Las denuncias por malos tratos de los agentes aumentaron en más de un 120% en 2021.
Han pasado tres años desde que ocurrió, pero a V. (pseudónimo para proteger la identidad de la entrevistada) aún le cuesta hablar de ello. Fue el 7 de febrero de 2021, uno de esos días en los que las restricciones por el covid se relajaban un poco más. Tenía miedo a salir a la calle, pero decidió dar el paso y quedar con sus amigas, que ese día venían de una manifestación contra el maltrato animal junto a sus perros.
Volviendo a casa desde Legazpi se les hizo tarde. El toque de queda ya había vencido. Sin darse cuenta, llegaron al cruce de las calles Tomás Borrás y Embajadores, una zona situada en el centro de Madrid que estaba blindada por numerosos agentes de Policía Nacional. No lo sabían, pero allí acababa de fallecer un repartidor de Deliveroo en un accidente laboral.
No puede reconstruir con claridad todo lo que pasó a continuación, pero intenta hacerlo. La primera que se dirige a V. y a sus tres amigas es una agente nacional. “¿Qué os hace tanta gracia?”, le pregunta. Lo siguiente que recuerda es recibir un puñetazo, caer contra un bordillo y perder el conocimiento. Señala que sus amigas también son detenidas y golpeadas por los agentes, excepto una, a la que dejan ir para que vaya a buscar a los perros. Esta última es la que consigue varios de los vídeos de la agresión, donde se ve cómo V. es retenida por cinco agentes; uno de ellos la golpeó y otro la arrastró por el suelo, entre protestas de los vecinos.
Después, iniciarán unas angustiosas horas donde primero se dirigiría a los calabozos de la comisaría de Arganzuela, posteriormente a la comisaría de Moratalaz y finalmente a los juzgados de Plaza Castilla. Durante el camino en coche patrulla, en uno de los frenazos, vuelca contra el suelo del coche, quedándose a los pies de su amiga, aún con los efectos de la conmoción del golpe. “Me estaba entrando un ataque de pánico y me dije: ‘Bueno, ha llegado tu momento. Te vas a morir’. Me quitaron completamente la voluntad, la libertad, todo. Éramos literalmente muñecos que podíamos morirnos ahí, en cualquier momento”, relata.
Las celdas donde la retuvieron estaban llenas de orina, pintadas de heces y restos de comida. Fue retenida junto a varias personas sin ningún tipo de medidas sanitarias. “Cada vez que les llamaba para pedirles algo, me golpeaban y me decían que me callara. Nos decían: ‘Sois escoria’. No sé si a nosotras o a las mujeres en general”, indica. Después vendría su abogado de oficio. “Un hombre que se presentó con una mascarilla de la Policía Nacional”, ha querido resaltar, quien les hizo firmar documentos sin explicación previa y que a día de hoy le reclama los costes de su servicio.
A día de hoy no entiende el por qué de sus detenciones. “No sé si es por nuestras pintas, porque creerían que veníamos de las manifestaciones de Hasél o por homosexuales. Es un shock que quien supuestamente te tiene que proteger te haga esto. No era antisistema, pero ahora lo soy”, declara. A finales de febrero se enfrentan al juicio por atentado a la autoridad. Por su parte, denunciaron los hechos, peritaje de torturas mediante la asociación especializada Sira. Sin embargo, sólo recibieron un archivo del Tribunal Supremo y otro del Tribunal Constitucional.
El aumento de los abusos policiales en pandemia
El caso de V., cuyos efectos psíquicos y físicos perduran a día de hoy, forma parte del aumento de casos de abuso policial documentado por numerosas entidades, como Amnistía Internacional, entre 2020 y 2022. En palabras de la organización, el estado de alarma “confirmó la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo su función con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros de actuación”, incidiendo en que estos hechos constatan “la necesidad urgente de reformar La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana”, en aquellos preceptos que limiten e interfieran con el ejercicio de los derechos humanos.
Las quejas al Defensor del Pueblo por malos tratos policiales aumentaron en más de un 120% —de 17 a 2019 a 38 en 2020—, y las reclamaciones por trato incorrecto más de un 130% —de 89 en 2019 a 206 en 2020—. El informe de Amnistía relata hasta 61 casos de personas víctimas de violaciones contra los derechos humanos a manos de la policía en pleno estado de alarma, incluyendo testimonios de aquellas denunciadas sin mediar ningún tipo de apercibimiento, actuaciones policiales “muy poco profesionales”, como “bofetones, collejas o empujones a personas que no ofrecían ningún tipo de resistencia ni mostraban actitud violenta”.
