Pese a que el ministro de Interior limita la orden de aumentar las detenciones a un caso concreto en Madrid, colectivos sociales afirman que es una práctica común. «Ya llevamos tiempo viendo un aumento de detenciones en Barcelona y en otros territorios de Cataluña. No es una acción puntual en Madrid, lo que pasa es […]
Pese a que el ministro de Interior limita la orden de aumentar las detenciones a un caso concreto en Madrid, colectivos sociales afirman que es una práctica común.
«Ya llevamos tiempo viendo un aumento de detenciones en Barcelona y en otros territorios de Cataluña. No es una acción puntual en Madrid, lo que pasa es que ahí se ha descubierto el motivo: la circular. Lamentablemente muchas cuestiones de Extranjería funcionan con circulares internas que no salen a la luz», señala Begoña Sánchez de SOS Racismo Barcelona.
Esta organización, así como otras numerosas asociaciones de inmigrantes o que trabajan con ellos, relacionan el aumento de detenciones con los intentos de convertir a la población migrante en chivo expiatorio de la crisis. Aunque también la relacionan con la reforma de la Ley de Extranjería: «Se busca fomentar la imagen de una inmigración desordenada para justificar este tipo de actuaciones», apunta Sánchez.
Y es que las redadas basadas en el color de la piel son una realidad cotidiana. Los colectivos sociales no se han sorprendido por la existencia de las cuotas de detenciones destapadas en Madrid. Las consideran parte de una estrategia general para amedrentar a los migrantes y criminalizarlos.
En Valencia, Roberto Villena, secretario autonómico del Sindicato Unificado de Policía, declaraba en febrero que el sistema de trabajo de Carlos Rubio [ver columna] perdura aunque «no con la misma presión». Desde la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes-Valencia valoran sin embargo que hay un «aumento excesivo de la represión, persecución y las redadas». Por su parte, el 12 de febrero, SOS Racismo Navarra y la plataforma Denontzat presentaban en el Parlamento navarro una denuncia ante el significativo aumento de los expedientes de expulsión entre 2006 y 2008, tanto de los iniciados como de los finalmente tramitados. Habían conseguido recopilar estos datos pese a que son de difícil acceso. «La respuesta fue que la Constitución protege a todos por igual», señala Jon Kepa, de SOS Racismo, «lo ocurrido después en Madrid demuestra que no es así».
En 2008, las expulsiones crecieron un 12,1% respecto a 2007, según el Balance de la Lucha contra la Inmigración 2008 presentado por Rubalcaba en enero. Sin embargo, en dicho informe no se aportan datos sobre el número total de expedientes de expulsión. Según diversas estimaciones, entre un 80% y un 90% de los que se incoan no se ejecutan. Los inmigrantes inmersos en un expediente administrativo quedan inhabilitados durante cinco años para regularizar sus papeles.
Para Pilar Quintana, de Asturias Acoge, el aumento de las detenciones «es una estrategia para asustar con consecuencias nefastas, porque una persona con expediente de expulsión es prácticamente imposible que acceda a la documentación y, con ello, que trabaje en situación regular: se les aboca a la miseria».
Respecto a Asturias señala que, además de una práctica constante de detenciones «periódicamente se montan dispositivos especiales como la operación bautizada por la policía Transport Express, de detención de migrantes en estaciones de autobús y tren. Denunciada en octubre, se prolongó meses. Luego supimos que se repitió en otras ciudades y que fue ordenada desde Bruselas. La ‘cacería’ del inmigrante está a la orden del día», afirma.
Redadas masivas
En Murcia, en la localidad de Torre Pacheco, el 27 de junio tuvo lugar una ‘cacería’: durante más de seis horas, las fuerzas de seguridad del Estado rodearon el pueblo y, según denuncian los inmigrantes, lo ‘peinaron’ (entraron incluso en la mezquita a la hora del rezo) y con violencia identificaron a unas mil personas, y detuvieron a 58 de ellas por no tener papeles.
Las organizaciones sociales sospechan que también hay redadas ‘enmascaradas’. Jon Kepa, pone un ejemplo: a finales de febrero «se produjo una redada, supuestamente contra el tráfico de drogas, en una discoteca en Pamplona. Había unas cien personas latinas. Resultaron expedientadas, tres por tenencia -ni siquiera por tráfico- y diez personas detenidas por no tener los papeles en regla. Policías de extranjería acompañaban a la policía judicial».