La Tercera República solo es pensable como superación de la catástrofe política, ideológica y moral socialdemócrata. Parece difícil y de hecho lo es. Pero los daños y la violencia del capitalismo avanzan, liberándose de los controles políticos que le defienden de sí mismo sin izquierda alguna que le ponga, de verdad, algo por delante DECLARACION […]
La Tercera República solo es pensable como superación de la catástrofe política, ideológica y moral socialdemócrata. Parece difícil y de hecho lo es. Pero los daños y la violencia del capitalismo avanzan, liberándose de los controles políticos que le defienden de sí mismo sin izquierda alguna que le ponga, de verdad, algo por delante
DECLARACION DE INTENCIONES
El próximo 14 de Abril de 2006, conmemoramos el 75 Aniversario de la proclamación de la 2ª República Española cuya efímera vida (14-IV-1931 /1-IV-1939) acabó trágicamente. Una conmemoración digna de la 2ª República debe respetar su memoria, lo que exige juzgar los crímenes del franquismo y rechazar, tanto las bases norteamericanas en territorio español como la monarquía actual, ambas impuestas por el régimen que la asesinó. La actualización de la 3ª República debe incorporar contenidos democráticos básicos, como la salida del Estado Español de la OTAN, el derecho de autodeterminación y el control de un capitalismo global, cada día más incompatible con la soberanía popular, la igualdad de género, el empleo digno, la democracia y los derechos humanos.
El debate sobre la «3ª República Española» puede ser productivo si sirve a objetivos prácticos como: a) Partir de la situación concreta, aquí y ahora b) Recuperar la memoria histórica de la lucha anticapitalista durante la 2ª República c) Debatir sobre los contenidos de una 3ª República que rompa con la actual monarquía neofranquista d) Implicar a diferentes movimientos populares en este debate que, en sí, contribuye a configurar dicha 3ª República e) Incorporar el derecho de autodeterminación, rectificando con ello uno de los mayores errores de la izquierda en la transición política, el abandono de dicha consigna. Sin asegurar el derecho de autodeterminación de los pueblos sometidos hoy al Estado Español, la 3ª república, no acreditará su dimensión democrática f) Ser resultado de la cooperación generosa y revolucionaria de diversas autodeterminaciones contra la explotación y la desigualdad: la lucha de los pueblos, de la clase obrera, de las mujeres e incluso de los seres vivos contra su enemigo común: el imperialismo, la globalización capitalista y el machismo. Sin un acuerdo democrático de base entre los distintos sujetos sociales autodeterminándose, no habrá democracia para nadie. Ni para las mujeres, ni para lxs trabajadorxs, ni siquiera para los pueblos y naciones que consigan, al fin, un estado independiente.
¿QUE REPUBLICA?
La República, como régimen político en el que la búsqueda del bien común es cosa de todxs, se contrapone a la monarquía como forma política en la que una persona y sus descendientes biológicos, ostentan un poder arbitrario inasequible a la voluntad de los ciudadanos, constituidos, por este hecho, en súbditos.
En la antigüedad clásica, la república se fundamentaba en dos principios. Por un lado la libertad, entendida como inmunidad frente al poder arbitrario de los tiranos y como derecho a decidir sobre los asuntos mediante la participación en el gobierno. Por otro lado, la virtud como «espíritu público» o «patriotismo», una disposición heroica para anteponer el bien común a los intereses propios. La perdida de la virtud, al perseguir una vida opulenta, equivalía también a la perdida de la libertad.
La ilustración, entendida como un largo proceso de luchas filosóficas, económicas y sociales, culmina con un acontecimiento político trascendental. A finales del siglo XVIII, en Francia, las masas populares derrocaron a la monarquía, ejecutaron al rey, instauraron la república y formularon la «declaración de los derechos del hombre» en la que los privilegios fueron – formalmente – abolidos. Durante un corto periodo revolucionario, la «virtud» pública republicana se impone a la «decencia» privada de los comerciantes y empresarios. A los acaparadores que se enriquecían especulando con las necesidades del pueblo, se les cortaba la cabeza.
