El problema de la vivienda afecta «transversalmente a personas de todas las edades porque enfrenta a poseedores con desposeídos, a quienes tienen recursos con quienes no los tienen, a quienes viven de su trabajo con quienes viven de rentas inmobiliarias o aspiran a vivir de ellas», explica Arantxa Tirado.
El domingo 13 de octubre se celebró en Madrid una masiva manifestación para denunciar el grave problema de acceso a la vivienda que se lleva arrastrando en España desde hace lustros y exigir una bajada del precio de los alquileres. El mismo día, en Barcelona, en el marco de la protesta en contra de la Copa América, se encontraban reclamaciones parecidas. Con pancartas que denunciaban la expulsión vecinal del barrio de la Barceloneta y de Barcelona, en general, se ponía en evidencia, una vez más, el efecto gentrificador de este tipo de acontecimientos deportivos diseñados para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la transferencia de recursos de los muchos.
La Copa América es el nuevo pelotazo de quienes conciben las ciudades como escenario publicitario para atraer negocios de todo tipo, lo que el antropólogo José Mansilla llama la construcción de la ciudad-mercancía que convierte a las ciudades en objeto de creación de plusvalías. Se trata de un tipo de gestión pública que en Barcelona conocemos muy bien pues tuvo en los Juegos Olímpicos de 1992 su ejemplo paradigmático. De ahí vino la apertura al mar, el remozado de cara y una imparable atracción de turistas que la han convertido en una de las ciudades más visitadas del mundo. A partir de ese momento, Barcelona dejó de ser de los barceloneses para convertirse en un parque temático de Gaudí al servicio de la industria turística. El boyante negocio hotelero encontró competidor en Airbnb y los pisos de temporada. Alquilados por turistas o por expats, su efecto en el mercado inmobiliario ha sido devastador para los vecinos, que han visto cómo los precios aumentan de manera imparable haciendo cada vez más difícil poder vivir en sus barrios.
Este fenómeno, con sus distintas particularidades, se está dando en prácticamente todas las capitales españolas, con más incidencia en aquellas donde la presencia turística es mayor. Así, desde hace meses, miles de vecinos se vienen manifestando para denunciar cómo el aumento de los precios de los alquileres ha vuelto invivible sus ciudades. Mallorca, Valencia, Málaga o Canarias, pero no sólo, se movilizaron siguiendo un clamor popular que exige de las administraciones medidas mucho más contundentes que las desplegadas hasta ahora para que la vivienda deje de ser un negocio y pase a ser un derecho, tal y como establece la Constitución española.
Este clamor se está convirtiendo en un reclamo que puede volver a canalizar un descontento que, aunque se quiera presentar como generacional, no es tal. El problema de acceso a la vivienda, y la especulación inmobiliaria que lo provoca, afectan transversalmente a personas de todas las edades porque enfrenta a poseedores con desposeídos, a quienes tienen recursos con quienes no los tienen, a quienes viven de su trabajo con quienes viven de rentas inmobiliarias o aspiran a vivir de ellas. Pero también a los grandes fondos de inversión frente a compradores particulares que se ven incapaces de competir en un capitalismo en que, incluso con una supuesta izquierda gobernante, se permite la especulación con bienes de primera necesidad a conglomerados oligopólicos que acaban monopolizando el mercado e imponiendo la ley del más fuerte, también contra los pequeños propietarios.
Las manifestaciones del domingo han sido interpretadas como la posibilidad de surgimiento de un nuevo movimiento de impugnación, similar al que en su momento supuso el 15-M en 2011. El hecho de que aquel movimiento iniciara también con protestas convocadas por organizaciones como V de Vivienda bajo lemas como “No vas a tener una casa en tu puta vida” y que, más de 15 años después, la situación de acceso a la vivienda no haya mejorado sino todo lo contrario, abre la puerta a realizar todo tipo de paralelismos. Muchos buscan volver a encontrar esa chispa que hizo desencadenar uno de los principales ciclos de protesta de la historia reciente española; otros se aprestan a decretar la segura cooptación de sus incipientes portavoces, denunciando lo sucedido tras la entrada de muchos de aquellos jóvenes inconformes a la política institucional.
