En plena crisis de legitimidad marcada por el descalabro del proyecto de Constitución Europea, a medio camino entre el desasosiego y el pánico, los líderes mediáticos y mercocráticos de la UE continúan juzgando a Cuba para satisfacer a los EEUU. Utilizan para ello un documento elaborado y aprobado en 1996 a propuesta del entonces presidente […]
En plena crisis de legitimidad marcada por el descalabro del proyecto de Constitución Europea, a medio camino entre el desasosiego y el pánico, los líderes mediáticos y mercocráticos de la UE continúan juzgando a Cuba para satisfacer a los EEUU. Utilizan para ello un documento elaborado y aprobado en 1996 a propuesta del entonces presidente del Gobierno de España, José María Aznar, que es muy crítico contra Cuba. El documento -denominado Posición Común- realiza acusaciones contra la Isla por supuestas violaciones de los derechos humanos que son utilizadas sistemáticamente por los Estados Unidos.
Descartados los derechos relativos a la vida, la salud, el amparo, el trabajo, la integración social, la cultura y la educación, del catálogo de derechos humanos que tienen que ver con la función del estado, consideradas las políticas que los garantizan como «interferencias públicas indeseables», identificados los derechos humanos con la Libertad de Bush -«libre comercio, libre mercado, como principios morales»-, es claro que no es difícil condenar a Cuba. Así lo hacen los gobiernos europeos que han caminado a marchas forzadas desde el estado de bienestar hasta el liberalismo puro y duro.
No obstante el fracaso de la política de coacciones ha llevado a la UE a concluir la política de «sanciones diplomáticas», de promoción de la llamada «disidencia», y de interferencia directa en los asuntos internos de Cuba. Tal política fue aprobada el día 5 de junio de 2003 a raíz de la detención de «disidentes», organizados, financiados, bautizados y dirigidos desde la Sección de intereses de los EEUU.
Este hecho de la creación de «sociedad civil» y de la formación, proyección pública y manipulación de la «disidencia» ha sido puesto en evidencia durante los últimos años. No sólo se trata de la aportación de Cuba de documentación que vincula la creación, financiación, coordinación, y los criterios para el trabajo político de los grupos disidentes, a la Secretaria de Estado del gobierno de Washington. El «papel» de la disidencia está determinado en las leyes y planes norteamericanos como la Helms Burton y el Informe de la comisión para la Asistencia a una Cuba Libre. Algunos sucesos públicos han puesto de manifiesto el desprecio mutuo de los «disidentes» y de los EEUU por la soberanía de Cuba. Por otro lado, el «caso Posada Carriles» ha demostrado en las últimas semanas la implicación de los sucesivos gobiernos estadounidenses en acciones terroristas planificadas durante más de cuarenta años.
Uno de los fragmentos de la resolución en Luxemburgo señala la disposición de la UE «a mantener un diálogo constructivo con las autoridades cubanas sobre una base recíproca y no discriminatoria con vistas a alcanzar resultados tangibles en los ámbitos político y económico y en los de derechos humanos y la cooperación».
La actual política de «diálogo estable» será de nuevo revisada en junio de 2006.