Sin embargo, la promesa ilustrada de que la razón acabaría con las supersticiones religiosas y la desigualdad, pronto se mostró como una quimera. La liberación de la servidumbre se transformó en liberalización de los mercados y en la universalización de la «forma mercancía», incluyendo la mercantilización de dos factores productivos peculiares que, en su naturaleza, no son mercancías: el trabajo y la tierra. La división entre el espacio público (mercado y estado) y el espacio privado (la familia), confinó a las mujeres en el hogar familiar con la obligación de realizar un trabajo impagado e invisible, aunque imprescindible para el funcionamiento y la reproducción de la vida y de la economía: los cuidados. Con esta separación, material y simbólica, todas las mujeres resultaron y resultan, perjudicadas en sus condiciones de acceso a la esfera pública. Simétricamente, todos los hombres resultaron y resultan beneficiados.
El mercado de trabajo avanza obligando al trabajo y por lo tanto, a los trabajadores y a las mujeres que cuidan, a comportarse como mercancías. La infinita división y subdivisión del trabajo, junto a la aplicación científica y tecnológica en el proceso productivo, generó y genera enormes aumentos en la producción de mercancías, pero también individuos estúpidos e ignorantes. Individuos individualistas, calculadores y solitarios que, al confundir el bienestar con la apropiación de cosas y la democracia con el mercado, incorporan en sus propios deseos la lógica autista – «siempre más» – del capital.
Las repúblicas parlamentarias de mercado separan los aparatos especializados de la política (el estado y sus instituciones) de los lugares sociales donde la gente vive, trabaja, goza y sufre. La protección social del estado se autodisuelve al no poner en cuestión la libertad del capital para colonizar las relaciones económicas y sociales. La política compensa los daños que produce la economía, pero sin poner en tela de juicio un orden de relaciones sociales previamente establecido por dicha economía.
Estas repúblicas introducen la filosofía mercantil – competitiva como paradigma de las relaciones sociales: para disfrutar de bienestar, es necesario pertenecer al grupo social beneficiado frente al grupo social perjudicado. El bienestar individual no es una parte del bienestar colectivo sino el resultado de alzarse sobre los perdedores. El bien individual no es una cuota – parte del bien de toda la sociedad, sino la recompensa de los más agresivos e individualistas. La seguridad individual no proviene de la cooperación y el respeto a los otros, sino de la competitividad y el dominio.
La aparente libertad de mercado encubre el dominio de las empresas y los estados más fuertes sobre los más débiles. La Economía de mercado incumple su promesa de integración social y libertades para los de abajo. Pero, al presentarse como una ciencia, debe ser obedecida, independientemente de sus consecuencias, como si fuera la voluntad de Dios.
En la República Moderna, la «mano invisible» del mercado reaparece, en sustitución de las supersticiones teológicas medievales, como una nueva providencia que consigue, milagrosamente, el bienestar general a partir del egoísmo de cada uno. Pero, en la vida real, la modernidad implica 1) arrancar a cada persona de sus vínculos sociales obligándole a comportarse como un individuo individualista, y por lo tanto dependiente del favor del poder para alzarse sobre sus iguales, 2) la desactivación política de las personas a favor de las instituciones del estado, 3) la naturalización de las relaciones de explotación y subordinación que presiden la «sociedad civil», y 3) el despojo del poder popular al depositar cada uno su poder personal en el favor de los de arriba y no en la cooperación entre los iguales. La libertad condicional de las personas, subordinada al estado y a las leyes del mercado, es la sustancia de las repúblicas modernas.
LA 2ª REPÚBLICA ESPAÑOLA VICTIMA DEL FASCISMO Y DE LAS REPUBLICAS DEMOCRATICAS EUROPEAS
El desarrollo capitalista está asociado a la explotación, las crisis, las guerras y el terrorismo de estado. Este modelo de modernización crea constantemente las condiciones materiales para las revoluciones y los movimientos de liberación nacional. A finales del S. XIX y principios del S. XX, el movimiento obrero cuestionó, no solo los efectos sociales de las leyes del mercado, sino también los regimenes monárquicos y republicanos que aseguraban la continuidad del desorden mercantil.
