El estado español está consiguiendo con el denominado caso «Arturo Cubillas» que las denuncias que recibe por torturas todos los años por organismos como Amnistia Internacional o el relator especial para la tortura de la ONU y que normalmente son ‘tapadas’ en los medios de comunicación, salgan a la luz en cada vez más foros. […]
El estado español está consiguiendo con el denominado caso «Arturo Cubillas» que las denuncias que recibe por torturas todos los años por organismos como Amnistia Internacional o el relator especial para la tortura de la ONU y que normalmente son ‘tapadas’ en los medios de comunicación, salgan a la luz en cada vez más foros. En Venezuela y latinoamerica las denuncias de tortura de Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, el caso de Unai Romano, la incomunicación y distintos testimonios de abogados vascos están circulando de medio en medio como nunca hasta ahora.
Además el embajador de Venezuela ante el Reyno español está de gira por Euskal Herria donde se está reuniendo con distintos partidos políticos y organizaciones sociales. Ha declarado ya ante los medios que Arturo Cubillas sería juzgado (y condenado si fuera el caso) en Venezuela si hay pruebas contundentes para ello, pero no extraditado.
Arturo Cubillas ha concedido una entrevista al periódico Ciudad Caracas que luego también ha sido difundida por aporrea en la cual niega las acusaciones vertidas contra él desde el estado español. Una entrevista sin desperdicio en la que explica como llegaron las y los refugiados vascos a Venezuela, a lo que se han dedicado, como ven el proceso político en Euskal Herria, como ven la Revolución Bolivariana… Su abogado Marino Alvarado Betancourt, de gran prestigo en Venezuela, también ha hecho pública una carta en la que explica como se ha utilizado el tema de las y los refugiados políticos vascos en Venezuela por parte del estado español. El mismo Arturo ha entregado un escrito ante la fiscalía venezolana en el que muestra se disposición e interés en aclarar las acusaciones contra él, además de aclarar también ‘cómo’ se han producido esas acusaciones en dependencias de la Guardia Civil.
El uso de la tortura por parte del estado español ha sido denunciado por Aiert Larrarte en TeleSur y en Vezenolana de Televisión entrevistaron a Xabier Arruti (vídeo aquí) y mostraron las fotos de Unai Romano antes y después de ser torturado, además el testimonio integro de los malos tratos ha sido recogido en albatv y un fiscal venezolano va a investigar las torturas denunciadas por Atristain y Besance.
Sin duda lo que empezó como una ofensiva judicial, política y diplomática contra Venezuela va a lograr, una vez más, que el olor de las cloacas del estado traspase fronteras y sea cada vez más conocido que el reyno español es el último y único reducto de la tortura en Europa occidental.
Arturo Cubillas: el derecho a la defensa
Marino Alvarado Betancourt.
Cientos de artículos de información u opinión se han escrito este año refiriéndose a la presencia en Venezuela de Arturo Cubillas de origen vasco y nacionalidad venezolana. La mayoría para sindicar a Arturo como terrorista y desde esa historia afirmar que el gobierno del Presidente Chávez es un paraíso para los terroristas. Con ello también algunos estigmatizan a la colonia vasca en Venezuela. Lo primero que hay que decir, es que los vascos y vascas que viven en Venezuela son gente de paz, trabajadora y que muchos extranjeros se mezclaron y echaron raíces en el país. En este país polarizado los hay quienes simpatizan con el gobierno y quienes simpatizan con la oposición o simplemente no les interesa nada ninguna opción. Y ante la realidad política del País Vasco, tienen igualmente opiniones diversas y se inclinan por la variedad de expresiones políticas existentes. Ciertamente en Venezuela hay un grupo de exiliados políticos vascos. Aquí vinieron a parar no por voluntad propia, sino por un acuerdo entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez en la década de los años 80 y el gobierno de Felipe González. Bien por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que siguiendo una tradición venezolana abrió sus puertas a asilados políticos. Como también los hubo de El salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina y Uruguay. No es cierto, por lo tanto, lo que maliciosamente se dice que están aquí por el gobierno de Chávez. Cuando el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia este grupo de exiliados, que son cerca de 30, ya vivían en el país y no tenían porque irse a otro lugar. Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego durante el gobierno de Caldera y durante los primeros años del presidente Chávez, este grupo de exiliados estaba obligado a presentarse cada cierto tiempo a la Disip. En varias oportunidades acompañé a algunos de ellos. Antes de Chávez algunos sufrieron el allanamiento de sus residencias sin causa justificada, como fue, por ejemplo, la vivienda de Arturo allanada en dos oportunidades sin orden judicial simplemente como una manera de hostigarlo. Aún así, ni con Carlos Andrés Pérez, ni con Caldera fueron entregados al gobierno de España pesar de las intensas presiones. El Estado español siempre ha tratado el caso de los exiliados vascos como un trofeo político a conquistar. Paradójicamente, es con el gobierno del presidente Chávez que varios vascos asilados fueron deportados de manera ilegal para que en España se les encarcelara. Víctor Galarza fue deportado de manera inconstitucional a pesar de su estadía legal en Venezuela el 02 de junio de 2002. Y Sebastián Echaniz secuestrado por la Disip y entregado a la policía española el 16 de diciembre de 2002. Precisamente por la arbitrariedad de su expulsión del país, demandé al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la contundencia de las pruebas, el gobierno suscribió un acuerdo amistoso mediante el cual se comprometió a indemnizar a los vascos y sus familias. (INFORME Nº 110/06) CASO 12.555 SOLUCIÓN AMISTOSA SEBASTIÁN ECHANIZ ALCORTA Y JUAN VÍCTOR GALARZA MENDIOLA VENEZUELA 21.10.06 Este acuerdo puede consultarse en http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Venezuela12555sp.htm. Hasta la fecha el gobierno ha incumplido el cien por ciento de dicho acuerdo.
Tengo más de doce años como defensor de derechos humanos acompañando jurídicamente a Arturo Cubillas y otros exiliados. Lo hago acogiéndome al lema que tiene la organización de la cual soy su Coordinador General (PROVEA) y donde me formé como activista: Todos los derechos para todos y todas.
Un periodista me preguntaba ¿Cómo un defensor de derechos humanos puede defender a una persona acusada de terrorista? la respuesta es sencilla, tiene los mismos derechos que cualquier otro venezolano u extranjero. Tiene el derecho a la asistencia jurídica. Tiene derecho a que se presuma su inocencia. Tiene derecho a su reputación y honor. Tiene derecho a no ser discriminado y tiene derecho a la defensa.
Quien revise mi historia como defensor podrá constar que no solo he defendido a asilados políticos vascos. Luché firmemente para que se defendieran los derechos de Cecilia Nuñez Chipana una mujer acusada de pertenecer a Sendero Luminoso quien finalmente fue extraditada en 1998 a pesar que el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura exhortó al gobierno del presidente Caldera a que no la extraditara. Me opuse al secuestro que hizo la Policía Técnica Judicial (así se llamaba lo que hoy conocemos como CICPC) de José María Ballestas acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y quien iba a ser entregado al DAS colombiano. Exigí se le hiciera un procedimiento de extradición para que tuviese derecho a la defensa. Así efectivamente se hizo. En mi condición de defensor he asistido jurídicamente a funcionarios de la DISIP, PTJ, DIM, Policía Metropolitana, Policía de Chacao, oficiales de la Fuerza Armada. A sindicalistas, a campesinos, a empresarios. También he actuado como abogado acusador de funcionarios policiales involucrados en ejecuciones policiales. Aprendí en Provea que hay que servir a todos y todas a quienes se les violenten sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación y he practicado esa enseñanza y la continuaré practicando. El pasado lunes acompañé al venezolano de origen vasco Arturo Cubillas a la Fiscalía General para que presentara su solicitud de ser investigado. Afortunadamente el Ministerio Público acogió la solicitud y designó al Fiscal Décimo Nacional Richard Monasterios. Se hizo lo correcto por parte de Arturo y también de la Fiscalía. Queda ahora que se adelanten las investigaciones. Por la historia de más de 20 años de los asilados políticos vascos quienes todo el tiempo han mantenido un comportamiento apegado a la ley venezolana, reconocido por los gobiernos antes de Chávez y en el gobierno de Chávez, estoy seguro que la investigación que iniciará el Ministerio Público confirmará dicho comportamiento. Como lo expresó Arturo Cubillas: «Nada tengo que temer y expreso toda mi disposición a colaborar con la investigación». La palabra la tiene el Ministerio Público.
