Lo primero y más elemental que cabe pedirle a un Gobierno que se pretende espejo de honradez es que no trate de engañar a la ciudadanía. Cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el acuerdo al que ha llegado con la Conferencia Episcopal Española «vincula los ingresos de […]
Lo primero y más elemental que cabe pedirle a un Gobierno que se pretende espejo de honradez es que no trate de engañar a la ciudadanía. Cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el acuerdo al que ha llegado con la Conferencia Episcopal Española «vincula los ingresos de la Iglesia de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes», miente, y ella lo sabe.
Trata de que nos creamos que, a partir de 2007, la Iglesia católica se financiará con el dinero que quieran darle sus feligreses. Y eso no sólo es completamente falso, sino que lo es, además, por partida doble.
En primer lugar, porque los católicos que quieran contribuir a los gastos eclesiales no van a pagar ni un céntimo más que el resto de los ciudadanos. En lo que a la declaración de la renta se refiere, ellos se limitarán a mostrar su deseo de que pague el Estado. A partir de lo cual, será la Hacienda pública la que detraerá una parte (el 0,7%) de lo que ellos hayan pagado en concepto de IRPF para dárselo a la Conferencia Episcopal. Como ese dinero será restado de los ingresos totales del erario, los perjudicados seremos todos, incluidos quienes alienten otras creencias religiosas y los que carecemos de ese registro anímico concreto. Los católicos no darán ni un euro que no estuvieran obligados por ley a pagar, como todo quisque. La financiación de su Iglesia les seguirá saliendo gratis.
En segundo lugar, es igualmente falso que « los ingresos» de la Iglesia Católica vayan a estar vinculados «de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes» a partir del año próximo. La cantidad deducida del IRPF no es más que un porcentaje mínimo del dinero que el Estado aporta a la estructura eclesial dependiente del Vaticano. Es cierto que buena parte del enorme caudal de euros que pasa de las arcas públicas a las de la Iglesia está destinado a financiar tareas de educación y asistenciales -tareas que aprovecha para hacer proselitismo y crear ámbitos regidos por su peculiar rigorismo moral-, pero no menos cierto es que otra parte de ese dinero se dedica al pago de los haberes y la manutención del clero encargado de todas esas funciones, algunas tan impropias de un Estado no confesional como es la de los capellanes castrenses, los cuales ostentan el rango de oficiales y están dirigidos por un arzobispo al que el Estado reconoce el grado de general de División (sic). ¿En dónde queda en todo eso «la voluntad de los contribuyentes»?
Una parte del propio PSOE ha torcido el gesto ante este acuerdo, que tanto ha gustado, por contra, a la jerarquía vaticana. ¿La idea no era que todas las estructuras eclesiales se sostuvieran a partir de las contribuciones ad hoc de sus fieles? Sí, ésa era la idea. Pero la práctica, ya se ve, va por otro lado. Como siempre.