxito y el fracaso, examinemos las declaraciones de Rice a la luz de los últimos acontecimientos.
En la noche de ayer viernes 13 de mayo, al arribar a su casa, la presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados, SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO, recibió de manos de la vigilancia del conjunto residencial donde vive, un extraño paquete dejado por una empresa de correos, el cual fue abierto por miembros de la policía nacional ante el temor de que se tratara de un artefacto explosivo. Para gran alivio de todos los presentes no se trataba de una bomba sino de una muñeca descabezada y descuartizada, quemada en algunas de sus partes, untado todo su cuerpo con esmalte de uñas de color rojo -a manera de sangre- con una cruz dibujada en el tronco. Junto con la muñeca una nota escrita a mano que dice: «Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique».
Las paramilitares AUC ( Autodefensas Unidas de Colombia, AUC ) tienen dificultades para aclarar lo que consideran simples obstáculos judiciales al discutir el Congreso colombiano la ley que regula la participación paramilitar en la política formal. En vista de los crímenes bien documentados contra la humanidad realizados por las AUC, numerosas familias de víctimas piden verdad, justicia y reparaciones. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es su defensor experimentado, efectivo y valeroso en el pesadillesco sistema judicial colombiano.
Ya que la legitimidad política del presidente Uribe depende del éxito de su «proceso de paz» con las AUC, el colectivo es como una piedra en el zapato de la política oficial. Dirigida por la ONU, la «comunidad internacional» ha dejado claro que no debería otorgarse financiamiento para la desmovilización de las AUC hasta que una ley que castigue los crímenes contra la humanidad sea aprobada. La legislación auspiciada por el gobierno, sin embargo, sería una «farsa de justicia» y podría «llevar al establecimiento de un modelo político basado en el crimen organizado» según el senador Rafael Pardo, ex ministro de defensa y ex partidario de Uribe que ayudó a redactar legislación alternativa acorde al derecho internacional.
Los paramilitares descontrolados, la mitad de cuyos comandantes son buscados para ser extraditados a EE.UU. por acusaciones de tráfico de cocaína, han cometido 1.909 violaciones del derecho humanitario internacional desde que declararon un «cese al fuego» en diciembre de 2002. En su intento de obtener el estatuto político «subversivo» anteriormente reservado para insurgencias de izquierda, parece que las AUC ahora tratan de modelar el estado de derecho en Colombia al amenazar a los abogados de derechos humanos. Forma parte de un modelo que comenzó bastante antes de que Uribe llegara a la presidencia, pero que ha sido intensificado como resultado de su política de seguridad democrática – en parte porque Uribe ha elegido al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como objeto de reprobación pública en diversas ocasiones.
En septiembre de 2003 y nuevamente en febrero de 2004, Uribe vinculó a activistas por los derechos humanos en general, y al colectivo en particular, con el terrorismo. Varios funcionarios de alto nivel en el gobierno han hecho lo mismo sin temor a reproches. A pesar de ello Uribe gozó de sólido respaldo político del gobierno Bush y de la UE, incluyendo al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, importante personalidad de centro-izquierda. La presión internacional, que refleja el respeto y el reconocimiento que el colectivo ha ganado a través de los años, no bastó para obligar a Uribe a retractar sus declaraciones. Los éxitos del colectivo en la arena internacional (como sus victorias en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos de la OEA) han llevado a su vulnerabilidad en la capital de la nación; por desgracia, el apoyo del extranjero no conduce a lograr protección en el lugar en el que actúan los abogados.
Aunque miembros del colectivo han sufrido desde hace tiempo las amenazas paramilitares como la que la Sra. Gutiérrez recibió el 13 de mayo, los ficticios anuncios clasificados publicados en el principal periódico del país, El Tiempo, el 13 y el 14 de mayo, parecen indicar que las AUC se sienten envalentonadas para hacer públicas sus amenazas. El primer anunció solicitaba abogados, psicólogos, sociólogos, y otros profesionales, así como estudiantes, con o sin experiencia. Mencionaba cinco números de teléfono. Podemos deducir que lo que se quería era amenazar a todos los profesionales que trabajan con el colectivo. El segundo anuncio pedía guardias de seguridad, ofrecía excelente remuneración, no exigía experiencia, e instruía a los interesados a presentarse con un currículo en las oficinas del colectivo el sábado 14 de mayo, a una hora en la que el colectivo se reunía con las familias de víctimas. Esto demostraba la vulnerabilidad del grupo, ya que ni la hora ni el sitio de la reunión eran de conocimiento público.
