Dos leyes aprobadas en esta legislatura materializan en cierto sentido reivindicaciones históricas del movimiento: la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo legal y la de modificación del nombre y sexo registral de las personas transexuales, siempre que posean nacionalidad española y cumplan una serie de requisitos; aunque de la misma manera se sigue patologizando la condición trans como una enfermedad mental denominada «síndrome de disforia de género».

Si bien es importante disponer de recursos jurídicos de este tipo, también es cierto que no son mecanismos suficientes para evitar el gran estigma social que continúa recayendo sobre las mismas. Para luchar contra la discriminación social son necesarias muchas otras medidas que van desde campañas de sensibilización, intervención en el sistema educativo, acciones de discriminación positiva, visibilización, y un largo etcétera más. Vivir en un sistema capitalista afecta a los mecanismos de discriminación.

La lesbiana, el gay, la persona transexual que puede acceder a cierto grado de aceptación es aquella que cumple el imperativo consumista. Este hecho crea una brecha social, apartando del derecho a tener derechos a personas que por su precariedad no cumplen este requisito. Además, el Mercado adquiere el poder de generar modelos de vida que llegan a determinar no sólo el ámbito público de las persona LGTB, sino lo que es aún más contundente: el ámbito privado.

Dentro de las movilizaciones ha destacado el Bloque Alternativo de Liberación Sexual, que pretende visibilizar y combatir la adquisición de grandes cuotas de poder del Mercado dentro del movimiento LGTB, que para poder ejercer su papel debe conservar la independencia de otras fuerzas que están suponiendo la domesticación y despolitización.

* Juana Ramos, presidenta de Transexualia