Continuamos con el análisis de la posición de las diferentes clases sociales frente al paro agrario. Es básico para orientarnos hacia el futuro, pensando en cuáles son las clases sociales que garantizan y sustentan cambios estructurales en nuestro país. Ya vimos la inconsecuencia y debilidad de la «burguesía nacional agraria». Los grandes empresarios agrícolas luchan […]
Continuamos con el análisis de la posición de las diferentes clases sociales frente al paro agrario. Es básico para orientarnos hacia el futuro, pensando en cuáles son las clases sociales que garantizan y sustentan cambios estructurales en nuestro país.
Ya vimos la inconsecuencia y debilidad de la «burguesía nacional agraria». Los grandes empresarios agrícolas luchan tímidamente por subsidios estatales pero sin cuestionar el modelo neoliberal. A regañadientes discuten algunos aspectos de los TLCs pero sólo como estrategia para negociar políticas puntuales que los beneficien. Dada su debilidad económica y política, se subordinan a los intereses de la burguesía transnacionalizada con quien tienen intereses intricados y una absoluta dependencia financiera. Cuando el pueblo desarrolla la lucha revolucionaria contra los TLCs y la política neoliberal, asume una posición reaccionaria y se traiciona fácil y cínicamente. [1] El paro agrario desnudó su verdadera naturaleza así algunos sectores de izquierda sigan forzadamente queriendo tapar esa realidad. [2]
El resto de clases dominantes
La burguesía transnacionalizada – sector hegemónico dentro de la oligarquía y principal sostén del presidente Santos -, sabía que en este paro se jugaban asuntos trascendentales de su política neoliberal. Se opuso abiertamente al movimiento pero calculó mal su potencia. Se apoya principalmente en los «cuadros renegados de la izquierda» (los Garzones) para dilatar, desgastar y engañar a las comunidades campesinas movilizadas, mientras en paralelo recurre a la fuerza militar, a la provocación vandálica y a la calumnia para aislar el movimiento. Hábilmente se apuntala en los acuerdos de La Habana (con la guerrilla) para seguir promoviendo su modelo agro-exportador neoliberal como lo comprueba el nombramiento de Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma, en el ministerio de Agricultura.
La burguesía transnacionalizada – para salir del paso y darle aire a su Presidente – lanza como salvavidas el denominado «Pacto Agrario» para: «i) legitimar una política orientada a industrializar la agricultura con modelos de producción de capital intensivo; ii) mantener lo pactado en el TLC, a costa de la seguridad y soberanía alimentarias; iii) apaciguar el descontento campesino con medidas transitorias que no resuelven el problema de fondo, y iv) legalizar un delito (la adquisición indebida de grandes extensiones de tierra en la altillanura del Orinoco y otras regiones por parte de grandes conglomerados capitalistas). [3]
De igual manera y dentro de la misma estrategia engañosa, la burguesía transnacionalizada fortalece su alianza con la burguesía burocrática para aparentar un giro hacia el «estatismo» [4] , como lo evidencia el nombramiento de Amilkar Acosta como ministro de Minas y Energía y de Alfonso Gómez Méndez en el ministerio de Justicia, ambos de la línea de Ernesto Samper, con amplia experiencia gubernamental y legislativa, hábiles y ágiles para presentarse como «políticos independientes y cercanos a los sectores populares».
Es así como la burguesía burocrática tradicional vuelve a entrar con fuerza en escena después de haber sido medianamente vapuleada durante los 8 años del gobierno de Uribe, quién hábilmente trató de reemplazarla con su propia cauda de burócratas corroídos por el paramilitarismo creando una nueva delincuencia de «cuello blanco». Ésta se puso al servicio de un sector de la burguesía que aspiraba a consolidarse a la sombra del Estado, usando los dineros públicos tanto para el sector agrario (Agro Ingreso Seguro AIS) como para obras públicas con contratistas del tipo de William Vélez, los hermanos Nule, los Ríos Velilla, socios y demás compañías.
Ésta burguesía burocrática se muestra de acuerdo con las reivindicaciones campesinas, especialmente las planteadas por la MIA, dado que les interesa aprovechar la crisis del sector agropecuario para – a la sombra de su alianza con la burguesía transnacionalizada – recuperar algunas funciones del Estado que fueron arrasadas durante el auge neoliberal, pero no para beneficiar realmente a los campesinos sino para ampliar su influencia en el Estado y atenuar levemente las contradicciones sociales (eran las intenciones de Ernesto Samper durante su gobierno (1994-1998) pero su debilidad política por haber recibido dineros del narcotráfico durante la campaña electoral, le impidieron cualquier tipo de iniciativa «estatista», siendo presionado y neutralizado por el imperio). Ahora esa burguesía burocrática es mucho más débil, condicionada y subordinada a los intereses de la burguesía transnacionalizada, con la cual tiene intereses entrecruzados.