La crisis económica posterior a la 1ª Guerra Mundial, mostró de forma transparente que las leyes del mercado conducen a la disolución social. El ascenso del movimiento obrero, constituido en sujeto político anticapitalista, creó las condiciones para recuperar las promesas ilustradas de «libertad, igualdad y fraternidad». Los estados burgueses europeos, en particular Francia y Alemania, pugnando por la hegemonía continental se embarcaron, por segunda vez en el siglo XX, en una confrontación armada. Una vez más, los obreros y campesinos de uniforme fueron enviados al matadero en nombre de una «patria» cuyo contenido esencial era la representación de los intereses de la gran burguesía. El fascismo y el nazismo, como modelos de modernización capitalista radical en periodos de crisis, no pueden coexistir con la democracia formal y las organizaciones obreras. La burguesía, trasmutada de parlamentaria en fascista, derribó el régimen «democrático» para establecer una dictadura terrorista del capital, basada en la derrota militar del enemigo exterior y la neutralización del enemigo interior. Los tres años de guerra civil española, con fuertes dinámicas revolucionarias, en defensa de la 2ª República Española, representó un heroico intento de contención del fascismo en Europa.
La Constitución de la 2ª República Española, promulgada el 9 de diciembre de 1931, establecía en su articulo 1º: «España es una república de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». La reclamación de una república integrada por «trabajadores», luego suavizada por el predicado «de toda clase», muestra el peso específico del movimiento obrero de la época como sujeto constituyente de la realidad política soberanista.
Paralelamente, la reivindicación de la nacionalidades periféricas del Estado Español, históricamente sujetas al centralismo administrativo y al nacionalismo españolista de la Corona, la Iglesia y el Ejército, se expresaban a través de las organizaciones y partidos representantes de la burguesía y la pequeña burguesía frecuentemente aliados con las organizaciones de izquierda. El proyecto de Estatuto de Cataluña, elaborado por la «Diputación Provisional de la Generalidad» proponía la transformación de Cataluña en un «Estado Autónomo» dentro de la «Federación Ibérica», en base al derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Este proyecto de Estatuto fue aprobado en referéndum, por el pueblo catalán, el 2 de Agosto de 1931, casi por unanimidad. Posteriormente y después de una larga discusión en las Cortes Españolas, desnaturalizado y recortados los contenidos soberanistas, al nivel de «Autonomía» dentro del Estado Español, se promulgó como Ley el 15 de Septiembre de 1932.
El Alzamiento Nacional del 18 de Julio de 1936 supuso la ruptura del equilibrio entre dos fuerzas político – sociales. Por un lado, el movimiento obrero sustentado, sobre todo, por la UGT socialista y la CNT anarcosindicalista, con un millón de afiliados cada una. Por otro lado, la CEDA (Confederación Española de Derechos Autónomos), un partido declaradamente fascista, enemigo del régimen republicano y representante de las clases poseedoras y de las instituciones que, durante siglos, han oprimido y explotado a los trabajadores y a los pueblos de España. El ejército irrumpió en la escena política armando y poniendo bajo su dirección al fascismo, que reagrupó a todas sus corrientes bajo las siglas «Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista» (FET y de las JONS). Disolvió las organizaciones obreras políticas y sindicales, incautó sus patrimonios y asesinó o encarceló a todos los militantes o afiliados que consiguió capturar.