Sea como fuere, entre las muchas reflexiones que han proliferado en las redes sociales, en tertulias de distinto tipo o en la prensa, desde que se produjeran estas últimas protestas, hay varias dignas de resaltar. Una es la demanda de no politizar el tema de la vivienda, expresada por la jefa de opinión de El Mundo, Lucía Méndez, en una tertulia en RTVE. La otra es de un usuario anónimo de la red X, defensor acérrimo del capitalismo liberal versión Milei: “El problema de la vivienda en España es que somos pobres”. La tercera la realizó una periodista en uno de los programas más vistos de la noche, acusando a los miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid de “montarse una lucha de clases moderna (…) la dictadura del inquilinato” y reaccionando con indisimulada preocupación a la posible convocatoria de una huelga de alquileres.
Es gracioso escuchar a quienes negaban hasta hace dos días la necesidad de regulación del mercado pedir que no haya un debate “ideológico”, como si detrás de la idea de gestionar los recursos de una sociedad bajo la lógica del laissez-faire no hubiera pura ideología neoliberal concentrada. Todavía lo es más ver a los liberales, de nuevo, culpando a las personas de su “fracaso” provocado por el mismo sistema que las empobrece y que ellos defienden. Es evidente que si la gente no puede pagar los alquileres es porque los salarios no alcanzan para cubrir los precios desorbitados, no porque éstos sean bajos, que también, sino porque hay una desproporción absoluta entre ambos. Es decir, estamos ante dos situaciones que forman parte del mismo problema, que se llama capitalismo y que se funda en el robo a la clase trabajadora del fruto de su trabajo. Por tanto, el problema no es sólo que seamos pobres, es que no dejamos de ser pobres porque hemos sido demasiado sumisos.
Estos tres ejemplos al azar muestran la falta de comprensión del origen estructural del problema de la vivienda, a la vez que traslucen cierto nerviosismo que se percibe estos días en los medios. Hay un sector de la clase dominante, y de sus operadores mediáticos, que instintivamente sabe que con el tema de los alquileres se ha tocado una tecla que puede cuestionar las mismas premisas que validan los discursos de defensa del sistema capitalista bajo el que vivimos: la libertad individual para hacer lo que quieras con tu propiedad, esgrimida por los defensores del libre mercado, por encima del interés colectivo. Es en esta confrontación descarnada donde se desnuda el auténtico debate que subyace y legitima este sistema: la defensa acérrima de los intereses particulares y del derecho a la propiedad privada sin cortapisas, generalmente de quienes más poder y recursos tienen, a costa del empobrecimiento creciente de las mayorías, desprovistas de toda propiedad. Que el debate sobre la vivienda desnude, como pocos, la disyuntiva, es algo que debemos agradecer.
El capitalismo, con su voracidad intrínseca, su búsqueda insaciable de nuevos nichos de negocio para perpetuar la desposesión y su obsesión especulativa está cavando su propia tumba. En una sociedad donde la afiliación sindical y la movilización de la clase trabajadora cuesta tanto, debemos saludar que el conflicto de clase esté explotando en el tema de la vivienda. Quizás este problema nos ayude a entender que no es que la juventud española no tenga futuro, como se denunciaba en las plazas del 15M, sino que la clase trabajadora no tiene presente de dignidad, ni futuro de emancipación, si no se organiza y lucha por sus derechos, tanto en el trabajo como en el territorio. La “lucha de clases moderna” nos lo exige. No les defraudemos.
Fuente: https://www.lamarea.com/2024/10/18/la-vivienda-esa-lucha-de-clases-moderna-arantxa-tirado/