Todos los planes que se hacen para la etapa del post-conflicto van en esa dirección. La burguesía transnacionalizada sabe – y lo acaba de comprobar con el paro agrario – que debe ceder algunas zonas del campo colombiano, no estratégicas ni determinantes (baldíos y áreas ocupadas por campesinos colonos en los departamentos periféricos), para que algunos sectores rurales sean los receptores de los integrantes de la insurgencia (combatientes y milicianos), conformar algunas Zonas de Reserva Campesina (o el nombre que inventen para camuflar los acuerdos con la guerrilla ante la presión de la derecha), para lo cual se requieren inversiones gubernamentales e instituciones estatales. Paralelamente van a avanzar con su proyecto neoliberal de grandes extensiones agro-industriales utilizando la modalidad de la «nueva aparcería» con la forma de «alianzas productivas entre empresarios y campesinos», ya practicadas por Indupalma, Cartón Colombia y Asocaña. Esos grandes proyectos ya tienen garantizada la inversión extranjera en producción y la inversión nacional (estatal) en infraestructura como carreteras, energía eléctrica, etc.
En ese sentido se hacen todos los esfuerzos para convencer a los grandes terratenientes para que acepten esa receta garantizándoles la protección a la propiedad privada como ya está concertado en el acuerdo con las FARC. La burguesía burocrática termina siendo la bisagra para cooptar a las masas campesinas – sobre todo en las de zonas de colonización – mientras los grandes sacrificados serán los sectores agrarios productores de cultivos permanentes y transitorios (café, papa, panela, pequeña ganadería, arroz, cacao, frutas y hortalizas), a los cuales se les ofrecerá la política de asociación campesino-empresarial una vez su quiebra sea inevitable.
Los grandes terratenientes, muchos de los cuales son de origen «narco», algunos de los cuales posan de «ganaderos», tienen una posición dual. Frente al movimiento agrario de las «dignidades» aparentaron apoyar y asumieron la misma posición timorata y oportunista de la «burguesía nacional». Pero frente al movimiento de la MIA su posición era radicalmente opuesta, acusaban a las FARC de estar detrás de los campesinos colonos y jornaleros cocaleros, de estar presionándolos y de convertirlos en herramientas para estirar los acuerdos de La Habana en aras de obtener la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina para convertirlas en «repúblicas independientes». Santos y los ministros de Agricultura y Defensa utilizaron esos mismos argumentos para enfrentar el paro del Catatumbo. Decididamente los grandes latifundistas se oponen a una reforma agraria democrática, temen ser afectados por una política que liquide el gran latifundio, especialmente el improductivo, lavadero de activos dedicado a la especulación de la tierra.
Por el lado de los industriales no se han pronunciado unificadamente. Están fuertemente divididos como se ve en lo que ocurre en la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Por un lado están los que ya son afectados por los TLCs, y por el otro, los que pretenden aprovechar el «libre comercio», que son empresarios vinculados e imbricados con las grandes transnacionales, se benefician de grandes negocios de importación y están completamente subordinados a la burguesía transnacional. Los industriales «nacionales» tienen una posición muy débil, similar a la de los empresarios del campo, temen una lucha abierta contra los TLCs porque son muy dependientes de la economía internacionalizada y además son temerosos frente a los avances políticos del pueblo y los trabajadores.
La pequeña-burguesía
Las clases medias (pequeña burguesía alta, media y baja), pequeños y medianos industriales, comerciantes, ejecutivos de empresas, profesionales, intermediarios de todo tipo, tienen posiciones encontradas. Los de la «alta» obtienen sus ganancias en alianza subordinada con la gran burguesía, defienden el estatus quo y confían en adecuarse al «libre comercio» y seguir progresando. La «media» ya siente las afujías y la presión de la competencia internacional y descarga todo el peso del apremio sobre los trabajadores. La «baja» es uno de los sectores más golpeados con los TLCs, está en proceso de proletarización y definitivamente estuvo – de opinión – al lado de los campesinos, pero en una actitud pasiva. Sus gremios (como ACOPI) están controlados por el Estado y recién empiezan a organizarse con cierta independencia y autonomía.
