La aparente tranquilidad en las universidades españolas tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior es bien engañosa. La situación dista mucho de la aparente calma; de hecho, en nuestras universidades, está ocurriendo todo lo contrario. Durante los últimos meses están apareciendo la concreción del proceso de privatización y mercantilización de la universidad iniciado […]
La aparente tranquilidad en las universidades españolas tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior es bien engañosa. La situación dista mucho de la aparente calma; de hecho, en nuestras universidades, está ocurriendo todo lo contrario. Durante los últimos meses están apareciendo la concreción del proceso de privatización y mercantilización de la universidad iniciado ya en el año 2001 con la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La llamada «gobernanza» es ahora la (contra)reforma que se quiere lanzar contra las universidades públicas.
Hace menos de un año, en el 2009, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presidida por Ana Patricia Botín, y la Conferencia de Rectores de España (CRUE) sacaban a la luz el documento titulado «Estrategia Universidad 2015: la gobernanza de la Universidad y sus entidades de investigación e innovación». Nada más lejos de ser una simple propuesta o estudio, el Informe encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación será la hoja de ruta a partir de 2010 en la profundización de todos los procesos de reforma universitaria a los que se hacía referencia anteriormente. En él se hace referencia a la nueva realidad socioeconómica a las que debe adaptarse la universidad: «la Universidad como motor para salir de la crisis. Es el nuevo papel que ha de asumir esta institución para afrontar los desafíos que se le presentan. A partir de ahora deberá afrontar una serie de cambio estructurales, que pasan por promover un modelo de gobernanza universitaria más profesional y eficiente, con una mayoría de miembros externos en los órganos que tengan competencia para designar al rector […]».
Afirmaciones de este tipo han venido en las últimas semanas de la mano de los Presidentes y las Presidentas de los Consejos Sociales de las universidades catalanas a raíz de la actual situación que ocupa a la Universidad de Barcelona con motivo de las continuas maniobras desleales del Presidente de su Consejo Social, Joaquim Coello Brofau.
Joaquim Coello, es uno de los hombres de confianza del hasta ahora Conseller d’Economia del Govern de Catalunya, Antoni Castells (PSC), en la Universitat de Barcelona; también es conocido por la gestión de entidades con participación pública (como la Agencia Portuaria), y actualmente conseller de la Generalitat en el Consejo Administrativo de Spanair, empresa de aviación rescatada por el gobierno catalán en el 2009. Además, es directivo de la empresa Applus+, corporación de la que un 70% del capital pertenece a Carlyle Group, compañía de la cual fue directivo George H. W. Bush y George W. Bush.
La actividad de Joaquim Coello en la Universidad de Barcelona dista mucho de acometer el objetivo de «establecer puentes con la sociedad», tal y como le corresponden a los Consejos Sociales de las universidades españolas con el actual ordenamiento jurídico. Desde que Coello fue nombrado Presidente del Consejo Social de la UB, éste órgano se ha convertido en distorsionador de la gobernabilidad de la universidad. En repetidas ocasiones el Presidente del Consejo Social ha obstaculizado la efectiva disposición de acuerdos tomados en el Consell de Govern, provocando así un claro ataque a la autonomía universitaria. Uno de los ejemplos más claros de este ataque es el protagonizado por el conflicto con el Personal de Administración y Servicios (PAS) al negarse en repetidas ocasiones en incluir en el orden del día de los plenarios del Consell Social la ratificación de un acuerdo aprobado en Consell de Govern y que recogía los acuerdos firmados por la gerencia, la Junta de PAS y las organizaciones sindicales por las que se valoraban varias plazas de la RLT (Relación de Plazas de Trabajo).
Coello, tal y como él mismo reconocía en el discurso realizado en la apertura del actual curso académico, tampoco ha sido capaz de acometer la tarea de acercar la universidad a la sociedad. Ha sido incapaz de conseguir un incremento de la financiación pública para la UB; es más, tampoco ha conseguido que la Generalitat reconociera la enorme deuda que tiene con la Universidad de Barcelona, todo y reconociendo él mismo el enorme déficit que la UB tiene y que algún día habrá que pagar. En vez de orientar su actividad a resolver estas cuestiones, Joaquim Coello, al poco tiempo de su nombramiento -desde la Generalitat- como Presidente del Consell Social encargó a la empresa KPMG un Plan de «estabilización» presupuestaria para que la UB pudiera hacer frente a su histórico déficit y el contexto de crisis global. En este Plan se establecían criterios para una mayor racionalización de los recursos de la universidad: cierre de bibliotecas, fomentar la precarización entre el PDI y PAS, congelar la creación de puestos de trabajo de funcionariado, la privatización encubierta de servicios, etc.
