El sistema electoral español diseñado en la transición para restar representación al Partido Comunista de España (PCE) es uno de los menos proporcionales de Europa. Los efectos que se perseguían sobre el sistema de partidos eran establecer un bipartidismo casi perfecto y reducir la capacidad de influencia política de los comunistas en la sociedad. La […]
El sistema electoral español diseñado en la transición para restar representación al Partido Comunista de España (PCE) es uno de los menos proporcionales de Europa. Los efectos que se perseguían sobre el sistema de partidos eran establecer un bipartidismo casi perfecto y reducir la capacidad de influencia política de los comunistas en la sociedad.
Lo cierto es que en todas las convocatorias electorales celebradas existe una desproporcionalidad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos por los partidos, por eso se puede afirmar, desde la razón y con claridad, que el sistema electoral no es justo ya que no refleja de forma proporcional y transparente las preferencias de la sociedad, y se puede denunciar la escasa calidad democrática del sistema político español por este y otros motivos.
La tendencia actual es hacia el bipartidismo «perfecto», se acentúa aún más por la nueva forma de hacer política impuesta por el neoliberalismo, por la cada vez mayor influencia de poderosos grupos empresariales y por la concentración y manipulación de los medios de comunicación, por la uniformidad de discursos y mensajes en torno a la polarización política entre PSOE y PP, y por el creciente abstencionismo relacionado sin duda con los procesos de desmovilización social y despolitización general a consecuencia del agotamiento del actual modelo de democracia representativa.
Los partidos mayoritarios se verán siempre beneficiados con las actuales reglas de juego, mientras que los partidos de tamaño medio como IU resultan perjudicados, y pueden llegar a convertirse en residuales o incluso desaparecer, como ocurrió con el CDS hace años. El sistema es formalmente proporcional pero en la realidad todos los índices lo sitúan como uno de los menos proporcionales de Europa, casi al mismo nivel, según algunos autores, que el sistema francés y el británico, que son mayoritarios.
No existen, sin embargo, las condiciones objetivas para que el sistema pueda cambiarse puesto que paradójicamente los perjudicados carecen de la representatividad y fuerza necesarias. Además, los partidos políticos mayoritarios se encuentran satisfechos con la actual ley electoral ya que son los principales beneficiarios de las actuales reglas del juego y para realizar una reforma es necesaria la modificación de leyes fundamentales que por el procedimiento y por la situación política parecen intocables.
Por tanto parece que hay pocas alternativas que no sean cambiar las reglas del juego, y con la actual correlación de fuerzas esto sólo es posible situándose en el límite o al margen del sistema. Quiza sólo sea posible a través de la reivindicación de un proceso constituyente que desde la legitimidad construya una nueva legalidad republicana más humana y más democrática como una forma de superación del actual sistema.
La trampa electoral contra la izquierda transformadora
Nuestro sistema electoral se diseñó para que el Partido Comunista de España (PCE) no pudiera ganar nunca unas elecciones y reducir su representación, así lo admitió recientemente Herrero de Miñon, su creador, por eso no arroja unos resultados proporcionales. La distribución de escaños entre circunscripciones es proporcionalmente injusta, y las diferencias entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada partido evidentes, fundamentalmente en el caso de Izquierda Unida que se ve enormemente perjudicada por el actual sistema.
Sin embargo no es la fórmula electoral, la ley D’Hondt, el elemento que más nos perjudica ya que su impacto es limitado. Más bien se trata de un conjunto de factores, siendo uno de los principales el tamaño de las circunscripciones y la asignación inicial de escaños (prorrateo) a las mismas. Estos son los verdaderos responsables del déficit de representatividad de Izquierda Unida en las elecciones.
Las leyes establecen que la circunscripción debe ser la provincia. Como en la mayoría de las provincias se eligen entre 3 y 6 diputados solamente, resulta imposible conseguir en dichos territorios un resultado proporcional, puesto que el número de escaños a repartir es muy pequeño. Los electores de estas circunscripciones de baja magnitud, como comportamiento estratégico, muchas veces renuncian a votar a su partido de preferencia cuando aparece sin expectativa de obtener escaño, haciéndolo a favor de otra fuerza con más probabilidad de éxito.
En cuanto a la distribución inicial de escaños por provincia, con el actual sistema de distribución se produce una sobre-representación de las provincias menos pobladas y, a la inversa, una infla-representación de las más pobladas. Ello es debido a la representación mínima inicial de 2 diputados establecida por la Ley Electoral. Se introduce con ello una desproporcionalidad que luego no puede equilibrarse con el reparto del resto de escaños en función del número de habitantes de cada provincia. La Constitución deja un margen para fijar el número de diputados en una cifra que se sitúe entre un mínimo de 300 y un máximo de 400 lo que puede influir en el futuro, si se amplia el número de parlamentarios de la cámara, en el tamaño de las circunscripciones.
Por último, como se sabe, se aplica la fórmula D’Hondt. Pero por muy proporcional que fuera la fórmula a aplicar, si sólo tengo tres o cuatro escaños para repartir, es imposible poder otorgar representación a todos los partidos; los escaños se distribuirán entre las fuerzas mayoritarias. No obstante, siempre se podrían aplicar otras fórmulas electorales muchos más proporcionales y respetuosas con las minorías como la Sainte-Laguë o la fórmula de «hare» o cuota simple.