Una carta al presidente del gobierno de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, hecha pública el 5 de enero, sintetiza las principales reivindicaciones del colectivo. En primer lugar, se pide una partida extraordinaria para financiar los antivirales de última generación, de manera que alcancen a todos los afectados por hepatitis C. Además, se le […]
Una carta al presidente del gobierno de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, hecha pública el 5 de enero, sintetiza las principales reivindicaciones del colectivo. En primer lugar, se pide una partida extraordinaria para financiar los antivirales de última generación, de manera que alcancen a todos los afectados por hepatitis C. Además, se le pide al gobierno el uso de los fármacos patentados sin el consentimiento de la empresa propietaria, por razones de interés general. ¿Qué está sucediendo a día de hoy? «Las administraciones están poniendo el freno a la distribución de los nuevos medicamentos», asegura Damián Caballero, vicepresidente de la plataforma estatal de afectados por hepatitis C. Mientras, 35.000 enfermos requieren tratamiento urgente y 12 mueren diariamente. Damián Caballero participó el viernes 23 de enero en un acto organizado por la Assemblea Antiprivatització del País Valencià en el Casal Obrer i Popular Francesc Santacatalina de Valencia.
-La plataforma de afectados se constituyó el 3 de septiembre en Madrid. ¿Ha crecido sustancialmente el movimiento desde entonces?
Sí, precisamente el 24 de enero se creó la plataforma de afectados en Aragón. Cuando empezó el proceso en Madrid, sólo éramos unas 15 personas. Pero nos dimos cuenta de que personas de otras provincias tenían interés en contactar con nosotros, y así decidimos convertirnos en asociación estatal de afectados (el 22 de noviembre, en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid). Es importante el término «afectados» (no enfermos) porque pretendemos darle un alcance más amplio a la plataforma. Y el movimiento empezó a extenderse por los territorios (hay ya 22 plataformas constituidas, y ahora nos vamos a organizar por comunidades/nacionalidades; de momento lo hemos hecho en Galicia, Madrid y Aragón). Decidimos convocar las primeras movilizaciones.
-Por otra parte, habéis impulsado «encierros», concentraciones y manifestaciones…
Por ejemplo el «encierro», desde el 18 de diciembre, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Éste es un lugar señero, donde los profesionales llevaron a cabo una pelea muy fuerte contra las privatizaciones, los recortes y en defensa de la sanidad pública. El 10 de enero organizamos una manifestación al Palacio de la Moncloa, en la que participaron miles de personas, con una idea fundamental que continuamos manteniendo: nosotros solos no podemos ir a ningún sitio. Necesitamos la organización, juntarnos todas las organizaciones políticas y sindicales. Y así se hizo… Además, el 6 de febrero la plataforma presentará una querella contra Ana Mato y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en el Tribunal Supremo. También hemos convocado para las próximas fechas una marcha de todos los territorios hasta las Cortes Generales.
-Habéis llevado los reclamos de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C a la puerta del Parlamento europeo. ¿Qué significado tuvo esta protesta?
En primer lugar, ha resultado una experiencia importante por varias razones. De entrada, porque ha permitido exteriorizar, fuera de las fronteras, la problemática de la hepatitis C, y ello ha generado más solidaridad y unión entre los afectados. A la capital belga nos desplazamos unas 50 personas, invitadas por Podemos, aunque después otros grupos parlamentarios también estuvieron presentes en la Comisión de Salud. En un primer momento nos prohibieron la concentración solicitada en la puerta de la institución, pero la pudimos llevar a cabo. Además lanzamos en voz alta, sin gritar, las consignas de la convocatoria, como «Gobierno de España y laboratorio Gilead: 12 muertos por hepatitis C evitables». El secretario de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo bajó a recoger el documento con nuestras demandas. A la vuelta, en el aeropuerto de Barajas, había un centenar de personas esperándonos a las 11 de la noche. El recibimiento fue impresionante.
-¿Qué responsabilidad atribuyes al gobierno en la desatención a los afectados que se denuncia?
Toda. Ateniéndonos a sus leyes, el artículo 43 de la Constitución Española lo deja muy claro: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud; compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (…)». No se concibe entonces que el gobierno rescate bancos, autopistas, a Florentino Pérez con el Proyecto Cástor o infle de dinero a las eléctricas. Mientras, nos dice que no hay dinero para los afectados por hepatitis C. Dinero hay, pero para los suyos, no para la gente de clase trabajadora. Su idea es caminar hacia un modelo completamente privatizador, como el de Estados Unidos. El que tiene dinero, podrá acceder a la sanidad, y el que no…
-¿Y en cuanto a la responsabilidad de los laboratorios?
Lo de Gilead es vergonzoso. Los estudios que sirvieron para el desarrollo del Sovaldi fueron financiados por agencias públicas de Estados Unidos. En 2007 Pharmasset sale a bolsa, se revaloriza y en 2011 es adquirida por Gilead, por 11 mil millones de dólares. Entre los directivos de esta multinacional figuran secretarios de estado de tres administraciones estadounidenses, como Donald Rumsfeld y George Shultz. Pero lo decisivo es que a través de la compra de Pharmasset, la empresa Gilead adquirió asimismo la patente P SI-7977, del Sofosbuvir (principio activo comercializado con la marca Sovaldi). Lo que ahora nosotros queremos indagar es si la molécula de la que se parte -la P SI-7977- ya curaba la hepatitis C. Ésa es la gran cuestión ahora mismo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Mediante las llamadas «licencias obligatorias» previstas por la OMC, puede autorizar a que una empresa del país fabrique el antiviral por razones de «interés público». Ya en India, la Oficina de Patentes ha negado a Gilead la posibilidad de patentar el Sofosbuvir, al no considerarlo bastante innovador.
