El primer Consejo de Ministros celebrado el 1 de septiembre, ha dado el pistoletazo de salida al curso político. Tenemos por delante temas, que por esperados, no dejan de presentar incógnitas y soluciones desconcertantes. El desafío catalán, la corrupción y el yihadismo marcarán los tiempos políticos y judiciales. Decíamos que comienza el espectáculo, cuando deberíamos […]
El primer Consejo de Ministros celebrado el 1 de septiembre, ha dado el pistoletazo de salida al curso político. Tenemos por delante temas, que por esperados, no dejan de presentar incógnitas y soluciones desconcertantes. El desafío catalán, la corrupción y el yihadismo marcarán los tiempos políticos y judiciales. Decíamos que comienza el espectáculo, cuando deberíamos decir el espectáculo continúa, porque este verano los actores no han dejado de representar sus papeles. Con lo que hemos visto, podemos hacernos una idea sobre lo que nos espera.
Lamentablemente, agosto, nos dejó un atentado terrorista, que sesgó la vida de 16 personas y más de 150 resultaron heridas; además seis terroristas fueron abatidos por los Mossos. Dolor humano y lamentos políticos. El espectáculo lo están dando ahora, tanto del Gobierno del Estado español, como del Govern de Catalunya. Están instrumentalizando políticamente los atentados. Si éstos son acciones de guerra yihadista contra la población, la guerra sucia que se juega entre los políticos, es pura utilización del dolor y contra la democracia, que tendrá consecuencias.
El Sindicato de Mossos d’Esquadra ha emitido un comunicado en el que lamenta la controversia generada por la información de El Periódico en la que se apunta a un supuesto aviso de la CIA a los Mossos y a la inteligencia española sobre un eventual atentado terrorista en la Rambla de Barcelona. El comunicado considera ruin el debate y la intención que se pretende extender bajo la conclusión de que «los Mossos lo sabían y mintieron». El portavoz del Govern Jordi Turull, ha manifestado que «Si alguien lo que quiere insinuar es que el atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo«. Asegurado que «la absoluta mayoría» de los ciudadanos catalanes están perplejos ante «la campaña de intento de desprestigio» hacia los Mossos d’Esquadra, tras su actuación después los atentados. El Periódico dice ahora que la Guardia Civil descartó en 5 cortos párrafos el vínculo de Es Satty con el yihadismo.
Lo que se sabe del aviso de EEUU sobre un posible atentado en la Rambla, es que tras negar la existencia de una alerta de la CIA, la Generalitat reconoció que recibió un aviso, sin concretar su origen, que fue considerado de «baja fiabilidad» junto al Gobierno español. El último documento publicado, que se refiere a información sin concretar de veracidad desconocida, fue enviado el 21 de agosto al CITCO del Ministerio del Interior. En su comparecencia, el portavoz del Gobierno no ha querido entrar en la polémica: «No es aconsejable mantener debates públicos sobre operativa policial». Sobre responsabilidades, ha sido claro: «Los únicos culpables de los atentados son los terroristas». Da la impresión, que del primer documento publicado «recreado», se ha pasado a publicar otro que parece falso. Recordemos, que el órgano que tendría que decir si había que avisar a otras fuerzas de seguridad es el CNI que depende de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Si lo del Iman de Ripoll olía a confidente, lo del CITCO huele a cloacas del Estado. El diario digital Público ha estudiado el tema y recurrido a diversas fuentes policiales y de los servicios secretos y hasta nueve interrogantes, que nadie responde, plantea sobre la alerta de atentado a los Mossos: ¿Qué hay de cierto en esa alerta? ¿Realmente habría podido servir para evitar la masacre? ¿Cuáles son los fallos previos que se cometieron a nivel policial y político? ¿Cuál es el papel del CNI? El presidente Rajoy, se ha referido a los atentados en numerosas ocasiones en sus intervenciones públicas, pero no se ha sometido a una rueda de prensa -salvo la que dio con Puigdemont sobre los primeros pasos de la investigación-, para dar respuesta a todas estas incógnitas sobre el atentado más grave que ha padecido España desde el 11-M.
El curso empezó con la comparecencia forzada por la oposición de Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, para dar cuentas de la corrupción del PP, en concreto del caso «Gürtel». Mariano Rajoy, haciendo gala de su personalidad, tomó el pelo a sus Señorías y de paso al pueblo español y como es más chulo que un ocho, abandonó el hemiciclo y se fumó un puro. Rajoy dejó sin responder las seis preguntas que le formuló Pablo Iglesias, sobre la corrupción que afecta al PP y su implicación en la Gürtel: «¿Por qué mandó usted aquel SMS a Luis Bárcenas? ¿Reconoce los pagos en B? ¿En qué momento se enteró de la financiación? ¿Considera buenos colaboradores a Mato, Rato, Aguirre o Soria? Cuando dice que no sabía nada, ¿piensa de corazón que los ciudadanos le creen?». Unidos Podemos seguirá trabajando para «echarle del Gobierno» y para que el PP devuelva todo el dinero robado, aseguró Pablo Iglesias.