Tal vez por razones tácticas, el colectivo considera que el gobierno colombiano es responsable de la escalada del peligro para sus miembros y sus familias. Mi opinión, sin embargo, es que esto representa un caso típico de sinergia contrainsurreccional, en la que el presidente Uribe hace declaraciones incendiarias que son (correctamente) interpretadas por los fanáticos de las AUC como licencia para acosar, intimidar, amenazar, y / o matar en nombre del orden, de la propiedad y de la «paz». Sospecho que la tarea fue formalmente subcontratada al Bloque Capital de las AUC – el texto de la nota es una pista – ya que las AUC son las que tienen más que perder si el trabajo del colectivo con familias de las víctimas de crímenes contra la humanidad tiene éxito.
¿Qué hacer? Primero, descartar la hipótesis arriba mencionada, porque sería imposible hacer responsables legalmente a las AUC aunque se pruebe que lo son. Segundo, comprender que la presión internacional sigue siendo demasiado débil para resolverlo. Más de 3.500 personas han sido «desaparecidas» por la fuerza en los últimos dos años en Colombia – más que el número total de personas desaparecidas en los siete años anteriores – y la impunidad de estos y otros crímenes fue de un 99%, según informe de diciembre de 2004 de la Comisión Colombiana de Juristas.
Finalmente, tener en cuenta el llamado sin ilusiones del comunicado de prensa del colectivo (y no menciona a las AUC). El comunicado de prensa presenta una lista de funcionarios del gobierno a los cuales escribir sobre la mejora de la seguridad personal de los miembros del colectivo. También contiene una serie de demandas, en inglés y español. Que el gobierno colombiano sepa que se le está observando.
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Fuentes: El Colombiano, El Tiempo, El País, Indymedia Colombia, Centro de Política Internacional-Colombia (www.ciponline.org), Comisión Colombiana de Juristas, New York Times, Departamento de Estado de EE.UU. (www.usinfo.state.gov)
Forrest Hylton es autor de An Evil Hour: Colombia in Historical Context, que será publicado próximamente por Verso.
1. Guarantee the free exercise of human rights defense without this being cause for persecution. We demand that President Uribe retract the repeated singling out of human rights organizations, particularly the José Alvear Restrepo Lawyer’s Collective.
1o. Se garantice el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos sin que esta labor sea causa de persecución alguna. En esta marco, solicitamos que se exija al presidente de la República se retracte de los reiterativos señalamientos realizados contra las organizaciones de derechos humanos, y en particular, contra el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo».
2. Guarantee the physical and psychological integrity of SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO, President of the José Alvear Restrepo Lawyer’s Collective, along with the integrity of the rest of the members of the human rights NGO.
2o. Se garantice la integridad física y psicológica de la doctora SORAYA GUTIERREZ ARGUELLO, presidenta del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», así como la de los demás integrantes de esta organización no gubernamental de derechos humanos.
3. Offer guarantees for the organizing processes of victims of crimes against humanity in defense of truth, justice, and holistic reparations.
3o. Se brinden garantías a los procesos organizativos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
4. Guarantee an independent, impartial, and efficient investigation of the facts which would permit the trial and punishment of those responsible.
4o. Se garantice una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuciamiento y sanción de los responsables.
Please send your messages to the following addresses: Favor enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:
Dr. Álvaro Uribe Vélez, President of the Republic, Presidencia de la República Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.Fax: (+57 1) 566.20.71 E-mail: [email protected] http://www.presidencia.gov.co/correo/formulario.php
Dr. Francisco Santos, Vice President of the Republic, Vicepresidencia de la República E-mail:[email protected]
Dr. Jorge Alberto Uribe, Minister of Defense, Ministerio de Defensa Nacional El Dorado con Carrera. 52 CAN, Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)222.18.74 E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]
Dr. Edgardo José Maya Villazón Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)342.97.23 E-mail: [email protected]
Dr. Carlos Franco, Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Calle 7 N° 5-54 TEL: (+571) 336.03.11 FAX: (+57 1) 337.46.67 E- mail: [email protected]; E-mail: [email protected]
Dr. Luis Camilo Osorio, Attorney General’s Office, Fiscalía General de la Nación Diagonal 22 B No.52-01 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 570 20 00 E-mail: [email protected]; [email protected]
Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario E – mail: [email protected] The Unit of Human Rights and International Humanitarian Law
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Human Rights Omsbudsman, Defensoría del Pueblo Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91 E-mail:[email protected]
Dr Michael Frühling, UNHCR Office, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 E-mail:[email protected].
Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» E-mail: [email protected] Tels: 2846120-2846040