Un espacio de excepcionalidad jurídica en el que se violan «sistemáticamente» los derechos humanos y una de las fronteras más violentas del mundo. El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, el instituto Novact y Fotomovimiento han publicado en abril de 2017, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, un informe sobre la Frontera […]
Un espacio de excepcionalidad jurídica en el que se violan «sistemáticamente» los derechos humanos y una de las fronteras más violentas del mundo. El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, el instituto Novact y Fotomovimiento han publicado en abril de 2017, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, un informe sobre la Frontera Sur entre los estados español y marroquí. El recorrido empieza por la ciudad de Nador, muy cerca del paso fronterizo melillense de Beni-Enzar. Allí los inmigrantes subsaharianos se ven obligados a vivir en los montes ante la hostilidad y el racismo. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que no se les alquilan viviendas, padecen agresiones por parte de los vecinos y la represión de la policía marroquí. Entre 1.500 y 2.000 migrantes provenientes del África negra se agrupan en una veintena de campamentos de Nador. Viven en la extrema pobreza, en tiendas hechas con sólo plásticos y ramaje. Las personas entrevistadas por el equipo de Irídia, Novact y Fotomovimiento aseguran que en estos lugares han pasado hambre y enfermedades, por la humedad, el frío y la falta de agua.
El trabajo, que consta de un texto y un vídeo, se centra en los accesos terrestres a la frontera sur, aunque tal vez una posterior investigación aborde las rutas marítimas. Los investigadores han recabado información sobre el terreno y contactado con las organizaciones sociales que trabajan en Ceuta, Melilla, Nador y Tánger. En los campamentos de Nador se han constatado controles de natalidad, principalmente en mujeres víctimas de las redes de trata; abortos en condiciones precarias, casos de violencia sexual durante el desplazamiento y la presencia de menores (a partir de los pocos meses de edad). Todos los entrevistados aseguran haber sido víctimas de la violencia de la fuerzas de seguridad marroquí. La Plataforma Nacional de Protección de Migrantes de Marruecos ha denunciado 17 «operaciones» de incendio y destrucción de campamentos de inmigrantes entre julio de 2015 y marzo de 2016. A ello se agregan 175 casos de arresto durante 2016 (144 en Tánger, 12 en los bosques de Nador, dos en la ciudad de Oujda, tres en la frontera entre Marruecos y Argelia; y uno en Meknés, entre otros).
Elemento de gran fuerza material y simbólica es la valla fronteriza. El informe de Irídia, Novact y Fotomovimiento se detiene en un intento de «salto», fechado el 20 de marzo de 2017. Un grupo de jóvenes cameruneses y guineanos, con edades comprendidas entre 16 y 23 años, fueron capturados por las fuerzas auxiliares de Marruecos en un bosque próximo a Ceuta, en el contexto del franqueo de la valla. Los muchachos fueron desplazados en autobús hacia Casablanca. «Los afectados llevaban vendas ensangrentadas en la cabeza, manos y piernas; en la cara mostraban evidencias de los golpes, varios tenían la pierna rota y dos, incluso mordeduras en las piernas», explica el documento.
No hay datos oficiales, pero a la luz de los testimonios recabados se da por hecho que tras cada «salto» se registran heridos, algunos de ellos de gravedad. Organizaciones de Nador comunicaron a los autores del informe que fracturas, cortes profundos y dolencias musculares son una consecuencia habitual. Además se está aplicando un criterio de «devolución» inmediata de los inmigrantes, lo que podría estar relacionado con criterios restrictivos de atención médica.
El informe dedica otro apartado a los mecanismos que engrasan el control de las fronteras. La UE destina abundantes recursos para que el país magrebí detenga los movimientos de población. Así lo expresó el pasado mes de febrero el titular de Agricultura de Marruecos, Aziz Akhnnouch, en una entrevista a la Agencia Efe: «¿Cómo queréis (los europeos) que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí, si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros?» El correlato a estas palabras podría encontrarse en los testimonios de los migrantes «en tránsito», a los que han accedido los autores del informe. Coinciden todos ellos en que las fuerzas de seguridad marroquíes aplican torturas o malos tratos a quienes capturan en su territorio o «devuelven» a la guardia civil. En el lado español de la frontera, es la citada institución armada la que en la mayoría de los casos se encarga del control. Además de las 15 muertes ocurridas después que la guardia civil realizara disparos en la playa del Tarajal (febrero de 2014), el documento informa de episodios de violencia en la valla, como golpes con la «defensa» para que los migrantes descendieran de la verja o empujones para que se cayeran. También se califica de «preocupante» que la guardia civil permita que efectivos marroquíes entren en el «perímetro» fronterizo del estado español, con el fin de realizar las «devoluciones».
