Carmela firmó inicialmente un contrato con el Banco Sabadell, que después fue traspasado a un fondo buitre; “me informaron por burofax de que no me renovaban el alquiler social, yo he pagado todos los meses”, afirma, ataviada con la zamarra verde de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH); Carmela está enferma de diabetes y sufre problemas cardiacos; Otra afectada, Caty, toma la palabra: “La psiquiatra me dijo, ‘estás viviendo una tragedia social’”; respecto al acoso inmobiliario de los fondos, cuenta una compañera: “Me asedian por teléfono, mensaje de texto y WhatsApp, después no quieren saber nada”.
Participaron, junto a más de un centenar de personas, en la concentración convocada el pasado 25 de marzo por PAH-Valencia, ante el Palau de la Generalitat; On està la meua? fue el lema de la convocatoria, en la que se pidió la asistencia portando una maleta; “llevamos años reivindicando ante las administraciones una vivienda social, ya que no tenemos suficientes ingresos y siempre nos dicen lo mismo: no hay vivienda pública”.
Vecinos y activistas reiteraron las consignas de Sí se puede!; Que salga el president!; De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste o No son suicidios, son asesinatos! (en referencia a Álex, de 70 años, quien se quitó la vida el pasado 19 de marzo en Sabadell, tras ser víctima de un desahucio asociado a la vivienda de alquiler; vivía con su pareja en el piso desde hace tres décadas).
Durante la movilización en Valencia, se mostró una pancarta de apoyo a las Jornadas de Acción común por la Vivienda, convocadas entre el 27 de marzo y el 7 de abril por la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad (en la edición de 2023, decenas de miles de personas participaron en manifestaciones, reuniones y actuaciones en ciudades como Lisboa, Bruselas, Berlín, Londres, Atenas o París).
Asimismo la Coalición se ha movilizado en la calle -el 12 y 13 de marzo en Cannes- contra el MIPIM-2024 “y la especulación inmobiliaria”; la ciudad francesa acogió durante esas fechas la feria mundial MIPIM, en la que están presentes profesionales del sector, empresas con sus estands e instituciones públicas.
Uno de los portavoces de la PAH, José Luis González, subrayó en la plaza de Manises la dimensión de los desahucios; según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2023 se produjeron 26.659 lanzamientos o desahucios en el estado español (diferentes tipos de inmuebles, además de viviendas); de la cifra total, el 74% correspondía a procedimientos derivados de la legislación de arrendamientos urbanos (LAU), y cerca del 20% a ejecuciones hipotecarias.
El País Valenciano fue, en 2023, la tercera autonomía del estado español en número de desahucios por la ley de arrendamientos (2.673), tras Cataluña (5.158) y Andalucía (2.961).
En las redes sociales pueden seguirse las convocatorias y acciones de PAH-Valencia; el colectivo no pudo -finalmente- paralizar el desahucio de Antonio (26 de marzo) en el municipio de Rafelbunyol (Valencia), a instancias del fondo buitre Promontoria Coliseum Real State; pero un mes antes fue suspendido el de Vicente y sus familiares, en el municipio de Aldaia; además convocaron -el 29 de febrero- a frenar la expulsión de Soledad y su familia en el barrio de La Fuensanta, en Valencia (“instado por Verde Iberia Properties S.L.”).
En Montserrat (9.300 habitantes, Valencia), salieron a la calle -el 21 de febrero- contra el desalojamiento forzoso de decenas de familias -en cinco bloques de viviendas- promovido por la SAREB (también denominado banco malo, entidad de capital mayoritariamente estatal, propietaria de miles de viviendas y terrenos); los activistas reivindicaron la regularización de contratos de alquiler social y asequible.
También los portavoces de la PAH resaltaron el contexto en que tienen lugar los lanzamientos y expulsiones; según el portal inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de alquiler en el País Valenciano aumentó el 14% en febrero de 2024 respecto al mismo mes de 2023 (el incremento interanual en el estado español es del 7,3%); en cuanto al precio de la vivienda de alquiler en el País Valenciano, fue de 11,7 euros/metro cuadrado en febrero de 2024.
El INE ha informado, asimismo, de que el precio de la compraventa en el País Valenciano se halla -en el cuarto trimestre de 2023- en el 4,2% (tasa de variación anual); se trata del mismo porcentaje que en el estado español.
La radiografía tal vez podría completarse con las declaraciones de la consellera de Turismo, Nuria Montes, el 18 de marzo en Sevilla: “El País Valenciano cuenta con más de 100.000 viviendas turísticas registradas y 500.000 plazas de alojamiento en esta modalidad, que ya ha superado al resto, incluido el hotelero”.
Durante la concentración del 25 de marzo, los activistas antidesahucios trasladaron al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, un Plan de Choque ante “la cantidad de procedimientos judiciales instados -o a punto- por los fondos buitre”.
Para garantizar el derecho a la vivienda, la plataforma solicita en el escrito “reuniones urgentes” para el avance en cinco puntos: ayudas para el alquiler y dotación adecuada de los servicios de la Unidad de Ayuda ante Desahucios (UAD); un parque público de viviendas; la moratoria y regulación de las plazas, viviendas y bajos turísticos; también medidas en torno a la SAREB, y el desarrollo de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023, aprobada por las Cortes Generales y publicada por el BOE el pasado 25 de mayo.
En la propuesta se agrega un Protocolo de Mediación y el control del precio de los alquileres (“El PP tumba una moción de la izquierda para declarar Valencia zona tensionada por el alquiler”, tituló el periódico Levante-EMV el pasado 27 de marzo).
A finales de 2022, la Generalitat Valenciana gestionaba 14.600 viviendas, de las que 11.357 se hallaban en régimen de alquiler social; una de las prioridades de la PAH es el Programa LlogAD; se trata de que la Generalitat “suscriba como titular contratos de alquiler con la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias” y que tanto personas como familias “se puedan subrogar al mismo”.
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