Pocas veces en la historia de la humanidad podemos observar como se conjugan los efectos la acción de la naturaleza y los que tienen su origen en las relaciones entre diferentes sectores sociales y los gobiernos en turno. Es cierto que los fenómenos propios de la realidad exterior no se generan a voluntad del ser […]
Pocas veces en la historia de la humanidad podemos observar como se conjugan los efectos la acción de la naturaleza y los que tienen su origen en las relaciones entre diferentes sectores sociales y los gobiernos en turno. Es cierto que los fenómenos propios de la realidad exterior no se generan a voluntad del ser humano, sin embargo la actividad humana si transforma el mundo y sobre todo genera nuevas realidades sociales.
El día que la naturaleza se hizo presente como nunca antes, en la forma de movimiento telúrico según los especialistas, como desastre según la autoridad y como temblor en la visión popular; muchas viejas vecindades de por si deterioradas, se vinieron a tierra junto a otras soberbias construcciones, imagen de la modernidad, mas que por el movimiento de la tierra; por la confluencia de la corrupción gubernamental y la codicia del capital inmobiliario que no dudaron en asegurar una mayor ganancia a costa de la calidad estructural de los edificios y de la seguridad y la vida de quienes en ellos habitaron.
19 de septiembre de 1985, 7:19 horas, 90 segundos, 8.1 grados en la escala de Richter alterando la vida de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente en las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, y Gustavo A. Madero donde los daños materiales sumaron el 80 por ciento.
De los daños cuantificados encontramos:
Delegación Cuauhtemoc; 258 edificios derrumbados en su totalidad, 143 de manera parcial y 181 con daños serios.
Delegación Venustiano Carranza: 83 derrumbes totales, 128 parciales y un promedio de 1900 casas con daños severos.
Delegación Benito Juárez: 50 edificios dañados,
Delegación Gustavo A. Madero: 25 construcciones desplomadas, 35 con daños parciales.
Datos de la Comisión Económica para América Latina de la ONU indicaron que 30 000 viviendas debían demolerse, mientras cerca de 60 000 quedaron dañadas, dejando sin techo a 250 000 personas aproximadamente.
En este escenario; la rutinaria, despreocupada y hasta cierto punto apática vida de la ciudad se transformo en la fuerza solidaria, voluntaria y anónima de miles de hombres y mujeres para el rescate de victimas, el remover de escombros y el aprovisionamiento de los rescatistas rebasando con mucho a las autoridades que en los primeros días actuaron de manera confusa y sin coordinación alguna.
La visión burocrática del gobierno en turno, no llego más allá, en los primeros días, que a la constitución de las Comisiones Nacional y Metropolitana de Emergencia encabezadas por el Secretario de Gobernación y el Regente de la Ciudad , respectivamente con la participación en ambas de las secretarias de Defensa, Marina, Programación y Presupuesto, Salubridad, Comunicaciones, Educación y otras más.
El trabajo de dichas comisiones estuvo marcado por la descoordinación, las declaraciones encontradas, las acciones tardías, el entorpecimiento de las labores de rescate; en su mayoría llevadas a cabo por la población civil y las brigadas internacionales. En la disputa interinstitucional, el regente y sus delegados fueron las autoridades mas cuestionadas por su improvisación y lo absurdo de sus decisiones.
Lo anterior fue determinante para definir las diferentes posiciones que asumirían, el gobierno y los damnificados en la etapa de reconstrucción de la ciudad. Los primeros, empecinados en su estrecha visión del problema, los segundos organizados en sus recién creadas organizaciones y en las que con anterioridad, habían constituido para su defensa frente a los caseros y los proyectos de urbanización que les afectaban de manera directa.
Los damnificados y sus organizaciónes
El primero de octubre el gobierno creo el Programa Emergencia de Vivienda que ofrecía tres opciones:
1) Viviendas nuevas con financiamiento del gobierno;
2) Compra a terceros con créditos del ISSSTE o INFONAVIT;
3) Reparación con materiales a precios inferiores al los del mercado y créditos especiales.
