Mientras que los parlamentarios siguen tramitando leyes que los favorecen con el fin de blindarse como casta -ésta podrá, pese al contexto, seguir siendo financiada directamente con fondos reservados por las empresas y el capital financiero-, así como poniéndole cortapisas legales a la posible elección al Congreso de representantes salidos de partidos emergentes, las declaraciones […]
Mientras que los parlamentarios siguen tramitando leyes que los favorecen con el fin de blindarse como casta -ésta podrá, pese al contexto, seguir siendo financiada directamente con fondos reservados por las empresas y el capital financiero-, así como poniéndole cortapisas legales a la posible elección al Congreso de representantes salidos de partidos emergentes, las declaraciones de Carlos Ominami en El Mercurio (domingo 17-01) demuestran el grado de profundidad de las prácticas corruptas en el sistema político imperante.
Las declaraciones del presidente de Chile 21 (que van en el mismo sentido que las anteriores del senador del Partido Socialista de Chile Fulvio Rossi de que todos los congresistas hacían lo mismo) son una confirmación que la casta política-empresarial y sus gobiernos navegan juntos en el mismo barco: corruptores como corruptos comparten el timón y los mismos camarotes.
Al menos uno de entre muchos sacó la voz. Después de las declaraciones del diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric a la revista Caras, desde las entrañas de la misma hidra parlamentaria, la mirada ciudadana sobre el lugar dónde se escenifica la crisis de la representación ya no debería ser la misma. Los comentarios críticos del ex dirigente estudiantil valen mucho en estos tiempos. Ellos deberían servir de ejemplo para que otros parlamentarios se desmarquen con nitidez del resto de la masa parlamentaria cómplice con la corrupción, apernada y temerosa de la opinión popular.
Los propósitos vertidos por el mismo Ominami, presidente en ejercicio del Think Tank progresista Chile 21 (que también recibió dineros de Soquimich), miembro del Comité Editorial de La Tercera del magnate Alvaro Saieh, ex ministro socialista, ex Senador de la República y ex Jefe del MIR en París entre 1973-1976, revelan en toda su magnitud la incapacidad de la vieja casta política para discernir racionalmente en situaciones de conflicto de interés. Es lo que podría llamarse un ethos transicional. Pues son los mismos que desde 1990, con un perfil de déficit ético similar, quienes hoy (junto con las derechas pro pinochetistas) fabrican proyectos legales y votan las leyes sobre el financiamiento de los partidos. Tamaña ofensa a lo que podríamos llamar la razón democrática sólo es posible en un período de estupor ciudadano.
Pese a que en el caso de Ominami todos los cargos ejercidos por él en el transcurso de los 50 años de su vida política debieron ser un aprendizaje para evitar actitudes y predisposiciones mentales reñidas tanto con la ética democrática como, en su momento, con la moral revolucionaria. Tiempo tuvo para reflexionar sobre el tema de las características de un político demócrata.
Todo lo contrario. Las declaraciones de Carlos Ominami lo muestran como un individuo incapaz de reconocer la clara línea roja que separa la adhesión a los valores de la ética democrática de transparencia, probidad y defensa de los valores del interés general y popular por un lado, de los cantos de sirena del capital empresarial por subyugarlo y comprometerlo para corromperlo con el poder del dinero, por el otro.
Fue así como individuos provistos de vastos conocimientos en el campo de las ciencias sociales, jurídicas y económicas, ex militantes de izquierda y «sobrevivientes» de la dictadura cívico-militar (según se declara el mismo Ominami), se dejaron vencer por los encantos de la vida fácil con poder y la vanidad de los rangos; por el dinero y la adulación de los antiguos enemigos como el ex yerno de Pinochet, apropiadores de bienes sociales, pero privatizados por el régimen cívico militar.