-¿Cuáles son las reivindicaciones básicas de las plataformas de afectados?
Son muy sencillas. De entrada, una partida presupuestaria para tratar a los afectados más graves, en concreto, a los 35.000 cirróticos, a quienes se ha de proporcionar los nuevos tratamientos de una manera urgente. Al mismo tiempo tendríamos que ver cómo se les va suministrando los antivirales a las personas que padecen la hepatitis C en las primeras fases (F1 y F2). Porque cuanto se trata la enfermedad por ejemplo en F2 (con carga viral pero sin que afecte de manera determinante al hígado), no sólo puede erradicarse el virus sino que pueden evitarse transplantes posteriores (el coste oscila entre los 130.000 y los 150.000 euros). Es decir, incluso desde un punto de vista economicista sale más barato atacar la enfermedad en su primera fase. Mientras, se está vendiendo como un elemento de la «marca España» el liderazgo mundial en transplantes de órganos. Además, pedimos un plan estatal para erradicar definitivamente la hepatitis C. Nosotros participaríamos si el comité que se constituyera fuese independiente de las farmacéuticas.
-En el Ministerio de Sanidad se os pide que no se «politice» la hepatitis C, aunque entienden que los afectados puedan ejercer las acciones que consideren en cada momento. ¿Qué opinas?
Son ellos quienes marcan las políticas, no nosotros. Además, este conflicto es «política». Igual que cuando se dice que hay que «despolitizar» las huelgas generales… Si lo que tenemos es un enfrentamiento directamente con el poder y con los gerentes del capitalismo, eso es una cuestión política. De lucha de clases. Les falta la voluntad para resolver el problema, ésa es la realidad.
-¿Habéis recibido el apoyo de personas no directamente afectadas por la hepatitis C (o familiares de estos)?
Sí, muchísimos. Creo que los afectados y las plataformas se han ganado a la opinión pública. Muchas personas que no padecen la enfermedad participaron en la manifestación del 10 de enero desde el Hospital 12 de Octubre hasta el Palacio de la Moncloa. En el hospital, durante el «encierro», se han recogido más de 100.000 firmas (sólo en Madrid). Y en Valencia se recogieron 10.000 firmas en cuatro días.
-¿Qué representa la plataforma para las personas enfermas y sus familias? El hecho de compartir días enteros codo a codo en la batalla, y con reivindicaciones comunes.
Mira, la hepatitis C es una enfermedad estigmatizada. Hay gente que la ha tenido totalmente escondida porque discrimina, incluso en el terreno laboral. Y te digo más. Vas a sacarte, por ejemplo, un seguro de vida, y estás señalado. Ante esa situación de estigma social, la gente se retrae y oculta una enfermedad que además es «silenciosa». No avisa. Al principio no la notas… Por otro lado, el «encierro» en el Hospital 12 de Octubre ha supuesto una «terapia» para los afectados. Van al centro, allí se encuentran unidos, a gusto… Hemos organizado en el centro hospitalario una mesa con asesoría jurídica y para la denuncia de casos. También atendemos a los pacientes. O acompañamos a los afectados a los hospitales para que les prescriban el sovaldi.
-¿A qué ritmo se están administrando los antivirales de última generación en los centros hospitalarios?
Se están suministrando muy pocos. Las administraciones han puesto el freno. En Madrid se puede haberse llegado, después de toda nuestra pelea, a 400 fármacos como máximo. Lo proporcionan con «cuentagotas». Nosotros recordamos que el sovaldi se ha de combinar en los tratamientos con daclatasvir y simeprevir, que también son de última generación. El tratamiento, de 12 semanas (de sovaldi y simeprevir), sale por cerca de 40.000 euros. En un principio se dijo que el gobierno había conseguido -en la negociación con Gilead- una rebaja de 60.000 a 25.000 euros en el precio del sovaldi, pero el precio realmente no está cerrado. No se tiene ni idea de la cifra exacta.
-Por último, ¿qué debería saber la opinión pública sobre la hepatitis C?
La mayoría de los contagios se produjeron en los años 70 y 80 por transfusiones de sangre, cuando todavía no se conocía la existencia del virus (fue descubierto en 1989). Personalmente he vivido cómo en la vacuna de la «mili», tras la inyección, la aguja se limpiaba con un poco de alcohol y se procedía a vacunar al siguiente. De ese modo se contagió mucha gente. También en los dentistas, porque no se desechaban las agujas sino que se esterilizaban en condiciones deficientes. La hepatitis C sólo se puede contagiar por contacto sanguíneo. Ha sido el estado, a través de la sanidad pública, uno de los principales canales de transmisión. Luego se quiso «desprestigiar» la enfermedad, al asociarla a la drogadicción.
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