En el año 2014 los vecinos de la Plataforma Zona Norte de la ciudad de Granada fueron a Bruselas a protestar por los frecuentes cortes de luz en el barrio, el que registra mayores índices de paro y absentismo escolar de la capital andaluza. Desde la UE les respondieron que el conflicto sobre la pobreza energética era una cuestión interna, nacional o regional, y que sus competencias se limitaban, por ejemplo, a asuntos como la conservación de los ríos. “Habrá que poner cara de boquerón”, dijeron a la vuelta los vecinos
Ahora viven en “el día la marmota”. Granada se está manifestando toda esta semana por los cortes de luz en el Distrito Norte. El 28 de enero hay prevista una gran movilización en Sevilla por los vecinos del Polígono Sur. El pasado 24 de diciembre las asociaciones de los barrios de Font de la Pólvora de Girona, Sant Roc de Badalona y Culubret de Figueres se concentraron ante la sede de Endesa en Barcelona para pedir explicaciones a la compañía por los frecuentes cortes de luz en sus barrios desde hace años.
¿Las respuestas? Exceso de enganches ilegales. De invernaderos de marihuana que saturan la red con su consumo. Fraude de vecinos que no pagan. Ayuntamientos y comunidades autónomas que ignoran a los vecindarios y como mucho se ofrecen a “mediar” con las empresas. Los barrios han dicho basta, y ahora mismo por ejemplo las organizaciones de Granada mantienen una demanda civil contra Endesa y las de Badalona preparan una denuncian por incumplimiento de contrato.
Son las otras ‘cañadas reales’, barrios en exclusión que llevan sufriendo cortes de luz en las épocas más complicadas del año desde hace una década y cuya lucha apenas había pasado de la actualidad local hasta que el barrio madrileño y el temporal Filomena han servido para sacarlos a la luz. Ahora se organizan para movilizaciones conjuntas a nivel estatal, a la que invitan a otras organizaciones vecinales de todo el territorio que estén siendo ignoradas en sus reclamaciones de la energía eléctrica como un derecho humano.
Los pasados miércoles y jueves 13 y 14 de enero las asociaciones de Granada se dieron cita con el Defensor de la Ciudadanía municipal, Manuel Martín, y los medios en la Plaza de la Iglesia del Barrio de Casería de Montijo, uno de los cinco que forman el distrito Norte. Denunciaban los frecuentes cortes de luz que han acompañado al barrio durante el confinamiento y que llevan soportando casi una década y Martín recordaba que el pasado octubre puso el asunto en manos de la ONU, que ha prometido examinar el caso.
Denuncian que la potencia eléctrica del barrio es insuficiente y que Endesa no atiende a sus protestas, que hay personas mayores en el barrio con problemas respiratorios cuyas máquinas que los ayudan para sobrevivir necesitan electricidad, que los niños más pequeños no pueden estudiar de frío… “La misma protesta de cada invierno y de cada verano”, resume Diego Castillo, vecino y veterano activista de la zona en la Asamblea de Parados del Parque 28 de febrero, del barrio de Cartuja.
Al mismo tiempo que se sucedía esta rueda de prensa, Endesa respondía a la solicitud de información de cuartopoder sobre la situación en varios de los barrios asegurando que en Norte apenas un 31% de los casi 4.700 suministros eléctricos en el distrito son legales y que el resto estarían en fraude de ley. Diego señala a los edificios de viviendas de alrededor de la Iglesia de Casería de Montijo: “Aquí el 99% de la gente paga su luz y son los que han sufrido más cortes este invierno, hasta de un día y medio sin luz este enero. Nos sacan los porcentajes del barrio como les conviene. Para los enganches ilegales se van a las zonas donde hay más pobreza e imposibilidad de pagar y para los de paro aquí, y venden que somos unos aprovechados. Estamos hartos”.
Alianza nacional de barrios excluidos
De momento a su manifiesto suscrito por más de 100 organizaciones –lo mismo la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que sindicatos de educación o asociaciones en defensa de las pensiones públicas– se han unidos las plataformas o asociaciones vecinales sobre todo de ciudades de Andalucía y Cataluña. En el caso andaluz estos vecindarios ya estaban integrados en la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. En el catalán existe desde hace una década la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña (APE).
Ahora mismo se ha denunciado la situación La Cañada Real (Madrid), el Distrito Norte (Granada), Font de la Pólvora (Girona), El Puche, La Chanca y El Quemadero (Almería), Sant Roc (Badalona), el Polígono Sur, El Cerro del Águila, El Tardón y Torreblanca (Sevilla) o el Culubret (Figueres). María Campuzano, de la APE catalana, señala que están en su región también se han detectado cortes en los barrios barceloneses de El Raval y la Barceloneta y en vecindarios de Sabadell, Cerdanyola y Ripollet.