La vigilancia fronteriza mueve millones. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que entre 2007 y 2013 la UE destinó más de 2.000 millones de euros al refuerzo de las fronteras, cifra que contrasta con los 700 millones de euros dedicados a mejorar la situación de los refugiados. Se mencionan habitualmente compañías como Indra, dedicada al negocio del control fronterizo en más de 2.700 kilómetros del territorio español. Otras grandes empresas que acceden a los contratos del Ministerio del Interior para la «seguridad» fronteriza son Dragados y Ferrovial.
La investigación de Irídia, Novact y Fotomovimiento hace referencia a la situación de los menores no acompañados en Melilla. Una de las fuentes citadas es el informe de 2016 de la asociación Harraga, para el que se realizaron entrevistas con menores de edad. El informe recoge denuncias de episodios de violencia en los centros de acogida, razón por la que hay muchachos que prefieren vivir en la calle. Los menores entrevistados también criticaron las malas condiciones de los centros, en aspectos como la comida y la higiene. El informe de Harraga (2016) cifraba en 540 el número de menores no acompañados que viven en Melilla, de los que un centenar permanecen en la calle. Muchos se hallan en el entorno del puerto, y han denunciado casos de violencia policial. Además, Harraga señalaba que 350 de los menores se encontraban en uno sólo de los centros de acogida, el de La Purísima (este número es muy superior al del aforo del centro). Por otro lado, algunas fuentes han denunciado redadas policiales nocturnas, a las que en algunas ocasiones ha seguido la «devolución» de estos niños -en situación de mendicidad, drogodependencia y existencia precaria- a Marruecos. «Los menores no acompañados en situación de calle constituyen uno de los focos principales del racismo en Melilla», concluyen fuentes que trabajan en el apoyo a los menores.
Documentar lo que ocurre en la Frontera Sur no resulta una tarea sencilla. Los autores del informe afirman que su trabajo se ha encontrado con las trabas de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Otras organizaciones sociales y activistas también han denunciado en muchas ocasiones estas dificultades, debido a la represión policial. Un ejemplo entre muchos fue la multa de 1.500 euros impuesta a la asociación Prodein, por los motivos de «actos vandálicos» y «concentración ilegal», cuando organizaron un acto con niños de la calle para despedirse de un compañero muerto en Melilla. El informe recoge también el caso de la fotógrafa Ángela Ríos, detenida en marzo de 2015 cuando trabajaba en el entorno de la valla melillense. Fue acusada de un presunto delito de tráfico de inmigrantes. Un juez archivó posteriormente el caso.
Las porteadoras son también protagonistas de la vida cotidiana en la Frontera Sur. En su mayoría mujeres y de nacionalidad marroquí, tienen edades comprendidas entre 35 y 60 años y muchas de ellas viven en las zonas de Tetuán y Nador. Las porteadoras trabajan por su cuenta o a cambio de una comisión. Se trasladan a Ceuta y Melilla para recoger fardos que pueden pesar 90 kilogramos, que después transportan a territorio marroquí. Entonces entregan el fardo con las mercaderías al cliente (en caso de laborar por comisión pueden cobrar entre tres y cinco euros por fardo). Uno de los problemas radica en el diseño de los pasos fronterizos, que lleva invariablemente a las aglomeraciones y el hacinamiento. Además, desde la apertura de los pasos a las seis de la mañana hasta el cierre, las porteadoras intentan atravesarlos el mayor número de veces con el fin de redondear sus ingresos. En las zonas de Ceuta y Melilla donde trabajan estas mujeres, operan la guardia civil y las Unidades de Intervención Policial (UIP). «Uno de los puntos donde se produce mayor violencia policial es en los pasos desde territorio español a marroquí; los casos de violencia verbal son diarios y las agresiones físicas muy comunes», señala el informe, que cita a organizaciones sociales.
En cuanto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, Amnistía Internacional señaló en octubre de 2016 que se hallaban muy por encima de su capacidad. El CETI de Melilla albergaba a 979 personas, pese a que el aforo era de 796; el de Ceuta acogía a 631, aunque la capacidad era muy inferior, 512 plazas. El documento de Irídia, Novact y Fotomovimiento subraya ejemplos de arbitrariedad en estos centros, debido entre otras razones a la inexistencia de un régimen sancionador. Así, «las sanciones aplicadas a las personas que se encuentran en los CETI son tomadas de manera discrecional por los funcionarios y efectivos de seguridad privada».
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