La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería dictó hoy auto de apertura de juicio oral y fijó el día 19 de marzo como primera sesión de una vista que se prolongará hasta el 29 de marzo contra los nueve agentes del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) implicados en […]
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería dictó hoy auto de apertura de juicio oral y fijó el día 19 de marzo como primera sesión de una vista que se prolongará hasta el 29 de marzo contra los nueve agentes del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) implicados en la muerte de un agricultor de la localidad, Juan Martínez Galdeano (en la fotografía), en las dependencias del Instituto Armado el 24 de julio de 2005.
El auto de la magistrada presidenta de la sala, Társila Martínez Ruiz, al que tuvo acceso Europa Press, considera pertinente la petición del Ministerio Fiscal de admitir como prueba acusatoria el visionado del DVD que muestra la llegada del detenido al cuartel del Instituto Armado en Roquetas de Mar.
Según la transcripción de las dos cámaras del patio la primera de las cámaras graba la llegada de J.M.G. al que se observa con la camisa manchada a la altura del abdomen. Entre las 16.15 y las 16.35 horas, en esta misma cámara se registra un forcejeo de la víctima y se ve a una pareja de agentes de la Guardia Civil que intentan meterlo en las dependencias oficiales» al tiempo que «intentan devolverle el pantalón que J.M.G ha perdido en uno de los forcejeos.
En el DVD también se aprecia como tres minutos más tarde, a las 16.38 horas, aparece el Jefe de la Unidad que viste de paisano» mientras una segunda cámara «comienza a grabar a las 17.09 horas y es la prueba principal, ya que está ubicada en la puerta de acceso de los vehículos oficiales.
A las 17.11 horas graba el forcejeo de los agentes que intentan introducirlo en un vehículo y cómo el fallecido se desploma y cómo a las 17.17 horas, uno de los agentes arrastra al detenido hacia la parte izquierda trasera del vehículo, fuera del ángulo de visión de la cámara.
La transcripción también recoge que antes el guardia más veterano indicó al resto la ubicación de la cámara que les está grabando y que 25 minutos después de haber sido apartado del ángulo de grabación, se ve cómo un agente sale del recinto con guantes de plástico y cómo vuelve a entrar al cuartel. Minutos después, llegó la ambulancia».
Martínez Ruiz aceptó, asimismo, todas las pruebas testificales y periciales excepto una de la acusación particular ejercida por José Ramón Cantalejo en representación de la viuda del agricultor, Nabilla Oubbad, y no consideró pertinentes tres de la defensa.
El día 19 declararán los nueve acusados mientras que a partir del 20 de marzo será el turno de los testigos hasta el día 26, fecha en que entrarán en acción los peritos que deberán determinar si existe relación causal entre el fallecimiento del agricultor, detenido por una infracción de tráfico, y la actuación de los agentes.
PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pidió en su escrito de conclusiones provisionales una pena de diez años de prisión para el teniente Rivas por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente contra Juan Martínez Galdeano.
Concretamente, para el teniente Rivas que era, además, el jefe del Puesto de la Guardia Civil, el fiscal solicita tres años de prisión por homicidio imprudente; dos años y seis meses por atentado grave contra la integridad moral y cuatro años y seis meses por un delito de lesiones.
Según el escrito, para cada uno de los otros siete guardias civiles supuestamente involucrados en los hechos, el ministerio público pide dos años y seis meses por el delito de homicidio imprudente; dos años por atentado grave contra la integridad moral y tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones.
El fiscal tuvo en cuenta la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de superioridad en los delitos de lesiones y homicidio imprudente. Además, consideró que los acusados, conjunta y solidariamente, y la Administración del Estado, como responsable civil subsidiaria, deben indemnizar a la viuda en la cantidad de 80.000 euros y al hijo del fallecido en 15.000 euros.