La corrupción tiene cercado al PP y a su Presidente. Irene Montero tuvo ocasión de leer, durante su intervención en el debate de la moción de censura en junio, una larga lista de casos de corrupción (más de 60) que implican al PP, algunos ya sentenciados, con condenas o absoluciones. Los grandes casos de corrupción que investiga la Audiencia Nacional copan su agenda. Los jueces retoman la causas pendientes destapadas este año como la operación Lezo y los de siempre. La trama Gürtel, caso Púnica, Acuamed, Funeraria, Mercamadrid, en el que está imputada la delegada del Gobierno Concepción Dancausa; Pokémon, Caso Taula, por la financiación ilegal del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el Caso Auditorio, donde el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación; y otros más de cincuenta casos que seguirán instruyéndose, bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Mariano Rajoy se burló del Congreso en su comparecencia en el Pleno sobre corrupción. No dedicó ni un minuto a explicar su relación con Gürtel, ni mencionó al tesorero Luis Bárcenas, abroncando al Congreso por su «celo inquisitorial» contra el PP; afirmando que no tiene ninguna obligación de asumir «responsabilidades políticas» porque el Congreso le ha otorgado su confianza tanto en la investidura como en la moción que superó hace unos meses.
Margarita Robles sí entró de lleno sobre la presunta financiación ilegal del partido en el Gobierno. Pidió a Rajoy que asuma su responsabilidad política parafraseando a Pedro Sánchez: «Señor Rajoy, dimita usted por dignidad». Robles, no dudó en acusar a Rajoy de ser «un presidente bajo sospecha» que ha estado en connivencia con la corrupción, acusándole de esconderse y atrincherarse en la lucha contra el terrorismo y el problema de Cataluña para no hablar de los casos de corrupción que afectan al PP. Y Rajoy sacó su lado de político indecente, mencionando el caso Lasa y Zabala. Recordó a la portavoz socialista su declaración como testigo en el juicio, cuando era secretaria de Estado de Interior. Robles ha declarado: «Somos muy diferentes; él hizo todo lo posible por tapar la corrupción y yo por juzgar a los criminales«.
El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que el 1 de octubre «no habrá referéndum de secesión». El Gobierno tiene previstos «todos los escenarios posibles y cuenta con los instrumentos necesarios» para hacer frente al desafío soberanista. El diputado de ERC Joan Tardà declaró en el Congreso, que el día 1 de octubre Cataluña optará por «la valentía democrática» y al Gobierno «sólo les queda la fuerza bruta y corrupta» para imponer el poder. El ministro portavoz se ha referido a la presentación del anuncio de ley de Transitoriedad Jurídica por parte de PDeCAT, ERC y CUP y ha reiterado que se trata de un texto que no respeta las más elementales garantías democráticas, y que es un nuevo intento dirigido «a vulnerar el principio de legalidad». Pronto vamos a conocer lo daños que provocará el seguro choque de trenes.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, pondrá en marcha toda su artillería legal para frenar el referéndum que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar. Una vez que el Parlament apruebe la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República, el fiscal general del Estado, presentará por la vía penal una querella contra los impulsores de la misma. Simultáneamente, la Abogacía del Estado, impugnará la citada Ley ante el Tribunal Constitucional, que la anulará cautelarmente. Y aquí la gran incógnita: ¿acatará el President Carles Puigdemont y los miembros del Govern el mandato del Alto Tribunal? Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña continuará tramitando la querella por delitos de prevaricación y desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir votar una resolución a favor del referéndum. Mientras que Puigdemont denuncia que hay en marcha una «operación provocación» para crispar antes del 1-O, Rajoy advierte al «puñado de gente instalada en el extremismo: Nadie va a liquidar la democracia».
Rajoy asegura que el Gobierno responderá al desafío independentista «con toda la legitimidad y con toda la fuerza de la ley, sin entrar en enfrentamiento estéril, que es lo que pretenden los extremistas y radicales». Enfrente, Jordi Turull, que dice que la gestión de los tiempos y los anuncios sobre el referéndum los manejan ellos, «con el gran objetivo y determinación de garantizar que el 1 de octubre se vote, y se a votar«. Pese a la firmeza de sus palabras, Rajoy arranca el curso como lo terminó: bajo sospecha y sin apoyos. La oposición le ha presentado cuatro reprobaciones a sus ministros y una moción de censura. El 26 de julio, Rajoy, tuvo el dudoso honor al erigirse como el primer presidente del Gobierno de España en activo que tuvo que declarar en sede judicial (aunque fuera en calidad de testigo). Todo parece que Rajoy mintió en la Audiencia Nacional, donde estaba obligado a decir verdad, y, como era de esperar, también ha mentido en sede parlamentaria. Nadie se fía ya del Presidente del Gobierno. Alguna fuerza política debería querellarse con él por perjurio.
Cortinas de humo, confusión, filtraciones y supuestos documentos que pueden ser falsos, y Rajoy ni se despeina. Entre todas y todos, utilizando cuantos instrumentos posibles sean necesarios, tenemos que desalojar a Rajoy de la Moncloa, antes de que sea demasiado tarde.
@caval100
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