Aquellos personajes que controlaron la transición política sufrieron una derrota en el alma y las mentes. Fueron quienes empezaron por afirmar que después del derrumbe de los muros, los ideales democrático-socialistas estaban muertos y al convertirse en tránsfugas posmodernistas por conveniencia declaraban y asumían, en un alarde de falsa consciencia, que «ya no quedaban certezas». Por lo tanto había que pensar la política como un juego fluido de poder sin normativas morales o como los traders de Wall Street, apostar sólo a las ganancias del capital y aceptar que el neoliberalismo haga la ley y penetre todas las esferas de la sociedad.
Los viejos «renovados», amantes de los consensos con los representantes directos de la UDI y RN, sin auto defensas ideológicas, dejaron que los intereses empresariales los capturaran a ellos y a su manera de hacer política. Y como en toda cultura propia de un grupo privilegiado o casta, les legaron los mismos valores trastocados y las prácticas antidemocráticas a sus retoños e hijos políticos.
OMINAMI EN EL MERCURIO
Es una moda que no pasa. Confesarse en El Mercurio de don Agustín Edwards es signo de aceptación de los dichos en los términos de la retórica de la clase dominante. Los políticos de la Nueva Mayoría hacen cola por entrar al templo de la verdad mercurial. Vamos a las declaraciones de Ominami (*). Según éste, «Contesse (hasta hace un rato la mano derecha y hombre confianza de Ponce Lerou, el controlador clave de SQM) me pidió, alrededor de 2004-2005, conversar a propósito de la reforma que estableció el royalty minero […] Ahí lo conocí y luego me dijo que le interesaría que yo pudiera conocer más en detalle la situación planteada por el litio».
Por supuesto, nunca la opinión pública fue informada del tenor de tales reuniones. Ominami debía saberlo: transparentar los contenidos era la única manera de conservar la integridad necesaria para ejercer cargos institucionales. Y evitar incluso toda apariencia de transgresión a la norma ética de sentido común debe ser el proceder prudente de un político.
Ominami continúa: «Yo le pedí ayuda a Contesse y no a Julio Ponce Lerou. En todo caso, Soquimich es una empresa de propiedad compartida. Está Ponce Lerou, están los canadienses (multinacionales) y hay recursos de todos los chilenos invertidos a través de las AFPs». Y continúa Ominami […] «pero le digo otra cosa, Ponce Lerou no es más malo que otros que también participaron en procesos de privatización y que se han paseado alegremente durante todos estos años incluso en los aviones presidenciales». «Y agrego: no me planteé entonces el problema de conciencia».
Sin comentarios.
El periodista le pregunta a Ominami:¿Y mirándolo ahora?, Ominami le responde: «Fue un error. Pero convengamos que una parte importante de la estructura empresarial chilena tiene la marca del régimen militar. Soquimich no fue la única privatización objetable».
Un político ex «socialista», presidente de una fundación progresista (Chile 21), simplemente no puede cometer tal «error» pues demostraría su poca solvencia y mediocridad intelectual. Digámoslo de otra manera: tanto PPDés, socialistas como Dcés no veían ni ven ningún problema en financiar sus fundaciones, thinks tank o campañas electorales con platas empresariales. Lo mismo que la ultraderecha neoliberal. La amplitud de los casos de financiamiento corrupto de la política y el financiamiento de institutos nos deja entender que el comportamiento de Ominami no ha sido la excepción sino que es la regla.
Hasta hace poco Carlos Ominami decía que no tenía de qué reprocharse y que respondería ante la justicia. Ahora, después de algunos meses de consultar su «alma» perdida ha llegado a la conclusión que pedirle y recibir dineros de la empresa del ex yerno de Pinochet fue sólo «un error». Es a tales errores de falsa consciencia de las realidades sociales que induce la pérdida de puntos de referencias políticas y el poder de seducción de la ideología dominante. Es una lástima lo que les sucedió a muchos: que de tanto romper cercos, se les haya perdido, junto con la brújula, la consciencia de clase.
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