«La industria privada relacionada con la sanidad se ha convertido en un agente privilegiado y promovido, desde la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid». Es una de las conclusiones del último informe del grupo ciudadano Audita Madrid, que ha analizado los Presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del año 2015 al 2018, un trienio en el que han detectado «un crecimiento significativo» de la cuantía económica que recibe la empresa privada. De hecho, aseguran que ya ocupa ya el 49,4% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad.
En el documento, titulado El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña, analiza el gasto que se ha derivado a la empresa privada, que asciende desde los 3.575.195.231 euros en el año 2015 a 4.131.259.297 euros en el años 2018. Es decir, ha aumentado un 15,6% durante esos tres años.
Este grupo lleva varios años estudiando las cuentas y elaborando informes para aportar «argumentos y datos» que permitan combatir el «mantra de la derecha neoliberal de que lo público es ineficiente frente a la empresa privada». Les preocupa que retraer recursos hacia la privada redunde en «la debilidad del sistema público de salud», pero además están interesados en conocer en qué medida el sector privado está «dejando sin capacidad de maniobra» a la Consejería de Sanidad.
En el informe analizan las diferentes vías para destinar recursos públicos a empresas privadas que se han ido desplegando en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde 1995. Van desde una mala planificación del gasto farmacéutico hasta la creación de hospitales PPP, donde la Consejería hace un «pago capitativo» , o los PFI, por los que se le paga un canon anual a las empresas que gestionan la parte no sanitaria de los hospitales. De hecho, los autores alertan de otro riesgo: la entrada de fondos de inversión en estos últimos.
Esta inyección de la pública a la privada se ve facilitada por algunas circunstancias mejorables, como la falta de transparencia, el «contratos menores» o sobrecostes en la ejecución de los presupuestos que luego se convierten en deuda.
Estos son los recursos derivados de la sanidad pública a la empresa privada que registra y analiza Audita Sanidad:
Un elevado gasto farmacéutico
Audita Sanidad divide en 14 grupos esos «medios ajenos privados», entre los que destacan el gasto farmacéutico, que se lleva el 52,8% de ese total y un 26% dentro de todo el gasto de la Consejería.
«Ahí se engloba el gasto hospitalario y el gasto que se realiza de la prescripción de recetas», ha explicado Carmen San José, médico e integrante de Audita Sanidad, en una rueda de prensa online este miércoles. La portavoz achaca este elevado coste a una mala planificación o al poco uso de genéricos, entre otras razones. Creen necesario debatir sobre la creación de farmacéutica pública que no deje en manos privadas un sector clave: «Es tan estratégica que existe una farmacéutica militar».
Otras formas de canalizar dinero: los hospitales PPP y los PFI
El «instrumental, material de laboratorio, quirúrgico, asistencial y de curas» se lleva 600.553.670 euros (un 36,8% más), mientras el concierto con instituciones sanitarias como la Fundación Jiménez Díaz y el Laboratorio Clínico Central cuestan 344.688.809 euros (un 23% menos). «El contrato con el Laboratorio se ha renovado hace poco. Se podría haber reintegrado en el servicios madrileño de salud en 2019, cuando acababa la adjudicación», ha recordado Carmen San José.
Los siguientes grupos en llevarse dinero son los hospitales modelos PPP, que han recibido 302.635.836 euros (3%más) y los hospitales modelo PFI (Iniciativas de Financiación Privada) a los que se han destinado 166.280.320 euros, según las cuentas de Audita Sanidad.
En este ranking, hay aumentos que destacan, como el de inversiones reales (asciende un 349% hasta los 125.422.936 euros), que San José achaca a la cobertura de las carencias en los grandes hospitales madrileños durante la década 2008-2018: «En la crisis, en materia de mantenimiento de hospitales no se hizo nada. No se ha construido ni un centro de salud nuevo», aseguró.
También sube de manera llamativa el capítulo de arrendamientos de equipos de tecnología médica (un 456,2% hasta los 3.641.729 euros).
La deuda: la tormenta perfecta
Audita Sanidad se muestra especialmente preocupada por el crecimiento de la deuda general en la Comunidad de Madrid, aunque es una tendencia general. Según sus cálculos, de 2000 a 2018 se ha multiplicado por ocho hasta llegar a un importe de 33.269 millones de euros. Además, recuerdan que la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, está llevando a cabo una «regresión» fiscal, que permitiría ingresar menos en las arcas públicas.
El informe también se aventura a apuntar algunas causas de este endeudamiento: el «incremento exponencial» del gasto farmacéutico, la transferencia «desmesurada de recursos a la Fundación Jiménez Díaz», el crecimiento de los costes de los modelo PPP y PFI, los procesos de privatización o «los conciertos y convenios suscritos con clínicas y hospitales privados», tal y como apuntan en el documento.
Por su parte, Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad, cree que una deuda desbocada combinada con los límites que impone el artículo 135 de la Constitución, que ordena que el pago de la deuda goce «de prioridad absoluta», pueden derivar en futuros nuevos recortes cuando la situación económica sea adversa. «La deuda es un mecanismo de dominación por parte de los acreedores de los deudores«, asevera.