En 2021, el informe del Defensor del Pueblo indicaba que las situaciones en las que los requerimientos de identificación que realizan los agentes policiales generan quejas eran numerosas, generalmente por sospecha por parte de los ciudadanos de ser injustificadas. Ante las restricciones en el espacio público, las intervenciones policiales se trasladaron a otros territorios como los domicilios. El sonado caso del derribo de la puerta de una casa en la madrileña calle de Lagasca por parte de la policía ha sentado un precedente que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad en el ámbito privado.
En mitad de este panorama, el citado organismo también señala las “reticencias” de la Administración responsable a “la debida investigación de los hechos y de las alegaciones de los ciudadanos”. Así lo confirma también Sònia Olivella del Centre per la Defensa dels Drets Humans Iridia, que cuenta con un servicio de atención gratuito al ciudadano ante casos de violencia institucional.
“Los casos de violencia institucional y de denuncias por maltratos o torturas son procedimientos muy largos. A diferencia de otro tipo de casos penales, durante el procedimiento, en una ocasión como mínimo, el juzgado archiva esa investigación, entonces hay que recurrir y los tiempos son muy lentos. Son casos que tienen sus dificultades a la hora de una investigación judicial de los hechos”, indica la jurista.
Mayores obstáculos en la investigación de los casos de violencia policial se juntan también con una mayor opacidad, especialmente en espacios de privación de libertad como prisiones y CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros). El Observatorio del Sistema Penal de Barcelona certifica que los reclusos habían llegado a estar durante 30 horas seguidas sin salir de la celda. En este sentido, cabe destacar los efectos que puede tener este tipo de aislamiento, incluyendo problemas cardiovasculares, gastrointestinales, migrañas, deterioro de la vista, insomnio, letargia, debilidad y agravación de los problemas de salud preexistentes, hasta depresión, problemas cognitivos, alucinaciones, psicosis, la automutilación y el suicidio.
“Había una mayor falta de control, vimos una situación empeorada de esta restricción de derechos. Al final cuando no puede haber mecanismos de control que son saludables en un sistema democrático es cuando tiene más espacio la violencia institucional”, señala. “En el CIE de Barcelona se habían producido aislamientos que nosotros entendemos absolutamente contrarios a la garantía mínima de derechos humanos y que además no tenían una previsión legal transparente, concreta y ajustada a los estándares internacionales. Se estaba aislando con unas condiciones absolutamente inaceptables tanto a nivel sanitario como a nivel de prevención de la tortura a personas por causas médicas”, añade.
Ensañamiento contra colectivos más vulnerables
A través de los informes señalados, se ha reportado una intensificación de la arbitrariedad policial con los sectores poblacionales cuyos derechos son más vulnerados, incluyendo las personas viviendo en situación de pobreza, personas sinhogar denunciadas en múltiples ocasiones por “saltarse el confinamiento”, así como personas racializadas y migrantes.
SOS Racismo Nafarroa señalaba en 2021 un aumento de los controles de identidad por perfil étnico habían aumentado durante la pandemia, algo que se traduce en “ un sesgo racista a la hora de controlar la movilidad, interponer denuncias y multas”.
En el mismo año, la Unión Europea confirmaba esta evidencia: la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) constataba que los controles policiales “seguían teniendo una mayor incidencia en personas jóvenes, varones, ciudadanos que se identifican como miembros de una minoría étnica, o que profesaban la religión islámica o que no son heterosexuales”. En España, la agencia indica que en 2021, un 4% de la población general fue sometida a algún control policial en el último año, mientras que la media en personas de etnia gitana fue de un 32%, y en personas de origen norteafricano de un 14%.
En este sentido, el informe Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España del Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y Rights International Spain (RIS) recaba más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias llevadas a cabo en plena pandemia. Casos que posteriormente se presentarían a la ONU a través del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.
A pesar del aumento en la brutalidad de las actuaciones policiales, sus efectos no se han trasladado a una rendición de cuentas efectiva por parte de las autoridades. Muchas de las afectadas, como V., continúan a día de hoy luchando porque estas historias salgan a la luz, a pesar de que su reconocimiento por parte del Estado quede aún lejos de efectuarse.