El secretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon, declaró que el gobierno de Bush estaría dispuesto a realizar consultas con el Congreso para un posible levantamiento del embargo. Shannon indicó que la oferta suponía que el régimen de Fidel Castro aceptase la liberación de prisioneros políticos, el respeto a los derechos humanos, un compromiso […]
El secretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon, declaró que el gobierno de Bush estaría dispuesto a realizar consultas con el Congreso para un posible levantamiento del embargo. Shannon indicó que la oferta suponía que el régimen de Fidel Castro aceptase la liberación de prisioneros políticos, el respeto a los derechos humanos, un compromiso hacia la creación de instituciones independientes -como partidos políticos y sindicatos- y una vía hacia la celebración de elecciones. Estados Unidos afirmó que su oferta para un posible levantamiento del embargo contra Cuba «seguirá sobre la mesa», siempre y cuando el Gobierno de La Habana inicie el proceso hacia una transición democrática.
Estas declaraciones son una clara evidencia de la poca comprensión que existe en Washington de la realidad cubana. El pasado 23 de agosto el diario Granma publicó una entrevista a Raúl Castro, realizada por su director Lázaro Barredo, en la cual el dirigente cubano afirmaba ─recordando anteriores declaraciones en ese sentido de Fidel Castro─, que Cuba no sería remisa a discutir su prolongado diferendo con Estados Unidos, buscar la paz y mejorar las relaciones pero ello tendría que ser sobre la base del más irrestricto comedimiento, «únicamente cuando Estados Unidos se decida a negociar con seriedad y esté dispuesto a tratar con nosotros con espíritu de igualdad, reciprocidad y el más pleno respeto mutuo.»
Las declaraciones de Shannon no fueron realizadas con compostura e igualdad. Son ofensivas porque parten de la suposición de que en Cuba no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos y las elecciones son ilegítimas. Solamente les faltó reclamar que se desarme a las fuerzas armadas de Cuba. El gobierno de Bush, a cambio de estas supuestas concesiones «comenzaría consultas» con el Congreso para un eventual levantamiento del bloqueo. O sea, recibirían todo a cambio de nada.
A Cuba le correspondería, entonces, fijar sus condiciones a Estados Unidos. Estas pudieran ser: salir de los territorios ocupados de Irak y Afganistán, abandonar la guerra de rapiña petrolera en el Oriente Medio, cesar las intimidaciones contra Irán, suspender las coacciones contra Corea del Norte, desistir de los envíos de armamento a Israel para sus provocaciones y agresiones a los pueblos árabes, clausurar la base de torturas en Guantánamo, devolver el territorio de Guantánamo al pueblo cubano, cesar en sus bravatas y fanfarronadas insultantes contra Venezuela y Bolivia, ayudar a los negros pobres de Nueva Orleáns a reconstruir su miserable existencia. Entonces, sólo si Estados Unidos accede a cumplir con estas condiciones, pudieran ambos países sentarse ante una mesa de negociaciones.
Recientemente el gobierno de Bush ha aprobado un conjunto de medidas para propiciar el derrocamiento acelerado de la Revolución cubana. Entre ellas se otorgaba un fondo de ochenta millones de dólares a la contrarrevolución que seguramente irá a engordar las ya nutridas cuentas bancarias de una lucrativa profesión: ser terrorista anticubano en Miami. Pero entre esas medidas se admitía la existencia de unos «anexos secretos» que no publican «por razones de seguridad nacional» y «para asegurar su efectiva realización». El gobierno de los Estados Unidos no revela el contenido de esos anexos porque son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. El 5 de diciembre de 2003, el señor Roger Noriega, entonces secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que «los Estados Unidos trabajaban para asegurar que no haya sucesión al régimen de Castro».
En esas insinuaciones de violencia inminente puede advertirse la existencia de planes ya concluidos de invadir la isla. ¿Qué es un exceso de suspicacia? Desde luego que no. Durante dos siglos Estados Unidos ha sido el azote de América Latina desde que William Walker desembarcó en Nicaragua en 1855 y Shafter en 1898 en Santiago de Cuba, desde la Enmienda Platt, desde que Pershing persiguió a Pancho Villa en territorio mexicano, desde la ocupación de Veracruz hasta las reiteradas invasiones a Panamá. Recordemos la deposición de Arbenz, el asesinato de Allende, el derrocamiento de Joao Goulart, el crimen del arzobispo Romero de El Salvador, la invasión de Granada, la destitución de Juan Bosch, las múltiples intervenciones en República Dominicana, el asesinato de Torrijos, la intervención de la CIA en Bolivia para capturar al Che, la imposición de Trujillo por los marines, recordemos Playa Girón.
Si todo ello no basta para persuadirnos de la criminalidad intencional de una potencia insolente y despótica que nos desprecia y explota pecaríamos de vulnerable ingenuidad. Los «anexos secretos» solamente pueden consistir en propósitos para emplear la violencia de manera clandestina: atentados a dirigentes, campañas terroristas, infiltración de subversivos, invasión. Por eso hay que reclamar una apertura de intenciones, un develamiento claro de qué hay detrás de esa siniestra «diplomacia» que pretende ofrecer un pacífico ramo de olivo mientras oculta un garrote en la espalda.