Hay casos en que la política de austeridad abarca portadas y suscita movilizaciones en la calle e indignación popular: recortes en educación, sanidad, dependencia, pensiones…Pero otras veces, con menor repercusión y mayor sutileza, se implementan leyes y planes del mismo calado cuya trascendencia no se percibe de inmediato. En este segundo grupo se inscribe el […]
Hay casos en que la política de austeridad abarca portadas y suscita movilizaciones en la calle e indignación popular: recortes en educación, sanidad, dependencia, pensiones…Pero otras veces, con menor repercusión y mayor sutileza, se implementan leyes y planes del mismo calado cuya trascendencia no se percibe de inmediato. En este segundo grupo se inscribe el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Con un amplio consenso en su contra (que incluye ediles y alcaldes del PP), la nueva legislación socava la autonomía municipal en favor de Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas, toma partido por las privatizaciones y resta competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales.
Tras un año y medio de presentación de borradores y sin diálogo previo con administraciones y sectores afectados, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó la nueva legislación (que sustituye a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985) tras el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. Ello se hizo tras una intensa campaña basada en mensajes de la siguiente guisa: «Sobran alcaldes y concejales»; «Los ayuntamientos son los grandes derrochadores»; «Hay que atajar la duplicidad de las administraciones» o «la solución consiste en profesionalizar la política y colocar a tecnócratas». Sin embargo, subraya el responsable de Política Municipal de IU, Manuel Fuentes, «los ayuntamientos son las administraciones menos endeudadas (en comparación con la estatal y las autonómicas) aun considerando su muy escasa financiación; además, los consistorios con mayor volumen de deuda, como Madrid o Valencia, están gobernados por el PP».
Que la nueva legislación apunta directamente a la privatización de servicios públicos y a las desregulaciones no resulta un arcano. En el texto se explicita netamente: «Para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad quede claramente justificadas. Asimismo, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad». Toda una declaración de principios ante la imposibilidad de continuar aprovechando el filón urbanístico y de la construcción de viviendas.
Tampoco es casualidad que a la nueva legislación sobre administraciones locales se la haya denominado «Ley Montoro», pues sobre la misma planea sin ambages la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de abril de 2012, lo que, en la práctica, se traduce en el férreo control y la fiscalización absoluta de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda (que puede llegar, incluso, a la intervención de los Ayuntamientos). Con esa idea, se refuerza el papel de los interventores (que asumirán un papel primordial) y Secretarios de los Ayuntamientos. De hecho, el cuerpo de interventores rendirá cuentas y estará sujeto al Ministerio de Hacienda, con el fin de realizar el «control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, la gestión tributaria y la contabilidad, la tesorería y la recaudación». La idea que «vende» el ejecutivo es que así se garantiza el control financiero de los consistorios y unos presupuestos más rigurosos. Pero «realmente se produce un tutelaje sobre los municipios y una evidente recentralización», ha aseverado Fuentes en unas Jornadas organizadas por EUPV-IU.
La recentralización puede constatarse con sólo observar la eliminación de algunas competencias municipales básicas: defensa de los consumidores, participación en la gestión sanitaria (atención primaria); prestación de servicios sociales (que la nueva ley limita a riesgos de exclusión social); y participación en la gestión de la enseñanza (con la nueva legislación, el papel de los ayuntamientos se reduce prácticamente a la cesión de solares para la construcción de escuelas). La nueva ley introduce en ese sentido un viraje drástico, ya que hasta ahora los ayuntamientos podían complementar a los gobiernos centrales y autonómicos en materias (que competen a estos) tan sustantivas como educación, cultura, sanidad, vivienda o medio ambiente. El nuevo texto simplemente permite que las administraciones estatal o autonómica delegue algunas competencias en los consistorios, pero (y el matiz es capital) siempre que no se produzcan «duplicidades». De este modo se cierra la puerta a que los ayuntamientos complementen o cubran lagunas que dejan las otras administraciones.
Con encendido ánimo «racionalizador», también se ponen trabas a la creación de municipios nuevos (como que la población supere los 5.000 habitantes y sean financieramente sostenibles), mientras que se favorecen, incluso con subvenciones, las fusiones municipales. Pero en el punto de mira de la ley se sitúan fundamentalmente las entidades locales menores, que pueden suprimirse (con la coartada de la «estabilidad presupuestaria») y así los servicios que prestan pasarían a manos de las Diputaciones Provinciales, que podrían privatizarlos. Pero el quid de la cuestión se halla en los montes públicos, bienes comunales y otras formas de propiedad colectiva (a veces de origen medieval), que las entidades locales menores gestionan y que constituyen terrenos muy apetitosos para proyectos de fracking, energía eólica o minería, entre otros. Podrían pasar a manos privadas para emprender negocios especulativos.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local otorga mayor poder precisamente a las Diputaciones. Y eso, explica Manuel Fuentes, «a pesar de que no son elegidas directamente por los ciudadanos» y que han acogido en la presidencia a personajes como Carlos Fabra en Castellón o José Luis Baltar en Orense. Con el nuevo texto, las diputaciones podrán coordinar servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes y prestar servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Al margen de los entresijos de la ley, sus detalles y las cuestiones técnicas, el portavoz de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, sostiene que en lo fundamental se trata de una «reforma ideológica», para «frenar cualquier intento de políticas de izquierda desde los ayuntamientos». De hecho, «se merma la capacidad política y económica de los municipios en favor de las comunidades autónomas, sobre todo en materia de servicios sociales». Otro punto oscuro del texto legal, agrega Sanchis, es que no se dejan claras las competencias de cada administración, con lo que la gestión de la «cosa pública» queda muy condicionada por el color político que gobierne en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.
La aplicación de la ley también se traducirá, subraya Amadeu Sanchis, en recortes de empleo público en los ayuntamientos o empresas públicas municipales, cuyos trabajadores han sufrido con particular dureza los despidos desde el inicio de la crisis. También dificultará la negociación colectiva entre los funcionarios municipales y el consistorio, que podrá ser bloqueada por el Interventor municipal. Se ciegan, además, los canales de participación ciudadana (por ejemplo, en las juntas de distrito) y la posibilidad de pergeñar presupuestos participativos. La nueva legislación recorta de tal modo la autonomía municipal que, quizá, el gobierno no haya calculado bien los efectos que pueda tener entre los alcaldes de su partido (el PP gobierna en la mayoría de las capitales, ciudades medianas y pequeños municipios). Pero, con independencia de cálculos pragmáticos y perspectivas electoreras, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprovecha la crisis para implementar cambios estructurales, de raíz netamente ideológica, y de difícil aprobación en otra coyuntura. Como tantos otros decretos y leyes en la «agenda reformista» de Rajoy.
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