La autora nos da claves de cómo los legisladores españoles deberían orientar el futuro pacto de Estado en España contra las violencias machistas para que sea eficaz y no se quede en papel mojado.
Para lograr la concienciación social, todavía muy débil, de esta terrible lacra, hemos trabajado incesantemente las asociaciones de mujeres y el Partido Feminista, durante décadas, para denunciar el machismo de una cultura insensible al sufrimiento de los más débiles. Pero, desdichadamente, lo que ha conseguido que se celebren manifestaciones, concentraciones, asambleas y denuncias de esta infame situación, ha sido la montaña de asesinadas que acumulamos en los últimos decenios.
Como no existen estadísticas anteriores no podemos comparar con las cifras del siglo pasado, pero sí tenemos constancia, tristemente, de que desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género, el 28 de diciembre de 2004, en estos doce años, se ha asesinado a 1.400 mujeres, aparte de los malos tratos físicos continuados que más de 2.500.000 padecen, y las humillaciones, las violaciones y los abusos sexuales. Con una tolerancia social y una enorme indiferencia, cuando no hostilidad contra las víctimas, por parte de la policía y de la Administración de Justicia. Por ello, es inadmisible que tanto por los dirigentes políticos del PSOE como del PP se utilicen argumentos que pretenden eludir la responsabilidad de quienes han gobernado largos periodos de tiempo, y han sido los artífices de la aprobación de la Ley.
Las declaraciones que últimamente han realizado diversas representantes de ambos partidos suscitan la desconfianza de cual será el contenido final de ese que llaman pomposamente Pacto de Estado. La primera argumentación que utilizaba una parlamentaria del PSOE es que las mujeres no denuncian el maltrato, y sin que conste la denuncia es imposible que las instituciones se pongan en marcha para protegerlas.
Pero eludió explicar por qué el 28% de las asesinadas habían denunciado y en algunos casos hasta tenían orden de alejamiento o de protección, y cómo tanto las fuerzas del orden como los juzgados las abandonaron a su suerte. Y tampoco se investiga la causa de que ese 72% de víctimas no hubiera acudido a la policía o a la judicatura para pedir protección. Si realmente, tal como nos cuentan algunas diputadas feministas, en la denuncia estriba la solución, cómo es posible que la mayoría de mujeres que están sufriendo el infierno de los malos tratos habituales no corran a cobijarse bajo el poder omnímodo de policías, fiscales y jueces.
Excepto que se remitan al masoquismo femenino que sirve a psicoanalistas y psicólogos para despreciar a las mujeres. Estas se encuentran en un estado de angustia y depresión extremo bajo la tortura de los malos tratos, pero no dejan de saber que esa supuesta protección institucional, que tanto proclaman políticos y medios de comunicación no es tal. Todas conocen el calvario de la amiga, la pariente o la vecina que acudieron a la Guardia Civil a explicar que su marido la amenazaba de muerte, para que les respondieran que fueran al juzgado civil a presentar una demanda de divorcio, y ser asesinada horas más tarde por su verdugo, como sucedió en Pollensa (Mallorca) el pasado 15 de agosto.
Todas han vivido en su propia experiencia las horribles dilaciones de los procesos judiciales, y todas saben que después de una leve condena su maltratador estará en la calle persiguiéndola, acosándola y amenazándola nuevamente. Todas temen, con razón, que a raíz de la denuncia y del proceso consiguiente, el acusado sea más agresivo y peligroso porque seguirá en libertad con total autonomía para perseguirlas. Y todas saben que más del 60% por ciento de las órdenes de alejamiento que se reclaman no se conceden.
Hay ciudades, que están catalogadas ya, en donde ningún juez concede ninguna orden de protección. Pero esta situación no se produce casualmente por la falta de conciencia feminista de los jueces y policías, a los que hay que añadir los psicólogos, psiquiatras y asistentes y trabajadores sociales. La propia legislación está pensada, y así se aprobó, para hacer recaer en la víctima la carga de la prueba, para mantener la presunción de inocencia del maltratador más allá de toda duda razonable, para dar absoluta autonomía a los jueces en eludir su responsabilidad en la protección de las víctimas, para no pedir responsabilidades a los funcionarios de la administración que han abandonado a la mujer a su destino.
Entender por parte de los legisladores, ahora que se habla de un supuesto Pacto de Estado contra la violencia machista, que la primera medida que se ha de adoptar es modificar la Ley vigente para que obligue a jueces, fiscales y policías a detener a los denunciados, a obligarles a probar su inocencia, a dictar órdenes de alejamiento y protección en la mayoría de los casos, a prohibir el contacto de los menores con el padre maltratador o abusador, es imprescindible para avanzar mínimamente en la prevención y la punición del delito.
Es imprescindible también subvencionar a las víctimas y a sus hijos cuando no puedan mantenerse por sí mismos. Hay que dotar de medios económicos y humanos a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, a la judicatura, a la fiscalía, a las unidades forenses, proporcionándoles no solamente espacios para trabajar y locales para celebrar juicios, con secretarias y ordenadores, sino fundamentalmente una educación basada en el respeto de los derechos humanos.
Suponiendo que crean que las mujeres son seres humanos. Y por supuesto, considerar que la víctima lo es solo por serlo, no por haberse casado o ajuntado con el maltratador como hace ahora la ley, discriminando a las que son género de las que sólo son mujeres. De otro modo ese tan publicitado Pacto de Estado no tendrá ninguna eficacia y cada 25 de noviembre conmemoraremos las asesinadas con manifestaciones y pomposas declaraciones de los responsables institucionales, y los otros 364 días del año las enterraremos.
Fuente:http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/11/29/la-violencia-machista-364-dias/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.