Además de todo ello, durante las últimas semanas la opinión pública catalana ha podido conocer un documento que data de Julio de 2010, «Propostes del model universitari català». Realizado por los Presidentes de los Consejos Sociales de todas las Universidades Catalanas (UPF, UdL, UPC, URV, UDG, UAB, UB) y con Joaquim Coello como uno de sus promotores, es la concreción de la (contra)reforma del «ineficiente» sistema de gobierno de las universidades públicas, resultando ser uno de los mayores, y más explícitos ataques a las Universidades en el marco estatal.
Este documento aboga por «facilitar mecanismos que proporcionen autoridad a los máximos responsables en la dirección y la gestión de las universidades». Para ello proponen la sustitución del Claustro -máximo órgano decisorio actual y que lo componen profesores, estudiantes y trabajadores- por un Consejo Superior, «órgano de gobierno y de máxima responsabilidad de la Universidad […] Formado por un nombre reducido de miembros, no superior a 15, con una mayoría de representantes de la sociedad, con funciones como elaborar y aprobar el presupuesto, elaborar y aprobar estatutos y supervisar y evaluar la calidad (docencia, investigación y transferencia) docente, teniendo que rendir cuentas al Parlamento de Catalunya». En materia de financiación, por ejemplo, se promueve una reducción de la financiación básica (financiación pública) a favor de la «financiación estratégica» que se está encarada a un mayor peso a la investigación y gestión dejando tan solo al 35% el aporte en docencia, socavando así el carácter público de la Universidad y situándola en el centro de las exigencias propias del mercado.
Reunidos el 30 de noviembre en Consell de l’Alumnat los y las estudiantes miembros del Claustro de la UB tacharon la situación de claro ataque a la autonomía universitaria y al carácter público de la Universitat de Barcelona. En este contexto, y con el agravamiento de la situación tras la publicación del documento sobre la (contra)reforma universitaria, los estudiantes de la UB decidieron exigir la dimisión de Joaquim Coello. El mismo Coello, y a espaldas de los mecanismos orgánicos que establece la universidad, envío una carta a miembros del Claustro para desmentir las acusaciones lanzadas hacia él, con la clara intención de condicionar el voto, aunque admitiendo que ponía a disposición del claustro su Cargo como Presidente del Consell Social.
Hasta el día de la celebración del Claustro, con fecha para el 17 de diciembre, los medios de comunicación iniciaron una campaña de ataque contra el actual sistema universitario y apoyo explícito a Joaquim Coello. La patronal catalana Foment de Treball, dando una muestra más de intromisión en la vida interna de la universidad, ha animado públicamente a Coello a continuar en su cargo, y la misma mañana de la celebración del claustro, PIMEC a través de una notificación, catalogó esta situación como impropia y presionó al rector de la UB para que no se permitiera la destitución de Coello.
Durante la celebración del Claustro y con la intención de que la votación tuviera la menor legitimidad posible, un sector consiguió retrasar la votación de la destitución de Coello, produciéndose así con menos de 100 personas presentes. A pesar de ello, y en votación secreta, 63 personas votaron a favor de la dimisión de Coello, 13 en contra y 14 en blanco. Lo que deja claro estas cifras es que el descontento no tan solo proviene de los estudiantes, puesto que representan tan solo el 10% del total del claustro, ni tampoco del personal no docente, que suman un 20%, sino que se trata de una opinión mucho más generalizada también entre el profesorado de la UB. Los y las estudiantes, en su resolución presentada, además de pedir la dimisión de Coello también incorporaban la posibilidad de que el rector de la UB presionará a la Generalitat para hacer efectiva su destitución en caso que esta no se produjera «por voluntad propia». Será en las próximas semanas en que se sepa la decisión de Coello. En los últimos días el Rector sí que se ha mostrado con una actitud firme ante la decisión del Claustro y decidido a presionar a la Generalitat. De momento depende del propio Coello, aunque en algunos medios de comunicación ya ha mostrado su negativa a dejar el cargo.
Después de la implantación del Espacio de Europeo de Educación Superior (EEES), la situación que se ha vivido en la UB es el primer caso explícito de ataque contra el actual sistema de gobierno de una Universidad pública. Son unos actores bien determinados y con claro interés particular quienes propugnan una (contra)reforma universitaria. La democracia y la autonomía no pueden ser ajenas a una institución pública como es la Universidad. A pesar de las claras deficiencias democráticas de los actuales órganos de gobierno de las universidades españolas, cualquier proceso de modificación del funcionamiento u objetivos docente-investigadores debe llevarse a cabo desde la propia universidad. Debe ser fruto de un proceso deliberativo, en que toda la comunidad universitaria pueda ejercer libremente su opinión y ser partícipe de la decisión final. La iniciativa de los y las estudiantes, y la decisión del claustro de la UB representa la oposición frontal a este tipo de injerencias y (contra)reformas universitarias. Es un ejemplo de gran utilidad, muy valioso para las diferentes luchas que se están llevando a cabo y continuaran llevándose en las universidades catalanas y en el resto del Estado español en la construcción de una universidad realmente pública.
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