Los rápidos acuerdos entre el PSOE y UP después de las elecciones del pasado mes de noviembre, pilló a la derecha desprevenida y supuso fue un duro golpe del que aún no se han recuperado.
Entrar en el Gobierno, formar una coalición “progresista” con la izquierda en este país resultaba demasiado peligroso. Sabíamos que lo que la derecha extrema no había conseguido en las urnas intentaría lograrlo de cualquier manera, sin límites en sus planteamientos, ni en su actuación. Desde el primer momento de la formación del nuevo gobierno (que contó con el apoyo de once millones de votos) no ha dejado de lanzar consignas, mentiras, bulos, ataques despiadados sin apenas darle tiempo a calentar los sillones de los ministerios.
Han puesto en marcha toda la ruidosa maquinaria que los apoya (grandes empresas, ricos, medios de comunicación, una parte de la judicatura, del ejército y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y ¡cómo no! la Iglesia) para combatir cualquier iniciativa que signifique cambios necesarios en una sociedad que en los siete años de gobierno, los populares había fomentado, hasta límites insoportables, la precariedad laboral, la exclusión social, la pobreza, los desahucios, la bajada de pensiones y salarios, los despidos casi gratis de los trabajadores, los recortes (sanidad, educación, dependencia, I+d y jubilación) y la pérdida de derechos fundamentales (reunión. manifestación, huelga, …).
La llegada de la pandemia ha pillado a toda la UE por sorpresa. Asia estaba muy lejos de nosotros, pero la globalización ha hecho el resto. Se ha expandido como un reguero de pólvora. Ningún país llegó a prever el alcance y desarrollo tan rápidamente del Covid-19. España tomó medidas urgentes y el confinamiento de la población era la única forma de controlar el contagio. El desastre no estaba previsto. Nuestro país ha tenido cerca de doscientos cuarenta mil contagiados, más de veintisiete mil fallecidos y, en muy poco tiempo, ha supuesto un hundimiento económico y social sin precedentes.
Mientras toda la sociedad se sacrificaba y se solidarizaba con las victimas, mientras profesionales sanitarios, auxiliares, trabajadores del transporte y del campo, empleados de supermercados y tiendas, se jugaban su integridad para para salvar vidas y abastecer de los servicios básicos y alimentos a la población, esta extrema derecha se enfrentaba al gobierno con el único objetivo de derribarlo ¡Ésta, por desgracia para nuestro país, no es la derecha democrática de los países europeos!
En toda la UE los partidos en la oposición han tenido la responsabilidad de hacer piña con su gobierno, aunque sean de signo contrario. Menos aquí. Aprovechar esta situación tan dramática para sacar provecho electoral, sin escrúpulos, difamando su actuación con bulos, mentiras, manipulaciones, sin plantear alternativas, sólo lo hace la política irresponsable de unos partidos en la oposición que nunca deberían ser partidos de gobierno, porque serán incapaces (como están demostrando en Madrid), de actuar por el bien de la comunidad, a favor de la mayoría social.
Pero no olvidemos, que estos lacayos derechistas son subalternos de los que realmente ostentan el poder y harán lo posible y lo imposible para derribar al Gobierno. Los cabestros que guían este acoso y derribo, son los poderes económicos, las grandes empresas, los ricos, … que controlan la comunicación de masas y que intentan imponer sus objetivos, presionando y asustando al Ejecutivo, como han hecho hoy los terratenientes proponiendo movilizaciones, si el gobierno manda al campo a los inspectores de trabajo ¿Qué quieren ocultar? Posiblemente las malas condiciones de vida y los bajos salarios de los jornaleros, casi todos inmigrantes. Estos poderosos lanzan sus ataques para que el Ejecutivo entienda cuál su margen de maniobra y que con un lavado de cara, todo siga como siempre, sin los cambios profundos que esta sociedad necesita.
Hasta ahora no se ha visto (prioritario atender a la pandemia) un Gobierno decidido y valiente capaz de enfrentarse a este desafío. Esperemos que, cuando esto pase, lo hagan con voluntad de cambio y firmeza. Si realmente se quiere transformar la difícil situación de la inmensa mayoría de la ciudadanía no tiene más remedio que asumir el reto y enfrentarse a estos poderosos con todas sus consecuencias. Pero, sólo el gobierno no puede. O la ciudadanía se moviliza y lucha para lograr un cambio profundo y una sociedad más justa e igualitaria o será este pueblo quién vuelva a pagar las graves consecuencias derivadas de la anterior crisis, la de 2008.
Esta derecha extrema de Madrid que ha aniquilado la sanidad pública, que ha vendido al mejor postor las residencias de ancianos para hacer negocio, se atreve a acusar al gobierno de sus propios desastres y a criticar e intentar impedir (no, al estado de alarma), la puesta en marcha de necesarias medidas para salvar vidas. Mientras, para evitar el colapso de un sistema sanitario que hacía aguas, envía un dramático protocolo aconsejando no hospitalizar a enfermos del Covid-19 en función de su esperanza de vida y su pronóstico. Muchos ancianos han muerto sin posible tratamiento y asistencia sanitaria. El sr. Reyero, consejero de Políticas Sociales (C´s), se opuso, defendiendo que “nos es ético y posiblemente sea ilegal”. Hay una comisión de investigación abierta (que cerrará en falso), pero, espero que no la justica que, ante la denuncia de muchas familias perjudicadas, debe depurar las graves irresponsabilidades de estos políticos del PP de Madrid.