La respuesta organizada que al poco tiempo se estructuró desde los mismos damnificados, fue posible debido al trabajo de organización y de lucha que desde mucho antes de los sismos venían desarrollando los diferentes sectores sociales que se constituyeron en actores de la reconstrucción.
Por una lado, los habitantes de Tlatelolco y la colonia Roma, los primeros agrupados en el Frente de Residentes, la Asociación de Residentes, la Coordinadora de Cuartos de Azotea y el Consejo de Edificios en Autoadministracion.
Con un edificio derrumbado en sus dos terceras partes y 23 más, seriamente dañados, en esta zona quedó evidenciado el incumplimiento de las normas de seguridad en las construcciones, por corrupción o negligencia; pues desde años atrás sus moradores exigían a FONHAPO y BANOBRAS estudios técnicos y reparaciones a la estructura cuyos daños eran evidentes, principalmente en el edificio Nuevo León. Por ello, los reclamos de este sector al gobierno fueron: pago justo por sus departamentos, indemnizaciones por familiares muertos y autos destruidos, y algo muy importante deslinde de responsabilidades y castigo a los culpables, demanda que nunca se cumplió y dejo claro en la conciencia de los vecinos que el caso del Nuevo León fue un homicidio colectivo y el gobierno era el responsable.
En la colonia Roma se constituyo el 5 de Octubre de 1985, la Unión de Vecinos y Damnificados con familias de 289 edificios que padecieron las amenazas y presiones de los dueños para correrlos, y los aumentos de hasta 300 por ciento, a las rentas de apartamentos no dañados, bajo amenazas de lanzar a quien no pagara.
En el Multifamiliar Juárez se constituyo el Consejo de Representantes, para defender la conquista laboral que representaban los departamentos en renta para trabajadores al servicio del Estado, muchos de ellos pensionados, negándose a aceptar las opciones del programa gubernamental, así como la intención del gobierno de enviar a los pensionados y jubilados a los asilos.
En los barrios del México viejo, al momento de los graves acontecimientos, ya existían de mucho antes varias organizaciones sociales, creadas para la defensa del barrio frente a los diferentes planes de pretendido «reordenamiento urbano» mas con la intención de modificar la imagen de la ciudad que para hacer mas habitable la misma. Estos agrupamientos habían logrado acumular experiencias y capacidades colectivas no solo de respuesta sino de propuesta para la defensa de su derecho a permanecer en sus barrios.
Ejemplos de ellos encontramos en la resistencia organizada del barrio de Tepito en 1970, frente al plan de construir la zona habitacional Tepito-Merced, que pretendía erradicar de la zona la llamada «herradura de tugurios» y las ciudades perdidas que rodean el Centro Histórico, reubicando a los inquilinos afectados, en numero de 2000, pero sin llegar a completar dicho Plan.
Lo mismo ocurrió con el famoso Plan Tepito, que en diez años fue administrado por doce dependencias gubernamentales diferentes, lo que habla de la improvisación y la falta de oficio, cuyos resultados llevaron a la construcción de 556 viviendas a cambio de 920 que fueron derrumbadas; al momento de los sismos, aun había campamentos de familias que no podían pagar el precio de las viviendas que ofrecía el «Plan Tepito.
En la colonia Guerrero desde 1976, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero organizaba a los vecinos e inquilinos exigiendo la reparación de viviendas y la expropiación de lotes baldíos para la construcción de nuevas. La defensa del barrio incorporaba la lucha contra los desalojos y el aumento arbitrario de las rentas.
Aquí la experiencia de los vecinos se baso en dos aspectos; la asesoría legal para impedir los lanzamientos y la acción solidaria y directa para oponerse colectivamente a los desalojos.
Los cambios urbanos en esta colonia incluyeron desde la construcción de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, la ampliación del Paseo de la Reforma y el trazado de varios Ejes Viales, que entre los años 60’s y 70’s expulso un promedio de 15 000 habitantes del barrio.
