«El excelente clima de inversión y las oportunidades que el Valle del Cauca ofrece para los negocios y la prosperidad del tejido empresarial instalado, se refleja en la ubicación de más de 100 compañías de capital extranjero», pone en valor Invest Pacific (Agencia de Promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano). También se destaca la […]
«El excelente clima de inversión y las oportunidades que el Valle del Cauca ofrece para los negocios y la prosperidad del tejido empresarial instalado, se refleja en la ubicación de más de 100 compañías de capital extranjero», pone en valor Invest Pacific (Agencia de Promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano). También se destaca la presencia de 429 empresas del departamento que se encuentran dentro de las 5.000 sociedades más representativas de Colombia.
Otra visión de la realidad la ofreció el pasado mes de agosto en Cali el jefe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de la Memoria Histórica, Álvaro Villarraga, según recogieron diversos medios. Afirmó que el paramilitarismo sigue vivo en el Valle del Cauca, con otros nombres y otros actores. De hecho, gran parte de los miembros de las bandas paramilitares que actúan en el país lo hacen en este departamento. Incluso las acciones de estos grupos han aumentado después de los Acuerdos de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Asociación Ecate trabaja en la defensa de los derechos humanos y de las poblaciones campesinas e indígenas en el Valle del Cauca. Una de las líderes y secretaria de la organización, Luz Marina Palacios, amenazada de muerte en diferentes ocasiones, ha participado en una jornada organizada en Valencia por EntreIguales, en colaboración con la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y la Universitat.
-¿Qué causas explican la violencia estructural que sufre el Valle del Cauca desde hace décadas?
Hay conflicto porque la región es de vital importancia económica para la conexión con Centroamérica y con el resto del Pacífico. Por ello se convirtió en un punto estratégico para el narcotráfico y por eso reaparecieron las Bacrim y los neoparamilitares en el norte del valle, la costa pacífica y el norte del Cauca. La población se expone al riesgo de extorsión, secuestros y homicidios pese a no tener relación con el tráfico de drogas. Otro elemento decisivo es la penetración de las mafias de la coca en las estructuras políticas y económicas del Valle del Cauca. Se hace uso de prácticas como el chantaje, la compra de votos y la corrupción. Además del control del territorio a través del terror. Por otro lado, las altas tasas de jóvenes desempleados constituyen un nido para el reclutamiento de las bandas paramilitares. El Plan Integral para la Prevención y Protección a los Derechos a la Vida, Libertad e Integridad del departamento del Valle reconoce esta realidad.
-La violencia y los ataques a defensores de derechos humanos es un fenómeno generalizado en Colombia. ¿Cuál es el elemento diferenciador en este departamento suroccidental?
El informe del primer semestre de 2014 del Programa «Somos Defensores» señala que el Valle del Cauca es, junto con el Cauca, el departamento con mayor número de defensores de derechos humanos asesinados, cuatro en cada caso. Es también el que registra un mayor número de amenazas a líderes y defensores (21 casos). Además, el informe apunta el incremento de las agresiones (34) frente al mismo periodo de 2013 (17). En el conjunto del país, las agresiones contra defensores de derechos humanos aumentó un 20% respecto al mismo periodo de 2013, al pasar de 154 a 194.
-Con independencia de las cifras, la labor de Ecate se basa en la denuncia de hechos concretos…
Por ejemplo en julio de 2013, los comunales del corregimiento Aguaclara (municipio de Tuluá) realizaron una reunión de junta por la noche. Al terminar la sesión, el presidente de la junta, Diego Martín Vargas Hernández, regresó a su residencia pero fue interceptado por un individuo que le disparó con un arma de fuego. Salió ileso del atentado. Esa misma noche, al regresar a su vivienda, el vicepresidente de la junta, Pedro Mondragón Gutiérrez, encontró un pasquín con amenazas. El 12 de septiembre fue asesinado en el mismo corregimiento un excomunal y activista comunitario, Guido Quintero Becerra, cuando volvía en una bicicleta de su trabajo como vigilante en un parqueadero. Su liderazgo cívico y comunal era reconocido en el corregimiento. Es de anotar que el presidente de la junta de acción comunal manifestó su renuncia presionado por las amenazas de muerte, y el vicepresidente decidió abandonar la ciudad. En septiembre de 2013 también denunciamos las amenazas sufridas por Segundo Antonio Cabezas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización de San Francisco (Tuluá).
