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La multinacional danesa de aerogeneradores presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 600 trabajadores de su planta de León

La solución es la nacionalización para garantizar el empleo en Vestas

Fuentes: Rebelión

Izquierda Unida Provincial de León entiende que la única solución para garantizar el empleo y la producción en Vestas es la nacionalización de la empresa y su gestión pública con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran. El único «inversor fiable» es el Estado español y las Administraciones públicas para […]

Izquierda Unida Provincial de León entiende que la única solución para garantizar el empleo y la producción en Vestas es la nacionalización de la empresa y su gestión pública con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran. El único «inversor fiable» es el Estado español y las Administraciones públicas para que no les vuelva a hacer un «Vestas» cualquier otra gran empresa amparada en las reformas laborales del PSOE y PP tras recibir más multimillonarias subvenciones de dinero público. Por eso Izquierda Unida de León exige a las Administraciones públicas como primera medida la expropiación de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en Vestas, si la multinacional persiste en su decisión de abandonar el polígono de Villadangos y continuar el ERE de extinción, para garantizar la continuidad de la fabricación y asegurar el empleo de la plantilla.

«Nacionalizar» supondría que pudieran asumir la continuidad de la producción los trabajadores en régimen de cooperativa, si así lo consideran éstos, con apoyo público de cara a su gestión y a la comercialización de la producción. Pues sería la única forma real de dar continuidad efectiva y asegurar el empleo.

La intervención de una empresa es un derecho constitucional que se puede aplicar conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite la nacionalización para preservar el interés general en un sector estratégico y esencial como es la producción energética y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirma taxativamente que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».

Por eso, Izquierda Unida Provincial de León propone a las Administraciones públicas que, en este caso, garanticen la producción y el empleo, asumiendo la gestión pública de la fábrica con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, si éstos así lo consideran. Sería una forma de asegurar el empleo de toda la plantilla y la continuidad de la producción de componentes eólicos que tanta demanda tienen actualmente en todo el mundo pues la apuesta por las energías renovables es una demanda en auge. Ya hay experiencias en este sentido en Portugal, Argentina y otros países donde, ante situaciones similares, los trabajadores se han hecho cargo de las empresas con el apoyo público del Estado y las Administraciones.

Tras haber recibido 15 millones de euros en subvenciones públicas, más la cesión de terrenos casi regalados y los más de 90 millones de euros que le reclama Hacienda por impuestos de los ejercicios 2006 a 2009, más las ayudas recibidas por las contrataciones, realmente se podría considerar que Vestas es pública, pues ha sido el dinero y la financiación pública la que ha sacado adelante.

Por eso, como primer paso para ello Izquierda Unida Provincial de León pide a las Administraciones públicas la expropiación de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en Vestas si la multinacional se mantiene en su decisión de abandonar el polígono de Villadangos y continuar el ERE de extinción, tras haber recibido 15 millones de euros en subvenciones públicas, más la cesión de terrenos casi regalados y los más de 90 millones de euros en reclamaciones de la Agencia Tributaria por impuestos de los ejercicios 2006 a 2009.

No se pueden seguir anunciando, desde los gobiernos regionales del PP y nacional del PSOE, que se dan más subvenciones a empresas que se deslocalizan cuando han obtenido un 40% más de beneficios y persisten en su deslocalización de León. Lo que habría que haber hecho a tiempo, como les exigen los sindicatos, es derogar las dos reformas laborales que impusieron ambos partidos, que son las que amparan estas decisiones de estas «empresas golondrinas» de deslocalizarse y cerrar las fábricas aun cuando están obteniendo beneficios.

Ya está bien de que el capitalismo sea el único principio rector de las políticas públicas de nuestros dirigentes políticos y empiecen a hacer políticas para el bien común pensando en la clase trabajadora, apoyando e impulsando iniciativas económicas para el beneficio de la clase trabajadora y no de las multinacionales cazasubvenciones.

No se puede abandonar a una plantilla que ha entregado su trabajo y esfuerzo durante años a una multinacional sin escrúpulos que ahora les deja tirados sin ningún tipo de miramientos para desplazarse a explotar a otros trabajadores en otros países en condiciones más precarias con el único fin de obtener aún más beneficios.

Este es el capitalismo salvaje que han promovido el PP y que ahora abandera Ciudadanos y éstas son las dramáticas consecuencias que viven las cientos de familias que son echadas a la calle de forma directa y la repercusión en miles de familias vinculadas a servicios para la fábrica, así como la profundización de la desindustrialización de nuestra provincia con una «empresa golondrina» más que, una vez saqueadas las subvenciones del dinero de todos los contribuyentes, alza el vuelo para ir a saquear el siguiente territorio. Así es como engordan las cuentas y sus dividendos los accionistas que gestionan este mercado de la explotación y sus acólitos políticos que lo permiten y promocionan.

¡La nacionalización es la única solución!