Los sectores populares y los trabajadores
Ahora veamos la actitud de los sectores populares. Los obreros centralizados [5] saben que los TLCs vienen acabando con las industrias nacionales pero están a la defensiva protegiendo su estabilidad. Los trabajadores del Estado (especialmente trabajadores de la salud, educación y sectores estatales como la USO), se solidarizan con el paro pero muy al estilo de lo que hicieron los transportistas, para obtener frutos sectoriales de la lucha. Se debe destacar el paro de solidaridad de un día protagonizado por los trabajadores petroleros, pero no deja de ser una excepción dentro de la regla. Las direcciones sindicales, muchas de ellas colaboracionistas con el gobierno, no se han comprometido a fondo en aprobar una plataforma de lucha realmente revolucionaria [6] por cuanto le temen a un movimiento transformador que los corra de sus puestos burocráticos. Las bases de estos trabajadores en muchas regiones presionaron a su dirigencia para desarrollar una solidaridad más activa con el paro agrario, pero la orientación economista y estrecha que predomina en esos sindicatos les impidió hacerlo. Además, vemos cómo estos sectores de los trabajadores estatales luchan contra las privatizaciones con una visión muy estrecha y «estatista» (proteger su estabilidad laboral). Simultáneamente la política criminal del Estado ha debilitado sus organizaciones y ha destruido sindicatos, asesinando dirigentes y promoviendo la contratación precaria y tercerizada. Así mismo, durante sus mejores épocas, estas organizaciones no pudieron comprometerse a fondo con una verdadera lucha por transformar los servicios de educación y de salud públicas, y por tanto no construyeron lazos firmes de unidad con las comunidades usuarias de los servicios estatales. La forma como se manejó el reciente paro de los educadores es reflejo de esa situación.
El proletariado «precariado» en sus dos manifestaciones tiene posiciones diferentes. Los trabajadores especializados en áreas como la tecnología y las comunicaciones, así como profesionales y técnicos en diferentes áreas, todavía tienen la expectativa de que los TLCs traigan al país inversión extranjera y se les mejore la oferta de trabajo. Sin embargo, los más jóvenes están observando cómo crece el desempleo y empiezan a cuestionarse sobre su futuro. Poco a poco van entendiendo que sólo el desarrollo de una industria nacional es la verdadera solución. El otro sector de precariados son los trabajadores menos cualificados del campo y de la ciudad, trabajan a destajo, con contratos temporales de infinidad de modalidades, están en el borde de la informalidad. Allí están los moto-taxistas y vendedores ambulantes que la mayor parte de las veces se solidarizan con los paros pero también – cuando les afecta su bolsillo por la extensión en el tiempo del paro – tienden a oponerse por cansancio o a participar en saqueos como ocurrió en algunas ciudades. Hay todo un trabajo por hacer al interior de estos trabajadores.
El proletariado cocalero, llamado «raspachines», que ha sido muy activo en el paro agrario nacional al lado de los campesinos colonos, va a ser otro sector fuertemente golpeado por la política del gobierno. Tiene al frente tres caminos: convertirse en campesino beneficiario de los programas que está ideando el gobierno para zonas de reserva campesina, que van a ser proyectos limitados y demagógicos como lo comprueban los programas fracasados que se montaron para los desmovilizados de las «autodefensas» paramilitares. También pueden migrar a las ciudades o desplazarse a nuevas zonas de colonización que van a surgir necesariamente como parte de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, en donde se establecerán nuevos cultivos de coca si no se avanza hacia efectivas políticas de regulación y legalización de las drogas, única forma de acabar con esa economía ilegal. Cualquier camino que escojan los jornaleros cocaleros los llevará inevitablemente a la organización y a la lucha, unos más inmediatos que otros, porque al final no dejarán de ser parte de los trabajadores subordinados al poder del capital.
Conclusión
Podemos concluir que la burguesía transnacionalizada al frente de los demás sectores de las clases dominantes tiene una estrategia para involucrar en su alianza a los campesinos de las zonas de colonización, o por lo menos, a los sectores que han capitalizado sus fincas con base en la economía del narcotráfico y están dispuestos a integrarse a la economía formal y al mercado. Para ello el Estado requiere fortalecer las inversiones gubernamentales lo que hace que siga cargando con más impuestos a las «clases medias», como lo ha planteado con el mantenimiento del impuesto del «cuatro por mil» [7] y ya lo hizo con la reforma tributaria.