-¿Podrías referir algunas de las últimas denuncias?
El 16 de junio de 2014 denunciamos el asesinato de José Arlex Avendaño Arango, campesino de 42 años y con cuatro hijos. Era líder campesino de la zona rural montañosa del municipio de San Pedro Valle, en concreto, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Siria, miembro de Astracava y del Comité de Desarrollo rural del municipio San Pedro Valle. Hemos pedido a las autoridades la investigación y el esclarecimiento de los hechos. José Arlex Avendaño fue ultimado con arma de fuego cuando se movilizaba en motocicleta, en compañía de su esposa. Cuando Ecate realiza una denuncia por cualquier hecho que afecte a los derechos de las comunidades, procuramos realizar visita al sitio en compañía de la institucionalidad y levantar acta «in situ». En febrero de este año remitimos un escrito al secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, en relación con el caso de la docente, líder afro y mujer revictimizada Elvia Elira.
-Constituyó uno de los hitos la masacre de «Cerro Azul», corregimiento situado en el límite entre los municipios de Bolívar y Trujillo y habitado por 300 familias que se dedican a la producción agropecuaria. ¿Qué ocurrió?
El 29 de junio hombres armados sin que se pudiera determinar número ni procedencia atacaron a la población civil, con el resultado de seis lugareños asesinados y otros cinco heridos. El 6 de julio de 2013 se convocó una marcha pacífica contra los violentos y por la paz, en la que participaron representantes y población de las comunidades de la zona rural. Expresaron el deseo de continuar en sus tierras y con su actividad productiva, por el apego a un proyecto de vida que iniciaron hace más de 20 años. Al gobierno se le pidió el derecho a la permanencia y continuidad, teniendo en cuenta que a la zona centro-norte del Valle del Cauca se la reconoce como territorio de influencia de los Bacrim. Además, en los meses anteriores se denunciaron numerosos crímenes en los municipios de Bolívar, Trujillo y Riofrío.
-La asociación Ecate ha insistido en la vulneración de los derechos del colectivo LGTBI. ¿Cuál es la situación de estas personas?
Ya el 11 de enero de 2012 se produjo el homicidio de Yuri Álvarez Real, miembro de la comunidad LGTBI y residente en el municipio de Tuluá. En febrero de este año hemos denunciado que miembros del ejército nacional (fuerzas especiales de control urbano) en Tuluá agredieron de palabra y con hechos a personas del colectivo LGTBI que realizan labores nocturnas en el municipio durante más de cinco años. Los militares les manifestaron desprecio por su condición y orientación sexual. A la líder del proceso Trans que se encontraba en la zona, Erika Rodríguez, quien ha recibido panfletos y mensajes de texto amenazantes, un efectivo del ejército le lanzó una granada de humo a los pies y le golpeó en las extremidades inferiores. Después de dos detonaciones, hubo ataques de estos efectivos contra las mujeres trans, quienes tuvieron que huir. En octubre de 2012 la asociación Ecate lanzó un comunicado titulado «SOS Población LGTBI Tuluá Valle del Cauca» denunciando las amenazas recibidas por la líder de esta población.
-Por último, tienes en tu mano el pasquín de un grupo paramilitar repartido a primeros de este año…
Sí, y dice lo siguiente: «Bacrim. Opción al paramilitarismo. Grupo de Limpieza informa. Por solicitud del comercio de los habitantes de los sectores de Ciudad Bolívar y Soacha, se nos informa del requerimiento de nuestra presencia, ya que los actos delictivos se le salen de control a la fuerza pública y demás entes del estado, por lo tanto es indispensable una nueva limpieza social, con el fin de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. A partir de hoy 24 de enero de 2014 y en los próximos 30 días, siendo las 23 horas, no se responderá por personas que se encuentren en la calle, los ya denominados rateros, viciosos, jibaros, gente del común y maricas. Al igual que establecimientos como bares, discotecas, billares y burdeles. Es de anotar que ya se tiene en la lista negra a personas ya identificadas por nosotros y la ciudadanía, ya que aullentan (sic) la tranquilidad entre la población. Comuníquese y cúmplase».
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