El último informe del Síndico de Agravios, Rafael Ribó, presentado el 18 de febrero pasado al Parlamento de Catalunya, pone de manifiesto el aumento de denuncias contra los Mossos d’Esquadra por maltratos a detenidos, y también la situación no aislada, sino recurrente, de maltratos a las prisiones. De manera especial, el Síndico cita la prisión […]
El último informe del Síndico de Agravios, Rafael Ribó, presentado el 18 de febrero pasado al Parlamento de Catalunya, pone de manifiesto el aumento de denuncias contra los Mossos d’Esquadra por maltratos a detenidos, y también la situación no aislada, sino recurrente, de maltratos a las prisiones. De manera especial, el Síndico cita la prisión de Brians, todo haciendo referencia a la investigación, del todo insuficiente, según el informe, que hizo el Departamento de Justicia de la Generalitat.
No hace demasiada más tiempo, el mes de noviembre pasado, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre el Estado español titulado Sal a la herida, en qué, tras hacer un repaso exhaustivo de las carencias existentes en materia de protección contra los maltratos policiales, la organización no gubernamental exponía los relatos de numerosos casos de brutalidad policial, y denunciaba la impunidad consiguiente asociada a este tipo de delitos.
Entre estos dos acontecimientos, a comienzos de febrero de este año, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, una plataforma que agrupa una cuadragésima de entidades de todas partes del Estado español que trabajan por la erradicación de la tortura desde varios ámbitos, ha organizado unas jornadas con el objetivo de analizar los avances que se han producido al Estado los últimos dos años. Este periodo de valoración incluye la ratificación, por parte del Gobierno español, del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, y el consiguiente compromiso de creación de varios mecanismos de prevención de la tortura, tal y como se desprende de este texto legal.
Justo es decir que, contrariamente al que se podría pensar, los datos provisionales aportadas en estas jornadas sobre el número de denuncias por maltratos presentadas a lo largo del año 2007 no muestran ninguna tendencia que estas se hayan de reducir. Antes al contrario: en el caso de Catalunya, se produce un aumento de casos denunciados. El mismo presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Mauro Palma, apuntó de manera expresa que en la última visita del Comité Europeo habían podido comprobar como «se empleaban de manera abusiva los medios coercitivos a las prisiones catalanas». La cifra más escalofriante la dan las más de 4.000 denuncias acumuladas en este siglo, una cantidad de casos que es cada vez más difícil de esconder y que requiere medidas urgentes y eficaces por erradicar la práctica.
Aun así, las autoridades continúan actuando de manera tímida y expresando dudas sobre la existencia de esta violencia institucional. Hace muy poco, la Secretaría de Ejecución Penal de la Generalitat de Catalunya archivó toda una serie de denuncias provenientes de la prisión de Can Brians que, paradójicamente, son las mismas denuncias que apunta el Síndico de Agravios en su último informe como casos que se cerraron prematuramente sin argumentaciones ni garantías claras.
En la misma línea, la respuesta del Departamento de Justicia a las peticiones enviadas de organismos de derechos humanos catalanes por visitar las prisiones por tal de poder entrevistar- se con los internos que lo han pedido por escrito ha sido la prohibición rotunda que se hagan estas visitas. El argumento esgrimido por las autoridades es que todavía no se ha implantado el mecanismo nacional de prevención previsto al protocolo de la ONU antes mencionado.
Hace falta recordar que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura presentó y hizo pública hace más de un año una propuesta de diseño de mecanismo catalán para la prevención de la tortura que se ajustaba a la línea y el espíritu apuntados por el texto del protocolo facultativo. Una propuesta de mecanismo que ha sido presentada a diferentes instancias institucionales y políticas del país. En este sentido hizo llegar, también, una petición de comparecencia ante de la Comisión de Justicia del Parlamento, con el objetivo de explicar a los diputados la propuesta mencionada, petición que no ha sido nunca ni siquiera contestada.
Mientras tanto los casos de denuncias por maltratos se acumulan, la población reclusa aumenta sin cesar y los informes provenientes desde varias instancias se multiplican, pero la realidad que estos informes revelan es negada por las autoridades, temoroses de las protestas y con miedo que determinadas organizaciones sindicales paralicen la vida institucional. Una actitud, esta, que pone de manifiesto la ausencia de una auténtica voluntad política de luchar contra un azote que persiste y que aumenta de una manera alarmante.
Se hace difícil aceptar que la dinámica política del país, embrancada en continuas contiendas electorales y equilibrios de fuerzas por gestionar el poder, tenga en matè- ría de derechos humanos una asignatura pendiente todavía, como es la práctica de la tortura y la existencia de maltratos. Se hace difícil aceptar que, todo y tener el Gobierno catalán las competencias en materia de prisiones, centros de reclusión de menores, Mossos d’Esquadra y policía local, todavía no se haya empezado a implantar el mecanismo catalán de prevención, tal y como emana del mandato del protocolo facultativo aprobado por el Gobierno español ahora hace más de un año.
*Iñaki Rivera y Ramón Piqué son miembros de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.