Para el resto del campesinado está el sendero de la quiebra y la «nueva aparcería» (alianzas productivas entre empresarios y campesinos). La burguesía «nacional» agraria tendrá necesariamente que hacer una reconversión productiva, integrándose a los proyectos agro-industriales en productos como la palma africana, la caña de azúcar, los cafés robustas, los cultivos forestales y la ganadería intensiva con altos niveles de tecnificación e inversión financiera. No tienen otra salida aunque tratarán de patalear y utilizar a los trabajadores y a los campesinos pobres, posando de luchadores por los intereses nacionales para negociar en mejores condiciones con la burguesía transnacional.
Estas contradicciones de clase que hemos visualizado se reflejarán necesariamente en la depreciación del valor de la mano de obra, la sobre-explotación de los trabajadores, y el empobrecimiento de importantes sectores de las clases medias. La inversión extranjera a manos de los conglomerados plutocráticos capitalistas tanto en el sector agropecuario como en el minero, turismo y otras esferas de la producción, necesita con urgencia de esas condiciones laborales y tributarias óptimas para obtener las ganancias que les exige la crisis mundial del capitalismo. No vienen por que sí, no son filántropos. Vienen por ganancias y control territorial.
Estas circunstancias obligan a los trabajadores a desechar ilusiones con respecto a la eficacia de hacer alianzas con algunas fracciones de la oligarquía. Es urgente y necesario fortalecer la alianza entre los trabajadores y los campesinos pobres, para atraerse a las capas medias de la población que ya están siendo afectadas por las políticas del régimen oligárquico y neoliberal.
En Colombia se están generando condiciones propicias para dar un salto cualitativo en las luchas de los pueblos de América Latina. Garantizar la autonomía e independencia de clase de los trabajadores y campesinos pobres (semi-proletariado) es vital para convertir la crisis económica y social en crisis revolucionaria y ponernos a la cabeza de la revolución social.
La lucha ideológica al interior de la Izquierda y de las organizaciones populares es la tarea inmediata para librarnos de todo tipo de conciliadores y oportunistas que han posado de «demócratas», «estatistas», «sociales» y demás formas de camuflaje, pero que consciente o inconscientemente se ponen al servicio de los enemigos del pueblo.
La revolución democrático-nacional y anti-neoliberal en Colombia (que está en desarrollo y tal parece que va a ser por vías pacíficas y «civilistas») puede ser transformada en un período relativamente corto en una revolución social anti-capitalista. Lo haremos en la medida en que nos sintonicemos con las únicas clases que objetiva y materialmente necesitan cambios estructurales. Es necesario reconstruir la corriente revolucionaria de los trabajadores que desde los años 30s del siglo pasado (XX) fue abortada por la imposición de la política de colaboración de clases. Sólo así podremos darle respuesta al nuevo proletariado que está emergiendo y a los campesinos pobres que acaban de realizar una de las gestas rebeldes más importantes de nuestra reciente historia.
Nota: En un capítulo especial trataremos lo que ocurrió con el movimiento indígena, especialmente con el CRIC en el Cauca y un sector campesino afín a sus orientaciones, dirigido por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, a su vez orientado y asesorado por el Coordinador Nacional Agrario CNA.
NOTAS:
[1] Ver: Dorado, Fernando. «Lecciones del paro nacional agrario (1): Hora de la audacia revolucionaria».
[2] Ver: Robledo, Jorge Enrique. «Los TLCs hay que renegociarlos». http://www.moir.org.co/Los-
[3] Comentario de Flavio Pinto Siabatto, Investigador PIK, Instituto Potsdam de Investigación en Cambio Climático en La Silla Vacía.
[4] Política «estatista» es aquella que pretende revivir el «Estado de Bienestar» como una forma de defensa de algunas conquistas de los trabajadores estatales, pero sin cuestionar para nada el sistema capitalista. La burguesía burocrática también juega con esa política pero en ésta etapa del desarrollo del capitalismo mundial sólo sirve como carta distractora y demagógica frente al avance revolucionario de los trabajadores y los pueblos. En Venezuela, Ecuador y Bolivia esa burguesía burocrática se camufla y está causando graves problemas al interior de los gobiernos «progresistas».
[5] Se entiende por obreros «centralizados» aquellos pocos trabajadores que ocupan un lugar especializado en las escasas fábricas que todavía quedan en Colombia. Laboran en las líneas de montaje, tienen convención colectiva, la mayoría de sus sindicatos son patronales y defienden su estabilidad agachando la cabeza.
[6] Hemos presentado los siguientes puntos como parte de esa plataforma de lucha: Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio; Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.
[7] Impuesto de 4 x 1000: Es un impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman (artículo 870 del Estatuto Tributario).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.