Como respuesta al Plan Guerrero, elaborado por BANOBRAS y la Delegación Cuauhtemoc , que pretendía liberar los inmuebles en renta congelada, reubicando a los inquilinos a campamentos bajo promesa de otorgarles viviendas nuevas, los vecinos, asesorados por la Facultad de Arquitectura Autogobierno de la UNAM , y la Parroquia de los Ángeles , presento al las autoridades el Plan de Mejoramiento del Barrio de los Ángeles, que incluía: proyectos de vivienda y equipamiento urbano, un censo con datos de vecindades, empleo etc., el objetivo central era asegurar la permanencia de los vecinos en el barrió, evitar los lanzamientos, obtener vivienda digna con nuevos mecanismos de financiamiento; aunque no se llevo a cabo, de esta experiencia fue que nació la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero.
Logros de la movimilizacion de los daminificados
La fuerza social representada por los diferentes grupos de damnificados, comenzaron a movilizarse buscando entrevistarse con el entonces presidente Miguel de la Madrid, para exigirle el cumplimiento de sus demandas.
La primera reunión con el gobierno, se llevo a cabo el 27 de septiembre, luego de un a numerosa manifestación a «Los Pinos», entre comisiones de damnificados y el titular de la SEDUE, en un clima de intransigencia y despotismo. Después de este primer choque con el gobierno, grupos de damnificados acordaron que la mejor forma de presionar a las autoridades era permanecer el sus colonias; bajo la consigna fue «No abandonar sus barrios».
La movilización de 15 000 damnificados el dos de octubre, abrió la posibilidad de una entrevista con el entonces presidente de la Republica, por espacio de 7 minutos para plantear sus demandas, las cuales se resumían en:
1) Expropiación de todos los predios dañados.
2) Un proyecto de reconstrucción popular.
3) Regularización de los servicios en las zonas devastadas, fundamentalmente, agua, luz y drenaje.
El 11 de octubre el gobierno federal, decreto la expropiación de 5500 predios con un total de 250 hectáreas, en las Delegaciones Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Benito Juárez, que luego del ajuste político al decreto quedaron excluidos los predios de la ultima y los de la colonia Roma en Cuauhtemoc; reconociendo públicamente la obligación de respetar las formas de vida, el arraigo y a las organizaciones sociales de los diversos barrios.
Si bien la expropiación liberaba a los inquilinos, de la voracidad de los caseros y del temor a los lanzamientos, por otro lado los colocaba en el laberinto burocrático de antesalas, requisitos, reuniones dentro del cual no dejaron de luchar para constituirse en interlocutores frente al gobierno. Con todo los damnificados que habitaban esos predios pudieron quedarse en sus barrios y hacer valer su arraigo, tocaba ahora hacerse escuchar por la dependencia creada expresamente la reconstrucción de sus viviendas.
El 14 de octubre, mediante decreto, el gobierno federal creo el Programa de Renovación Habitacional Popular, bajo la responsabilidad del desaparecido Departamento del Distrito Federal, que sin mucha claridad en cuanto a las medias concretas a adoptar para la reconstrucción, el programa fue siendo corregido en gran medida con el aporte de las organizaciones en materia social, técnica y financiera, en un proceso no exento de conflictos.
De esta manera la lucha de los damnificados generó un cúmulo de experiencias organizativas y de solidaridad, lo cual permitió presentar proyectos y propuestas unitarias frente a la visión del gobierno para la reconstrucción, exigiendo participación en las acciones, respeto a su arraigo, formas de vida y sobre todo deslindar responsabilidades y el enjuiciamiento de funcionarios ineptos y corruptos.
Las tareas para la reconstrucción de sus viviendas y de la ciudad, permitió a un gran numero mujeres y hombres adquirir la experiencia y la conciencia de que solo la fuerza social organizada permite alcanzar grandes metas para el beneficio de la comunidad, de la ciudad y del país entero, por eso es que a nadie debe sorprender que buena parte de esa fuerza solidaria, voluntaria y anónima se identificara y contribuyera a dar vida a la insurgencia ciudadana que en 1988, pusiera al régimen de 70 años de entreguismo, antidemocracia y corrupción en el riesgo real de ser reemplazado por un proyecto de nación basado en la defensa de la soberanía y en la atención de las necesidades mas urgentes y primarias de los pobres del campo y de la ciudad, que desde siempre han constituido los damnificados de los gobiernos en turno, incluido desde el 2000, el pretendido gobierno del cambio.