El Título I de la Constitución española establece los derechos y deberes fundamentales.
En el Capítulo Segundo del Título I, referido a “Derechos y Libertades”, su artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
La redacción del artículo 14 es impecable y es muy probable que se mantenga intacto, aunque la Constitución pueda reformarse en el futuro.
Por otra parte, de haberse contemplado excepciones a lo establecido en el artículo 14 se deberían citar expresamente, lo que no ocurre en ninguno de los 168 artículos restantes, ni tampoco en sus disposiciones adicionales.
A pesar de que la Constitución está vigente en su totalidad, en marzo de 2022 Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, decidió cerrar definitivamente las investigaciones que había iniciado sobre las actividades privadas del rey anterior, Juan Carlos I, a pesar de que en el decreto de archivo se hacía referencia a la comisión de varios delitos económicos.
Por tanto, y a pesar de lo que establece la Constitución, en el Reino de España es posible cometer delitos que no serán castigados por la Justicia, lo que implica indefensión para las víctimas, imposibilitadas para reparar los perjuicios sufridos.
Por otra parte, el día 9 de mayo, también de 2022, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, informó que, con ánimo de iniciar una reforma legal que resolviera la gravísima irregularidad que se puso de manifiesto tras la mencionada decisión de archivar las investigaciones decretada por el fiscal Luzón, se dirigió a “la Casa Real” para evacuar consultas al respecto, siendo negativa la respuesta que recibió.
Solo es posible deducir de la información revelada por Carmen Calvo una conclusión tan evidente como que Felipe VI quiere seguir disfrutando del mismo privilegio que disfrutó su padre, lo que le permitirá cometer delitos sin tener que enfrentarse a la Justicia.
El pasado 23 de diciembre un grupo formado por 23 profesionales jurídicos de Illes Balears se dirigió al presidente del Gobierno para que trasladara a Felipe VI, que al día siguiente debía pronunciar el discurso anual de Navidad, la petición de que renunciara voluntariamente al indefendible privilegio de impunidad ante la Justicia de que disfruta.
En tanto que tal renuncia no se ha producido y que tampoco el presidente del Gobierno ha contestado aún a la petición que recibió el 23 de diciembre, quienes suscribimos el presente escrito, alcaldes y alcaldesas de las localidades de Illes Balears que se relacionan, queremos dejar constancia de nuestro apoyo a la mencionada petición de los profesionales jurídicos.
Por último, instamos a las autoridades pertinentes a que debatan y aprueben las reformas necesarias para acabar con una interpretación de lo establecido en la Constitución que viene suponiendo un incumplimiento flagrante de la misma desde el mismo día de su entrada en vigor, en diciembre de 1978.
Suscriben esta declaración Lluis Apesteguía (Deiá), Colau Canyellas (Santa Maria del Camí), Miquel Oliver (Manacor), Magdalena Perelló (Llubí), María Ramón (Esporles), Joan Verger (Montuiri) y Guillem Villalonga (Mancor de la Vall).