Pero, en contra de toda previsión de los golpistas, las organizaciones de izquierda consiguieron movilizar amplios sectores de la población, sobre todo en Madrid y Barcelona, organizando milicias que acabaron, mal que bien, integrándose en el ejército de la república. Con ello, se estableció un mapa de zonas en poder del ejército franquista y zonas bajo la autoridad republicana. A pesar de las divisiones internas del campo republicano, de la falta de apoyo de las llamadas «democracias europeas» y de la escasez de armamento, el ejército franquista tardó tres años en reducir la resistencia popular. A partir de 1939 se instauró, hasta 1975 año de la muerte de Franco, una dictadura que, aunque aislada del Concierto Internacional hasta los acuerdos bilaterales con EEUU en 1953, consiguió, entre 1960 y 1975, unas cotas de crecimiento capitalista muy elevadas. A partir de mediados de los 60, en medio de unas condiciones represivas muy duras, se puso en pie un movimiento obrero integrado por millones de trabajadores que no vivieron la guerra y que se habían desplazado del campo a la ciudad. Ese movimiento obrero canalizó politicamente, entre 1975 y 1979, una inmensa cantidad de reivindicaciones sociales de tipo democrático, cultural, laico, revolucionario, feminista, ecologista, por los derechos de los presos, los minusválidos, antifascista, por el derecho de autodeterminación y la soberanía nacional en Euskadi, Cataluña y Galicia, etc.
La transición política española clausuró la escuela de democracia participativa de estas oleadas de autodeterminación popular, a través de un pacto entre la clase política y empresarial franquista y la izquierda mayoritaria. Este pacto se basó en una doble exclusión. Por un lado se canceló la movilización popular por quien la organizó y dinamizó desde 20 años atrás, el PCE. Pero, al hacerlo y nunca arrepentirse de ello, este partido se suicidó como fuerza para la transformación social. Por otro lado, casi toda la izquierda abandonó el derecho de autodeterminación, lo que permitió que fuera negado de forma expresa en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978. A partir de este momento, el movimiento popular vasco por la soberanía y el socialismo quedó, no solo fuera del marco «democrático» consagrado por la Constitución, sino también enfrentado con la izquierda mayoritaria que legalizó la monarquía postfranquista. A pesar de todo y de la represión que se abate sobre el, el movimiento popular vasco ha persistido como el único con vocación constituyente en el Estado Español.
LA TERCERA REPUBLICA
Los contenidos de la tercera República no son deducibles ni predicables respecto a un vago contexto temporal: «el siglo XXI». Deben extraerse de su proceso histórico y del contexto político actual, en particular, en lo relativo a la calidad de las convicciones democráticas de la población y a la fuerza política, ideológica y organizativa de la izquierda anticapitalista.
Identificar República con Democracia no es un acto gratuito porque obliga a rechazar cualquier contenido incompatible entre ambas. Una república democrática sería incompatible, no solo con la actual monarquía, sino también con el fraude de ley generalizado en los contratos temporales, la maraña de contratas y subcontratas que hacen imposible el ejercicio de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, con la dictadura de la competitividad, que sitúa en el derecho a un empleo digno, a una vivienda, a cuidar y a ser cuidados, o el derecho a la vida de 3.500 trabajadores muertos al año por accidentes y enfermedades laborales en España el plano de piadosas intenciones.
Tampoco podemos imaginar una república democrática en la que la vivienda, los empleos, la educación, la jubilación y la salud, estén, cada vez más, en manos de empresas privadas cuya única finalidad es el lucro o en la que la Iglesia conserve sus privilegios para manipular y condicionar la educación de lxs niñxs y las conciencias de toda la población. Menos comprensible aún sería una República que mantuviera las bases norteamericanas que trajo Franco en 1953 y que hoy constituyen una pieza logística fundamental para las agresiones neocoloniales de los países ricos en Oriente Próximo y Asia Central. Tampoco sería aceptable mantener la pertenencia a organizaciones militares internacionales como la OTAN, mero apéndice del Ejército de EEUU para garantizar la represión global contra cualquier movimiento social o estado desobediente.
La reivindicación de una 3ª República no es una cosigna revolucionaria sino, simplemente, una aspiración democrática. Pero eso, en el Estado Español, parece mucho porque la monarquía parlamentaria esta viciada de origen tanto por la exclusión de valores democráticos: (movilización, participación, autodeterminación), como por la imposición de principios heredados de la dictadura franquista: (monarquía; capitalismo global generador de precariedad, desarraigo, exclusión y muerte; dependencia de potencias y ejércitos extranjeros; complicidad en crímenes de guerra al margen de la legalidad internacional; represión de cualquier movimiento popular que exprese el descontento desde abajo y tenga vocación constituyente).