En plena pandemia la presidenta, sra. Ayuso, tuvo que rectificar por la presión social del despido de 10000 trabajadores de la sanidad. Como ejemplo claro de este neoliberalismo inhumano, pregona la bajada mayor de impuestos por tener el IRPF más bajo de España (lógicamente beneficia con miles de millones a los ricos) y pide por internet donaciones (con beneficios tributarios) para hacer frente a la pandemia (la caridad por bandera). Mientras los profesionales de la sanidad en la Comunidad luchan para salvar vidas y exigen potenciar y acrecentar la sanidad pública, la presidenta va a emprender una privatización encubierta del Hospital Niño Jesús. La Sra. Ayuso ha retirado la subvención de menús diarios a niños de 0-6 años de familias con Renta Mínima de Inserción. Esto va a suponer que miles niños y niñas podrían morir por falta de alimentos. Esta señora presidenta va a eliminar 14000 puestos escolares (según CCOO) de todos los niveles de la escuela pública para favorecer la enseñanza privada concertada. Sigue su política de privatizaciones.
Cuando no le quedan argumentos, cuando la impotencia les sobrepasa, cuando se dan cuenta que su estrategia no tiene seguidores (sólo sus fieles), cuando son incapaces de dar soluciones a esta dura situación, esta derecha extrema pide dimisiones sin sentido y hacen furibundos ataques personales. Para ella, no existe la decencia, ni la honradez, ni la vergüenza. Para su política, todo vale.
Las palabras insidiosas de la Sra. Álvarez de Toledo, la marquesa, acusando de “terrorista” en una sesión del Congreso, al padre del vicepresidente, Pabla Iglesias, demuestran su chabacanería, su vulgaridad y su indignidad. No sé si podrá presumir con su título nobiliario, pero no le ha estampado ninguna clase de honestidad y buenos modales. La denuncia en el juzgado por parte del ofendido debería resolverse tan rápido como la instrucción que está haciendo la jueza Rodríguez-Medel.
La decisión del ministro del Interior, el sr. Sánchez-Marlaska, de destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha levantado una polvareda política y mediática sin precedentes. El cese de este coronel tenía que haber producido mucho antes. Su hoja de servicio no tiene desperdicio y el informe presentado a la jueza, Carmen Rodríguez-Medel, está repleto de falsedades y bulos (https://www.eldiario.es/escolar/Todas-mentiras-manipulaciones-Guardia-Civil_6_1034556572.html). Algunas de estas mentiras sacadas de medios de comunicación de la extrema derecha. Esta destitución ha provocado una oleada de críticas de los partidos de derecha extrema y extrema derecha, de medios de comunicación afines e incluso de sectores minoritarios de la Guardia Civil. Olvidan que el Gobierno tiene el derecho de cesar, sin tener que dar explicaciones, a todos lo cargos de libre designación que considere, como ya lo hizo el PP en su momento.
Descubiertas las falsedades y mentiras del documento entregado a la jueza (vergonzoso dislate), la comandancia de la Guardia Civil elabora otro, rectificando algunos de los bulos, pero manteniendo otros. Está claro que estos responsables de la Benemérita en Madrid vuelven a socavar su eslogan “el Honor es mi Divisa” y lo que debe hacer el Ministerio del Interior es llegar hasta las últimas consecuencias de este comportamiento nada ético de funcionarios públicos ¿Son estos los dos únicos documentos que han manipulado?
El reto que el Gobierno tiene por delante para poner en marcha su programa electoral es un camino lleno de obstáculos. Sin todavía poder centrarse en los profundos cambios sociales que el país necesita, las primeras medidas han encontrado una repuestas duras de los poderes oligárquicos y extremistas políticos. La derogación de la Reforma Laboral del PP (viola los derechos humanos) que forma parte del programa de Gobierno ha suscitado ríos de tinta en su contra y desafinados comentarios de los poderes económicos.
La aprobación de un Ingreso Mínimo Vital, insuficiente, ha parado las críticas tanto de los empresarios, como del PP y de la Iglesia. Puede ser un avance ante la grave situación que padecen millones familias en situación de precariedad, exclusión social o pobreza, pero es totalmente escaso ¿Por qué se ha reducido la cantidad inicial de 5000 millones a sólo 3000? ¿Qué ha ocurrido en la tramitación para una reducción tan drástica? Puede este ingreso atender a 850000 familias (algo más de dos millones y medio de personas), pero ¿y el resto hasta los casi 10 millones de existe más de exclusión social? ¿Qué pasará? El gobierno debe incrementar el presupuesto y atender a todas las necesidades perentorias de las familias en situación de vulnerabilidad: es de justicia social y será un dinero bien utilizado, que redundará en el consumo de productos y la ampliación de la demanda.
Es tan fuerte y peligrosa la presión que el gobierno está recibiendo de los poderes fácticos que, si quiere poner en marcha un programa de gobierno progresista y moderado que sólo aspira modernizar nuestra sociedad, acercándola un poco a los estándares de los países de nuestro entorno, no tiene más remedio que ser valiente, decidido y convencido que no se puede perder el histórico momento que vivimos, no puede dejar pasar una oportunidad que posiblemente nunca se vuelva a repetir. Por ello, hay que recordar, que son muy necesarios recuperar los derechos laborales y sociales, potenciar los servicios públicos (salud, educación, vivienda, dependencia,…), establecer un sistema fiscal justo y progresivo, desarrollar un proyecto industrial ambicioso (necesaria la nacionalización de sectores estratégicos: banca, energía, …), auspiciar una agricultura ecológica, incrementar el I+d, aprobar nuevas leyes para conciliar la vida laboral y familiar, fomentar y animar el empleo digno (público y privado) y proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (parados, mujeres, ancianos, niños…).
Juan García Ballesteros es presidente del Colectivo Prometeo