Después de una serie de aplazamientos pandémicos y desperfectos técnicos, el pasado 7 de julio comenzó finalmente a sesionar la Convención Constitucional.
Entre sus primeros actos estuvo la aprobación de una declaración[1] que condena los hechos de represión ocurridos a raíz del estallido social de 2019, demandando del ejecutivo y legislativo, entre otras cosas, la “máxima celeridad” en la tramitación y aprobación de los proyectos de ley de Indulto General y de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. La demanda de indulto la hace extensible además a los presos de la causa mapuche desde 2001.
Precisamente en línea con esto último, se pronuncia por la “inmediata desmilitarización del Wallmapu”, como por “la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”.
Aparte de los representantes de derecha, que naturalmente votaron en contra de la declaración, esta tampoco dejó contentos a sectores de izquierda. Algunos de estos son de la idea de que basta con que la Convención decrete tal o cual medida –la libertad de los presos del estallido social, en este caso– para que para que sea implementada. Para forzar a los “poderes constituidos” a implementar las medidas, la Convención debe simplemente llamar a la movilización de las masas –como si esta tuviera la capacidad de desencadenar unilateralmente la insurrección popular–. En esta línea se inscribió precisamente la propuesta de la convencional de la Lista del Pueblo María Rivera[2]; que, sin embargo, por no contar con las firmas de apoyo necesarias, ni siquiera se votó en el pleno. Otros, más “realistas”, son de la idea de adoptar una posición testimonial, en el sentido de que los convencionales debiesen declararse en “huelga” (sic) hasta que las exigencias de la Convención sean satisfechas.
Como sea, la forma que finalmente adoptó la declaración de la Convención no es la simple expresión de la “traición” de los claudicantes de izquierda, como aquellos sectores la presentan; sino expresión de una realidad material. Se trata de la configuración real (no ilusoria) del poder estatal. En otras palabras, ¿hay algún sector de la actual burocracia estatal o de los aparatos represivos que estén subordinados y respondan a los designios de la Convención? O mejor aún, ¿hay milicias obreras capaces de llevar a la práctica las medidas que aprueben los convencionales?
La sola formulación del problema en toda su crudeza basta para dejar en evidencia el ridículo de la táctica de la “radicalización”. ¿O es que acaso el normal funcionamiento de la máquina del Estado (cobro de impuestos, ejecución presupuestaria, dictación de sentencias por los tribunales, funcionamiento de las cárceles, etc.) se verá interrumpida por una eventual huelga de convencionales, como pretenden los exponentes de la táctica “testimonial”? A lo mejor que esta última podría llegar es al bochorno de que la Convención no logre redactar una propuesta de nueva Constitución (incluidas disposiciones transitorias de esta que, de pleno derecho, decreten la libertad de los presos mapuche y del estallido) dentro de los plazos establecidos. Lo que a todas luces sería una derrota para las clases populares.
No se logra nada condenando la realidad porque esta discurre por un carril distinto al de nuestros deseos. Esta simplemente es lo que es. Hay que comprenderla para actuar en ella y lograr los objetivos tácticos que el momento demanda.
La Convención como salida burguesa
La Convención surge de una reforma a la actual Constitución que, bajo la presión de la movilización popular, los principales partidos burgueses y de las clases medias (Evópoli, Revolución Democrática, Comunes) acordaron el 15 de noviembre de 2019. No cabe aquí, por tanto, hablar de traición ni nada por el estilo. Los partidos burgueses actuaron frente a la crisis del sistema político acorde a su naturaleza de clase.
La cuestión a entender es por qué la lucha de clases del momento tomó finalmente la forma de un acuerdo transversal de los partidos burgueses que abrió paso al establecimiento de la presente Convención, y no otra.
El factor de fondo que explica esta salida hay que buscarlo en la lucha que libran las clases fundamentales del capitalismo chileno. En ese nivel, se debe reconocer que los trabajadores no tuvieron –ni la coyuntura así lo planteó– la capacidad de quebrar el aparato estatal, especialmente los aparatos represivos, y derrocar a la burguesía. En otras palabras, hacerse con el poder político.
Teniendo en cuenta entonces que no es la dominación de la burguesía lo que se encuentra desafiado en lo inmediato, es posible entender cómo se construye la salida convencional y sobre qué tendencias del desarrollo capitalista esta se monta.
La situación del capitalismo mundial
Por distintos motivos, el capitalismo atraviesa por momentos definitorios a mundial, los que necesariamente tendrán impacto sobre la arquitectura institucional de los Estados burgueses y la manera en que estos intervienen en la esfera económica.
Por una parte, han surgido nuevos polos de acumulación mundial que desafían a los tradicionales, repercutiendo en el equilibrio de poder de las principales potencias capitalistas. El caso es que, detrás de estos nuevos centros de acumulación, hay configuraciones estatales cualitativamente distintas al de las potencias capitalistas tradicionales, que precisamente promueven una acción protagónica del capital estatal en la economía (China, por ejemplo).
Por otra parte, la economía mundial nunca se recuperó del todo de los efectos de la crisis subprime (2007-2008). Los gobiernos se vieron obligados a promover políticas de estímulo monetario para sostener una debilitada actividad económica. Fue en ese contexto de debilidad general de la economía, y en particular de la inversión de las empresas, que estalló la pandemia del covid, la cual ha demandado la implementación de medidas destinadas a sostener los ingresos de los hogares trabajadores que han perdido sus empleos debido a las restricciones sanitarias. La expansión del gasto y la deuda estatal que estas últimas conllevan requerirán, en el mediano plazo, un aumento importante de la recaudación fiscal como contraparte.