La lucha por la República exige la unidad de todos los demócratas frente a los enemigos de la democracia. Pero, paradójicamente, los partidos de izquierda y sindicatos que se disputan con la derecha los votos de las amplias clases medias beneficiarias de la globalización capitalista, se autodenominan «los demócratas». Las repúblicas de mercado constitucionalizan el capitalismo de manera que lo que no está en la Constitución, no es democrático y al no serlo, cualquier propuesta disidente es tratada como enemiga de la democracia. El caso del Estado Español, con una arquitectura política y una constitución impuestas por el franquismo y aceptadas por una izquierda claudicante ante la amenaza de golpe militar, es paradigmático. El «consenso» tan celebrado de la Transición Política Española, encubre una amenaza mortal en caso de desobediencia.
La similitud entre el PP, como derecha tradicional y el PSOE, como derecha sobrevenida, explica, a pesar de los desmanes del PP, la inseguridad electoral del PSOE. En particular, su urgente necesidad actual de tomar distancias, sobre todo, en lo tocante al «españolismo constitucional» anticatalán y antivasco. El bloqueo y el peligro de caer en la marginalidad electoral en las nacionalidades históricas, compromete la propia integridad del PSOE que no puede soslayar por más tiempo el distanciamiento, por parte del PSE y del PSC, respecto a la «Indisoluble Unidad de España» del Artículo 2 y a la amenaza de intervención militar del Artículo 8 de la C.E.
La actual iniciativa política del gobierno del PSOE intenta la cuadratura del círculo: canalizar la identidad «nacional» de algunos sectores de la opinión pública en Cataluña y en Euskadi hacia cambios cosméticos y aplazados de la Constitución que le atraigan votos de clases medias y aíslen al movimiento popular que en Euskadi defiende la autodeterminación y el socialismo. Los pactos cruzados y transversales para bloquear y neutralizar al PP, poniendo hoy una vela al diablo (ERC; Batasuna) y mañana una vela a Dios (CiU ; PNV) son un juego de prestidigitación del PSOE en el interior del aparato del Estado. Este funambulismo político cuenta, a su favor, con la voluntad de paz de la mayoría de la población española y en su contra, con el fascismo españolista y antidemocrático que el PP y el PSOE han inoculado conjuntamente, desde el inicio del régimen monárquico. La gente quiere la paz pero esa misma gente conserva el imaginario social de la sumisión, el anticomunismo – hoy antiterrorismo – y el miedo a un baño de sangre, a cuya memoria remite el artículo 2 de la C.E. invocada recientemente por el Jefe del Estado con uniforme de Capitán General, en la Academia Militar de Zaragoza.
La Tercera República debe colocar el derecho de autodeterminación en primera línea. Pero, la autodeterminación para el pueblo vasco será muy dificil sin activar, autónoma y solidariamente, la autodeterminación del resto de los pueblos de España, dinamizada a su vez, por la autodeterminación de lxs trabajadorxs contra el nuevo fascismo que, en nombre de la libertad de mercado global, disuelve los derechos humanos y la soberanía de las instituciones democráticas. La globalización económica y el «libre comercio» son incompatibles con cualquier sujeto que no se doblegue a la rentabilidad y la libertad de movimientos del capital. Un estado vasco neoliberal puede ser tan odioso y dañino para las clases populares como el Estado Español.
¿QUE IZQUIERDA?
Los movimientos de base para avanzar hacia una República democrática deben asumir la profunda degeneración de una izquierda que, colonizada por la derecha, (que es el poder económico, estatal académico y mediático), ha colonizado a su vez a los movimiento sociales.
