La vicepresidenta dice que la Inspección ha descubierto «más de medio millón» de desempleados que trabajan, cuando en realidad son sólo 69.456 desde que gobierna el PP. También aseguró que las actuaciones de control superan los 2,5 millones, cuando fueron sólo 334.214. El presidente de la Comunidad de Madrid pide «sanciones» para los parados que […]
La vicepresidenta dice que la Inspección ha descubierto «más de medio millón» de desempleados que trabajan, cuando en realidad son sólo 69.456 desde que gobierna el PP. También aseguró que las actuaciones de control superan los 2,5 millones, cuando fueron sólo 334.214. El presidente de la Comunidad de Madrid pide «sanciones» para los parados que rechacen ofertas de empleo, pese a reconocer que el Inem apenas las proporciona.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha multiplicado casi por 10 el número de parados defraudadores. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría cifró en «más de medio millón» el número de personas a las que la Inspección de Trabajo ha descubierto cobrando fraudulentamente las prestaciones por desempleo. Sin embargo, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, entre enero y junio sólo se les ha retirado la prestación por estar trabajando a un total de 69.456 personas desde que gobierna el PP.
Un portavoz del departamento que encabeza Fátima Báñez aclara que la cifra esgrimida por la vicepresidenta suma los datos del año 2012 a los del primer semestre de 2013, por un lado y, por otro, añade a la retirada de prestaciones por fraude también las suspensiones temporales por no renovar la demanda o no comunicar a los servicios de empleo una salida al extranjero, por ejemplo. Es decir, ha agregado al fraude lo que no son más que incumplimientos, sancionables con uno, tres o seis meses de suspensión del cobro de la prestación. «No son falsos parados», corrige Empleo a la vicepresidenta. Así, de enero a junio y por esos incumplimientos, se le ha suspendido temporalmente la prestación a 123.945 parados.
Pero es que, según la memoria de la Inspección de Trabajo, en todo 2012 sólo se descubrió a 9.452 desempleados que cobraban indebidamente las prestaciones. Si se suman a los 60.004 de enero a junio de este año, los «falsos parados» se quedan en 69.456, muy lejos de los 520.572 citados por Sáenz de Santamaría. Inscritos en las oficinas públicas de empleo había el pasado mes de junio 4,76 millones de personas, de los cuales sólo 2,8 millones cobraban una prestación. Es decir, los 60.004 parados defraudadores son el 2% de esa cifra.
Además, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que los inspectores de Trabajo habían efectuado en el año y medio que lleva en vigor el Plan de Lucha contra el Fraude «más de dos millones y medio de actuaciones de control» cuyo resultado han sido los 520.000 falsos parados descubiertos. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Empleo también la contradicen. En materia de empleo irregular las inspecciones fueron 334.214, incluidas 35.761 a empresas ficticias.
Pese a la corrección del Ministerio de Empleo, el Partido Popular insiste en la cifra de Sáenz Santamaría. En el argumentario sobre el Plan contra el Fraude que ha enviado a todos sus cargos, el PP asegura que éste ha destapado «más de medio millón de perceptores de prestaciones falsas por desempleo».
Ofensiva gubernamental
CCOO y UGT critican la «cruzada» emprendida por el Gobierno para «criminalizar» a los parados, a su juicio con la intención de reducir la factura de las prestaciones por desempleo. En esa estrategia sitúan tanto el énfasis en las cifras sobre fraude como la publicidad que se le dio al buzón de denuncia de posibles defraudadores. El Gobierno también ha endurecido el Código Penal, que ha convertido en delitos lo que antes eran infracciones en materia de Seguridad Social, entre protestas de la Inspección de Trabajo, fiscales y abogados. E incluso pagará un plus a las agencias privadas de colocación cuando delaten a parados que cobren indebidamente prestaciones.
A la ofensiva se ha sumado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al proponer que se imponga «algún tipo de sanción» a los parados que rechacen ofertas de trabajo mientras están cobrando la prestación.
«No podemos seguir manteniendo un sistema de desempleo donde se rechazan sistemáticamente ofertas hasta agotar la prestación de desempleo y que, sólo cuando se va a acabar [esa prestación], entonces sí se está dispuesto a insertarse», aseguró. Después, quizá sin percatarse de la incoherencia, pasó a criticar la escasa eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de encontrar trabajo a los parados: «Las Oficinas de Empleo no funcionan, no intermedian más que en el 3% de las colocaciones».
De Montoro a Báñez y Guindos
Tampoco es la primera vez que un miembro del Gobierno utiliza datos ficticios para sustentar sus posiciones políticas. El pasado miércoles, Cristóbal Montoro aseguró que los salarios en España no están «bajando, están moderando su subida» y se apoyó luego en la cifra de aumento salarial pactada en convenio. Las estadísticas del INE, el Banco de España y Eurostat desvelan, por el contrario, que la devaluación salarial es un hecho. Al día siguiente desmintieron al ministro de Hacienda su compañero de partido Josep Piqué y las mayores empresas del país, con el presidente de Telefónica, César Alierta, a la cabeza, y acompañado por el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
Hace un mes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, apuntó que la reforma laboral había evitado 225.800 despidos. Se apoyaba en una fórmula econométrica, ideada por los técnicos del Ministerio de Economía, que los expertos descalifican por «simple» y «discrecional».