Son estas tendencias que se encuentran operando en el capitalismo a nivel mundial las que sientan las bases de posibles nuevas formas estatales.
Reconfiguración del bloque en el poder y nuevas alianzas de clase
No obstante, lo que a nivel local traduce estas tendencias del capitalismo mundial es el cambio de la fracción hegemónica dentro de la propia burguesía chilena. “En efecto, la hegemonía del gran capital ha pasado paulatinamente desde la burguesía rentista-exportadora [de la fase neoliberal] hacia una burguesía orientada al mercado interno y la exportación de capitales a la región”[3].
Precisamente la mayor intervención estatal que la situación mundial de la acumulación capitalista demanda abre la oportunidad para que la nueva fracción hegemónica de la burguesía chilena establezca una alianza con las clases medias, que sustente políticamente la nueva forma estatal que comienza a configurarse en el país. La forma concreta que toma dicha alianza es la del reemplazo de los criterios de focalización y subsidiariedad de la política social fase neoliberal por uno de universalidad.
El nuevo régimen político del capitalismo chileno
Ahora bien, centrando el foco del análisis en la esfera estrictamente política, lo que en la Convención se está definiendo finalmente es el régimen que irá de la mano con la nueva forma estatal burguesa. Se trata del marco institucional a través del cual la burguesía administrará su dominación de clase sobre el conjunto de la sociedad en el nuevo período.
Hasta ahora todo parece indicar que el nuevo régimen político que comienza a tomar forma en el capitalismo chileno obedece a uno de democracia burguesa, que reemplaza al de democracia protegida del período transicional.
La táctica para el período
El régimen político a través del cual la burguesía ejerce su dominación no es una cuestión indiferente para la clase trabajadora. Hay regímenes que le permiten organizarse y luchar por la defensa de sus intereses de mejor manera que otros. El régimen democrático es el que precisamente más favorece a los trabajadores.
La Convención Constitucional es sin duda una instancia abierta por la lucha de clases que permite aglutinar a las masas trabajadoras tras una serie de reivindicaciones políticas de especial interés para su causa. Desde el estallido, estas han levantado cabeza y comenzado a tomar posición sobre aspectos relativos a la esfera político-estatal. Un salto significativo sin duda, que hay que aprovechar para la propaganda y educación política.
Por lo mismo, la táctica del momento debe consistir en levantar una plataforma de reivindicaciones propia de los trabajadores que sea recogida por la Convención y plasmada en la nueva Constitución. Reivindicaciones que favorezcan la unidad y organización política de la clase trabajadora, dejándola en mejor posición para desarrollar su lucha en el nuevo período.
Se trata de reivindicaciones que no son socialistas, ya que no cuestionan el régimen capitalista de propiedad de los medios de producción. Son plenamente consistentes con un régimen demo burgués y las tendencias del desarrollo capitalista, por lo que no requieren necesariamente de una revolución para ser realizadas (lo que no significa que se puedan alcanzar sin una lucha por ellas).
Las reivindicaciones que sintetizan los intereses de la clase trabajadora en su conjunto frente a la Convención pueden formularse como:
- Desligar la ciudadanía de la nacionalidad. Esto implica extender el derecho a elegir y ser electo para cargos públicos y desempeñar funciones públicas a todos los extranjeros que habitan el territorio nacional, sin que tengan que renunciar a su nacionalidad de origen. Que la nacionalidad chilena esté ligada a la ciudadanía para aquellos casos de nacionales residentes en el extranjero.
- Disminución de la edad de plena ciudadanía a los 15 años.
- Eliminación de toda restricción de edad y nivel de estudios para ejercer cargos de elección popular. La simple condición de ciudadano basta para ser electo.
- Eliminación del impedimento de los dirigentes sindicales y sociales para presentarse a cargos de elección popular.
- Eliminación toda disposición que limite la negociación colectiva de los trabajadores al ámbito exclusivo de la empresa en que laboran.
- Derecho a huelga para los funcionarios del Estado y municipales.
- Derecho a la libre migración. En consecuencia, no se requerirá de ningún permiso especial para permanecer, residir o trabajar en el país para los extranjeros que así lo deseen.
- Derecho de autodeterminación para todo pueblo-nación que habite el actual territorio nacional. Esto significa la posibilidad de separarse del Estado chileno y dar el gobierno que mejor estime conveniente sobre su territorio por parte de todo pueblo-nación que habita en Chile. La cuestión de la pertenencia al territorio nacional, y a las leyes que lo rigen, debe ser una cuestión de determinación libre y soberana. El Estado chileno no puede mantener a pueblos, ni el territorio que habitan, unidos a él contra su voluntad.
- Eliminación de toda referencia a concepciones sobre la vida, la persona y la familia que se preste para la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
[1] Declaración de la Convención Constitucional, 8/7/2021. Disponible en: https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/07/1ra-Declaracio%CC%81n-de-la-Convencio%CC%81n-Constitucional.pdf
[2] “En nuestra opinión solo una enorme movilización social puede imponer la libertad a los presos. Y la Convención debería utilizar el prestigio que todavía tiene para convocar a esa movilización y enfrentarse a los otros poderes del Estado”. Disponible en: https://www.vozdelostrabajadores.cl/sobre-la-declaracion-aprobada-por-la-convencion-en-relacion-a-los-presos-politicos
[3] M. Rodríguez: “Perspectivas de la dominación burguesa en Chile”. Disponible en: https://revistaconfrontaciones.com/2020/12/14/perspectivas-de-la-dominacion-burguesa-en-chile/