Sin embargo, no es enfrentándonos contra los colectivos y organizaciones sociales lideradas por los agentes de la izquierda capitalista, como podremos avanzar hacia una república democrática, sino luchando contra los abusos y la impunidad que padece la mayoría de la gente. Organizando el conflicto social subterráneo y confrontando directamente con las políticas de derechas. Hay que derrocar al demonio y liberar a los diablillos. Los diablillos, «subvencionados» por el demonio, solo pueden aspirar, en su papel de «izquierda plural» y «leal oposición» a hacer jornadas, foros y lucha de frases. Nosotros debemos organizar la lucha de clases que hoy carece de forma política y que se expresa de forma descentrada y a veces, destructiva y autodestructiva. Lo estamos haciendo al empeñarnos en las cuestiones que afectan a la mayoría de la gente, sin perder de vista la acumulación de fuerza constituyente.
Debemos recuperar la memoria histórica, pero no solo la del golpe militar contra la República el 18/VII/1936 y los 40 años de dictadura, sino también y especialmente, la memoria de la transición política española (1975 – 1981) y la memoria sobre el control y posterior despedazamiento del «Movimiento contra la Globalización, la Europa del Capital y la Guerra» por parte de las agencias socialdemócratas en los MMSS, incluyendo la cooptación de las redes juveniles anticapitalistas y la preocupante penetración de la socialdemocracia en sectores del anarcosindicalismo.
Mientras los jóvenes militantes vascos soportan una represión indiscriminada por defender su aspiración a una Euskadi soberana y socialista, miles de jóvenes españoles, encuadrados por las grandes ONGs se manifiestan de forma democrática, pacífica y festiva detrás del flautista de Hamelin socialdemócrata, a favor de una consigna falaz e insultante: «TÚ PERTENECES A LA PRIMERA GENERACIÓN QUE PUEDE ACABAR CON LA POBREZA». Estas campañas millonarias están financiadas y dirigidas por las multinacionales, los políticos y las grandes ONGs, causantes o beneficiarias de la pobreza, la violencia y el desarraigo producidos por la globalización económica. La implicación acrítica de los movimientos sociales en ellas, expresan, como verdad más verdadera, la degradación de dichos movimientos. La desactivación del Movimiento Antiglobalización, ha sido la condición para el desembarco de «la nube de mosquitos» en los yacimientos de empleo, las subvenciones y la corrupción de la izquierda parlamentaria. Todo ello con la inestimable ayuda de los intelectuales alterglobalizadores.
El «Foro de los MMSS» del 1 y 2 de Abril en Madrid, gestionado por una burocracia asamblearia pastoreada directamente por la Federación Socialista de Madrid, es la imagen fiel de la «alterglobalización». Su objetivo político es incluir a muchos colectivos y redes «inocentes» en la puesta en escena de la «unidad de la izquierda» contra el PP en las elecciones municipales y autonómicas de la primavera del 2007. Poco importa que esta izquierda «plural» tenga por jefes a los partidos y sindicatos que preparan la reforma laboral, apoyan la Constitución monárquica postfranquista y reprimen a los movimientos populares.
MACROPROCESO 18/98 Y +: EL CODIGO PENAL DEL ENEMIGO. UNA ABERRACION JURIDICA INCONCEBIBLE EN UNA REPUBLICA DEMOCRATICA
Los más de 600 presos políticos vascos, no reciben el reconocimiento de «políticos» porque eso implicaría aceptar la existencia de un conflicto de naturaleza política, negado, con la fuerza de las armas, por la Constitución Española.
Al afirmar «la indisoluble unidad de España», la demanda popular de autodeterminación queda expresamente excluida de cualquier protección jurídica constitucional. La heterodeterminación, como daño producido a la mayoría de la población vasca que vota mayoritariamente, elección tras elección, candidaturas sobenaristas y como desafío al poderoso movimiento constituyente que la reivindica contra viento y marea desde hace cuarenta años, carece de cauce de expresión dentro de la legalidad democrática. Reivindicar este derecho es, hoy en España, una actividad alegal que comporta un alto grado de inseguridad jurídica. De esta arbitrariedad doctrinal y política, cuya fuerza no radica en su legalidad ni en su legitimidad, sino en la violencia ilegal e ilegítima del estado, se deduce que, aunque muchos comportamientos inducidos por este daño sin tutela jurídica sean justos, estos comportamientos no tienen carácter político sino penal.