La activista catalana explica que “se habla siempre de enganches ilegales e invernaderos de marihuana en todos los barrios, intentando criminalizar a los vecindarios, pero lo cierto es que son barrios vulnerables que se han vuelto aún más vulnerables por el confinamiento y la pandemia”. Aunque lo ideal sería “una reforma del sistema eléctrico que contemplase que existen familias que no pueden pagar y necesitan protección” de momento piden “soluciones a largo plazo, como sectorializaciones de la red para que cada corte afecte a menos gente y la instalación de nuevos generadores que pongan las propias empresas, sea Endesa, Naturgy o Iberdrola, no los ayuntamientos ni tampoco los propios vecinos”.
Granada ha llevado la delantera en cuanto a ofensivas judiciales contra las eléctricas. En junio de 2019 se inició una demanda civil, interpuesta por 14 demandantes -organizaciones como APDHA o Anaquerando, la Parroquia de la Paz o vecinos particulares- que acusaba a Endesa de vulneración de derechos básicos por los cortes de suministros, en concreto del derecho a la Educación y a la Salud. Después de que se rechazasen las medidas cautelares exigidas por las organizaciones, con la instalación de dispositivos eléctricos suplementarios, el caso quedo pendiente de una audiencia previa al juicio civil entre los demandantes y Endesa en noviembre de 2019. La pandemia ha paralizado los trámites desde entonces.
Es ahora cuando otros barrios de España siguen su ejemplo, como es el caso de Sant Roc, en Badalona, Cataluña. Allí la Plataforma Sant Roc Som Badalona está preparando una denuncia a Endesa por incumplimiento de contrato, ya que la situación es muy similar a la de Granada: la empresa se escuda en presuntos enganches ilegales, pero hay una gran mayoría de vecinos con contrato legal y que pagan su consumo que sufren los cortes. Endesa no ha querido pronunciarse sobre ninguno de los dos procesos legales, aunque es cierto que el de Sant Roc es aún apenas una intención.
En el caso badalonés, desde el pasado 4 de diciembre han sufrido cortes de algún tipo a diario, siempre de varias horas de duración. El secretario de la plataforma, Carles Sagues, explica que llevan desde 2016 en movilizaciones sin haber conseguido reunirse ni con Endesa ni con ninguna administración. También desmiente a la eléctrica. Según respondió la empresa a las preguntas de cuartopoder, el pasado 12 de diciembre “se colocó un nuevo armario de distribución a la línea eléctrica habitualmente afectada y que permitió reducir el número de clientes afectados en caso de nuevas sobrecargas”. Sin embargo “de eso hace un mes y no ha dejado de haber cortes todos los días”.
Barrio rico, barrio pobre
En Badalona y Barcelona durante el temporal Filomena ha ocurrido un hecho notable: los cortes han salido de los barrios excluidos. Uno de los barrios de Barcelona es el de la Barceloneta, que planifica su propia denuncia colectiva a Endesa. En Badalona los cortes afectaron al centro de la ciudad. “El alcalde García Albiol no se ha reunido con nosotros en cuatro años, pero en cuanto afectó a un barrio menos complicado que el nuestro salió diciendo que era una vergüenza y había que tomar medidas. Si la culpa era de los enganches ilegales, ¿cómo es posible esto, si en el centro se supone que no los hay?”.
En Sant Roc la propia Endesa contabiliza que los sistemas de protección se activaron 30 veces en diciembre de 2020 y 17 más durante este enero, es decir, más de un corte de luz al día en un mes y medio. Según la empresa “el 100% de los casos ha sido provocado por sobrecargas por conexiones irregulares y no averías propias de la red”. Para la Alianza contra la Pobreza Energética “es un intento de no admitir que la infraestructura está obsoleta”.
Carles Sagues admite que existe fraude eléctrico, pero añade “estamos hablando de familias que ingresan menos de 400 euros al mes y tienen que pagar el alquiler y comer. ¿Qué se espera exactamente que hagan? Al final si tienes que elegir entre vivir con velas y cubierto de mantas desde las seis de la tarde o pinchar la luz ilegal y tienes a los niños tiritando, hay pocas dudas. Si no se entiende esto y se insiste en criminalizar es que hablamos clasismo y falta de empatía”.
Desde Granada, Diego Castillo es casi igual de categórico y pesimista: “A Zona Norte trajeron a vivir en los 60 a familias de los barrios de casas cueva del Sacromonte o de asentamientos de chabolismos que habían sufrido inundaciones y se les dieron pisos de protección oficial. Desde entonces el barrio no se ha vuelto a tocar, no se ha invertido más que en mantener la miseria. Heredamos la marginación de nuestros padres y de nuestros abuelos y ahora parece que es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Y esperan que ni siquiera protestemos?”.