CIUDADANA: FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Su Despacho
Yo JOSÉ ARTURO CUBILLAS FONTÁN, titular de la Cédula de Identidad Nº V-22.646.830, acudo ante su competente autoridad, de conformidad a lo establecido en el artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de exponer lo siguiente:
En fecha 07 de octubre de 2010, el Diario «El Nacional» publicó una nota de prensa mediante la cual expresa que mi persona impartió entrenamiento a miembros de la organización vasca «ETA». Igualmente el periódico de circulación nacional «Últimas Noticias» de esta misma fecha y año, publicó en su página 18, que el Gobierno Español a cargo del Presidente José Luis Zapatero solicitó una respuesta a las autoridades venezolanas al pedido de ayuda para investigar la presunta presencia de los miembros de la «ETA» en este país para recibir instrucción, aunado a ello el referido diario hace mención que se me atribuye la responsabilidad de coordinar las relaciones con el grupo guerrillero colombiano «FARC». Es de hacer notar, que han sido múltiples las notas de prensa mediante las cuales se me pretende atribuir haber participado en la comisión de hechos punibles, lo cual ha generado un desprestigio continuo hacia mi persona y mi familia afectando de manera considerable mi dignidad y mi reputación.
Estas publicaciones afirman la participación de mi persona en hechos irregulares, situación ésta que me ha colocado en un estado de indefensión tal, que no he podido refutar hasta la presente fecha lo dicho en los artículos de prensa antes indicados, así como muchos otros, estimando que el Órgano más idóneo, objetivo y transparente para investigar tales hechos es el Ministerio Público como director de la acción penal, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la norma adjetiva penal.
En este sentido, el artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:
«ART. 290.- Imputación pública. Quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto.»
Dichas imputaciones, como se ha expresado anteriormente afectan la dignidad de la persona humana y las diferentes garantías protectoras del Derecho a la defensa hacen que dentro del proceso penal y conforme al artículo 49 Constitucional, deba probarse fuera de toda duda la participación de una persona en un hecho punible, dado el derecho fundamental de presunción de inocencia y la aplicación del principio «in dubio pro reo». En este sentido, es importante señalar la Sentencia de la Sala Constitucional número 429 de fecha 27 de febrero de 2003, magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero mediante la cual entre otras cosas expresa lo siguiente: «…el señalado artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal, confiere a toda persona el derecho de acudir ante el Ministerio Público a objeto de solicitar la investigación de la imputación pública de la que ha sido objeto…»
PETITORIO
Conforme a todo lo antes expuesto, es por lo que le solicito muy respetuosamente lo siguiente:
1.- Designe un Fiscal del Ministerio Público, a los fines dicte el correspondiente auto de inicio de la investigación a objeto de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos imputados públicamente en medios nacionales y extranjeros, así como cualquier aspecto o actividad relacionada con mi persona.
2.- Se realicen todas las diligencias de investigación necesarias a objeto de verificar la veracidad de las supuestas declaraciones de dos ciudadanos vascos, a los que la prensa española atribuye haber estado en Venezuela y que hacen referencia a mi persona.
3.- Se practiquen todas las diligencias necesarias a los fines de establecer si estos ciudadanos de origen vasco fueron objeto de torturas o cualquier otro tipo de coacción en sus declaraciones.
4.- A tal efecto le consigno recortes de prensa en estado original de los cuales se desprende lo antes expuesto.
Sin más a que hacer referencia Atentamente
JOSÉ ARTURO CUBILLAS FONTÁN