Reynaldo Villalba Vargas, es presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y por lo tanto, un importante defensor de los derechos humanos en Colombia. Actualmente está en Argentina para difundir la gravedad de la situación que se vive en Colombia, donde «se siguen violando los derechos individuales día a día, y donde la criminalidad […]
Reynaldo Villalba Vargas, es presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y por lo tanto, un importante defensor de los derechos humanos en Colombia.
Actualmente está en Argentina para difundir la gravedad de la situación que se vive en Colombia, donde «se siguen violando los derechos individuales día a día, y donde la criminalidad paramilitar, amparada por el Estado, sigue siendo parte de la realidad.».
Recientemente mantuvo un encuentro con el Secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado, Héctor Carrica, quien le manifestó la más amplia solidaridad con la lucha del pueblo colombiano.
A continuación damos a conocer la entrevista mantenida con Villalba Vargas, sobre cuáles son los parámetros del conflicto colombiano.
-¿Cómo ve, desde su rol de defensor de derechos humanos la situación actual represiva en Colombia?
-La situación represiva en Colombia sigue siendo extremadamente grave. A la fecha tenemos más de 2.800 sindicalistas asesinados desde 1986, y sólo en los últimos cuatro años la cifra supera los 118. Hay también más de 150 defensores de derechos humanos asesinados desde 2008. El desplazamiento forzado alcanza según algunas cifras, los 4 millones de desplazados, y hay datos que suben a 5 millones. Personas que han sido despojadas violentamente de sus tierras y han sido expulsadas de las mismas, son más de 7 millones.
Nos encontramos en un proceso de paz, que ha sentado a la mesa a las FARC y al Gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo se está aplicando una ley llamada «de víctimas», por la que supuestamente se estaría restituyendo tierras a los campesinos desplazados de su territorio, pero desde el año 2006 hasta el presente, ya van más de 70 activistas que reclamaban tierras y han sido asesinados. Eso dice a las claras que no existen garantías, porque cuando se mata a un activista de una región, lo que hace es paralizar de inmediato cualquier tipo de reclamo. La consecuencia obligada de esto, es que las tierras quedan en manos de quienes se beneficiaron del despojo.
-Cuál es su opinión sobre cómo se vienen dando las conversaciones de La Habana?
-El proceso de paz es un anhelo de la mayoría de los colombianos, después de más de 50 años de conflicto armado que hemos vivido todas estas generaciones. Lo que sí queremos es que el proceso, cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, más allá de hacer llegar a la mesa nuestras propuestas sobre los cinco puntos iniciales acordados para discutir ente las FARC y el Gobierno.
Por supuesto aspiramos que se tengan en cuenta las voces de las víctimas y que se hable cuáles van a ser los términos de verdad, justicia y reparación.
Nos preocupa mucho la posibilidad de que esté en marcha una auto-amnistía. Es decir, que todos los crímenes cometidos por el Estado durante más de medio siglo, vayan a quedar en la impunidad. A finales del año pasado se hizo una reforma constitucional que creó lo que hoy se conoce como el marco jurídico para la paz. Teóricamente esto era para facilitar las conversaciones con las organizaciones al margen de la ley y para facilitar su incorporación a la vida civil,, aunque muchos sostuvimos que esto no era necesario, ya que la Constitución tenía los elementos jurídicos para facilitar cualquier diálogo. De hecho, la Constitución y el Código Pengal colombiana reconocen el delito político. Incluso se da la posibilidad que el Estado dicte amnistías o indultos a favor de quienes han incurrido en delitos políticos.
Todos esos instrumentos estaban, por ello tenemos el infundado temor de que al final lo que más se esté buscando con este marco jurídico, una excusa para lograr una auto-amnistía.
Otro tema que nos preocupa es que se ha ampliado constitucionalmente el fuero penal militar. Durante muchos años, las organizaciones populares hemos luchado para que ese fueron no se aplicara en relación a violaciones de los derechos humanos, y que sea la justicia ordinaria la que asumiera esas investigaciones. Eso se logró en la mayor parte de casos, pero con esta reforma última, lo que va a suceder es que todas estas violaciones pasen al fuero militar.
Históricamente hemos demostrado cómo la justicia penal militar no son tribunales eficaces, independientes e imparciales para conocer este tipo de criminalidad, y sobre todo en un país como Colombia, donde existe Terrorismo de Estado y políticas que han facilitado la sistemática violación de los derechos humanos.
-¿Qué nos puede decir de la discusión sobre la problemática agraria?