Para enjuiciar estos comportamientos penales «no políticos», se mantiene un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional, cuyo papel en la represión de la disidencia política, hunde sus raíces en el Tribunal de Orden Público del franquismo.
Paradójicamente, los presos «no políticos» vascos, son enjuiciados y condenados por un tribunal especial, vale decir político, que les suspende las garantías jurídicas constitucionales (políticas) de «reinserción social» y «cumplimiento de la pena cerca de sus domicilios». Esta suspensión anticonstitucional de derechos constitucionales (políticos), se fundamenta en el carácter político de su falta de arrepentimiento político respecto a los supuestos delitos que les han acarreado el procesamiento o la prisión.
El carácter político de los motivos de estos presos «no políticos», abunda en la jurisprudencia emanada de los jueces de la «Audiencia Nacional» que, poco a poco, configura un «código penal del enemigo». Este código desborda, de forma expansiva, la tipificación de conductas ilícitas aplicables a los individuos que las ejecutan y vulnera principios básicos del derecho penal, como por ejemplo, la no retroactividad de las modificaciones del código penal ó el paradigma de «in dubio pro reo» (ante la duda, favorecer al procesado).
En quiebra con el principio penal de que «las sociedades no delinquen sino que delinquen los individuos», este código penal, inspirado por la «doctrina Garzón» adjudica un contenido ilegal a la mera defensa del derecho de autodeterminación, aunque dicha defensa se realice mediante actividades políticas, culturales ó sociales perfectamente legales. La ilegalización por este motivo de periódicos, radios, empresas y organizaciones sociales y políticas, privando con ello a cientos de miles de ciudadanos del derecho de sufragio, de participación política y de libertad de expresión, asociación y reunión, muestra la impunidad con la que esta democracia tan poco democrática puede violar los derechos y libertades constitucionales. Todo ello, sin que exista ningún conflicto político.
El «derecho penal del enemigo» aplicado a la juventud combativa vasca, persigue cercenar la continuidad de un movimiento popular irreductible. Las arbitrariedades jurídicas y procesales de los juicios contra jóvenes militantes vascos y del macrosumario 18/98, constituyen un atentado contra el estado de derecho, sus normas fundamentales y las libertades y garantías jurídicas de muchos miles de ciudadanxs. Esta vulneración masiva de las normas que protegen las libertades y los derechos de la gente, están protagonizados por la derecha franquista y su «pareja de hecho», la izquierda socialdemócrata que engloba a los sindicatos mayoritarios.
Todo esto no sería posible sin la pasividad cómplice del «entorno» de dicha izquierda capitalista, la mayoría de IU y del PCE, las burocracias de las oenegés ecologistas, algunas redes cristianas y los inevitables grupúsculos troskystas, que han sido penetrados por las organizaciones de izquierda capitalista en las que ellos practican su entrismo.
Sin embargo, el vacío de oposición real es radical. En la convocatoria unitaria para la manifestación del 22 de Abril de 2006 en conmemoración del 75 aniversario de la proclamación de la 2ª República figura, el derecho de autodeterminación. Este es un hecho trascendental.
La Tercera República solo es pensable como superación de esta catástrofe política, ideológica y moral. Parece difícil y de hecho lo es. Pero los daños y la violencia del capitalismo avanzan, sin izquierda alguna que le ponga, de verdad, algo por delante. La creciente inestabilidad financiera, económica, territorial, laboral, emocional y comunicativa, junto a la desobediencia y el alzamiento de numerosos movimientos populares y dinámicas de rebeldía a escala global, pueden validar la tesis de que el primer mundo está en vías de desarrollo hacia la desestructuración económica y la violencia política de los países de la periferia.
Estos son los mimbres con los que hacer el cesto de la 3ª República. ¡Vamos a por ella!