-Si se produjera un avance en los diálogos de paz, hay que tener claro que lo que han convenido las partes, son negociaciones para poner fin al conflicto armado. Dentro del acuerdo no está el propósito de transformaciones democráticas ni de discusión de los modelos de desarrollo económico. Cuando uno ve los cinco puntos, se da cuenta que eso es así. En cuanto al tema de tierras, por ejemplo, que es sumamente importante para explicar la violencia política en Colombia, lo que se dice es que se discutirá el tema del desarrollo rural integral, que no puede leerse como reforma agraria. Lo que está proponiendo las FARC son zonas de Reserva Campesina. Hoy hay seis zonas creadas por ley o con fundamento legal y las FARC estarían reclamando algo más de 400. Estas zonas fueron conquistas de los campesinos, que han conformado estas Reservas exitosamente, en cuanto a la organización campesina, a la conservación del medio ambiente y de impedir también que las multinacionales sigan avanzando. Estas están copando todo el país, ha habido en ese sentido más de 9 mil entregas de títulos, incluyendo exploración minera en sitios prohibidos como los páramos, que son fábricas de agua.
-Existen en Colombia numerosos presos políticos, y en ese sentido interesa su opinión sobre este grave y no muy propagandizado aspecto de las consecuencias de la política estatal represiva.
-Obviamente que si el arreglo con el gobierno funciona, buena parte de esos presos y presas deberán salir en libertad. Un tema que se está discutiendo es cuál sería la justicia transicional allí, ya que los tribunales internacionales están impidiendo los indultos para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el Estado está facultado a acordar con los paramilitares, y no exactamente en los mismos términos, con los guerrilleros o con cualquier otra organización al margen de la ley.
Ahora, presos políticos los hay. No sólo los que pertenecen a las organizaciones armadas, FARC y ELN, sino también los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, como el recientemente condenado David Rabelo, del Partido Comunista, sindicalistas que son judicializados, o campesinos que están luchando por sus reivindicaciones.
-Usted decía que en la mesa de negociaciones sólo se está discutiendo, como propósito, el fin del conflicto armado. Sin embargo, no parece factible que se decida este final, sin que se solucionen las causas por las que en algún momento se empuñaron las armas.
-Como organizaciones sociales, decimos que la paz tiene que entenderse de manera integral, y que tiene que hablarse de reformas y de justicia social, para que esta paz sea duradera y estable. Pero lo que se está diciendo es que primero habría que firmar el fin del conflicto y luego se iniciarían todos los proceso democráticos, con la participación del grueso de la sociedad colombiana.
-Finalmente, ¿qué se va a hacer para terminar con el paramilitarismo? De esto se habla poco, pero es evidente que siguen existiendo.
-Le agradezco la pregunta, puesto que en el anterior gobierno, de Alvaro Uribe Vélez, se hizo una falacia de desmonte de los grupos paramilitares: Hoy, hay ciertas versiones que sugieren que hubo un rearme, pero queda claro que jamás hubo un desmonte de las estructuras políticas, económicas y militares que sostenían a esos grupos paramilitares.
Lo cierto es que no se trata de un reciclado, sino que el paramilitarismo sigue vigente. El gobierno manifiesta que el paramilitarismo no existe, que eso ya se acabó con la desmovilización, y que lo que se da hoy son bandas criminales dedicadas a la extorsión y al narcotráfico, y de repente le agregan, la minería ilegal. Son argumentos que se caen por su propio peso. Por ejemplo: las BACRIM no son grupos paramilitares porque no tienen una estructura jerarquizada a nivel nacional como era el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto no tiene validez, porque las AUC se conformaron en el camino de todas las organizaciones paramilitares que había en Colombia, pero no nació el paramilitarismo con ese acuerdo nacional. ¿Qué ahora se alimentan del narcotráfico y la extorsión? Esa es una realidad de siempre, y lo mismo ocurría con los anteriores grupos de paracos. Ellos mismo lo confesaron. Carlos Castaño decía que «el 70% de los recursos provienen del narcotráfico».
El que conozca mínimamente la historia del país sabe que el cuento que hoy quiere hacer creer el gobierno, no es creíble. Por eso, una de las exigencias que le estamos haciendo al gobierno, es que reconozca que el paramilitarismo existe, nunca fueron desarmados, porque entre otras cosas, si se produce un cese definitivo de hostilidades entre la guerrilla y el gobierno, qué pasa con el aparato criminal al interior del Estado y qué pasa con esos grupos de asesinos que el Estado ha creado, sostenido y fundamentado.
Es decir, aquí puede pasar, que aún en proceso de paz, continúe la misma historia, de exterminio de los militantes sociales, políticos, sindicales y estudiantiles.
Entrevista originalmente publicada en Resumen Latinoamericano. Rebelión la ha publicado con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.