La transformación en cooperativas fue elegida por varios empleados en la anterior crisis: entre 2013 y hasta 2019 al menos se reconvirtieron 404 empresas
El estado de alarma decretado por la crisis sanitaria ha tenido como consecuencia la paralización de la actividad económica. Miles empresas serán incapaces de hacer frente a este parón e irán al cierre. Ante este preocupante panorama de destrucción de empleo, el cooperativismo español propone al Gobierno fomentar que sean los propios trabajadores y trabajadoras quienes rescaten estas empresas, si así lo deciden, mediante la forma jurídica de las cooperativas. Para ello piden derribar los obstáculos financieros y legales que actualmente dificultan esta alternativa.
Mientras los diputados discuten en el Congreso para “la reconstrucción” del país, desde el ámbito de la economía social se piensa en soluciones que se anticipen al desastre. “Planteamos que antes de reconstruir una sociedad, debemos no destruirla”, indica a cuartopoder Luis Miguel Jurado, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA), también presente en la Mesa de Diálogo de la Economía Social que se ha impulsado con el Ministerio de Trabajo por la relevancia que otorga al sector en “la recuperación económica y en el empleo en España”.
La propuesta es evitar el cierre de las empresas mercantiles en quiebra. Sostienen que la cooperativa es un modelo de sociedad privada más ético o democrático, acorde con los principios de sostenibilidad medioambiental. La Economía Social se caracteriza por el interés económico o social general, evitando que el capital se concentre las pocas manos de los socios capitalistas que no trabajan en la empresa. “Para las cooperativas la máxima prioridad es el empleo. Nosotros somos socios y trabajadores a la vez, dueños de la empresa con el mismo capital social o aproximado. No estamos interesados en mantener los beneficios, sino en pagar los salarios”, explica Jurado.
Aunque la opción de hacerse con la empresa en caso de quiebra ya existe para los trabajadores, “nos encontramos con que la transmisión de las empresas se considera por el juez como una sucesión, de manera que toda la carga económica de la deuda se traspasa a los trabajadores”, explica Jurado. El adquirir una deuda millonaria es algo que claramente desincentiva a los trabajadores a la hora de decidirse a transformar estas sociedades anónimas o limitadas en cooperativas. Por eso COCETA, entre otras medidas que favorezcan a las cooperativas, ha pedido al Gobierno la modificación de la Ley Concursal, de manera que los trabajadores puedan negociar reducciones de la deuda o quitas con la Administración Pública antes de que la empresa entre en el concurso de acreedores.
Según se plantea desde el ámbito de la Economía Social, se trataría de un win-win (ganar-ganar). La conversión de estas empresas en quiebra en cooperativas, posible para prácticamente la inmensa mayoría de las pymes, evitaría la destrucción del empleo y no supondría un gasto para las arcas públicas. “En la mayoría de los casos, salvo que la empresa tenga un gran patrimonio, cuando hay un cierre de la empresa, la Administración Pública se queda sin cobrar”, añade el presidente de COCETA.
Una transformación por la que se optó en la crisis anterior
La resiliencia de las empresas de la Economía Social sirve tanto para resistir en tiempos de crisis como para acudir a ella como alternativa. El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha asegurado que “los ERTE y ceses de actividad de las empresas de Economía Social han servido para mantener los empleo” y que en la desescalada “prácticamente el 100% de los empleos se van a recuperar”.
La opción de transformar las empresas en cooperativas ya fue la alternativa de algunos empleados tras la crisis económica del 2008. Entre 2013 y hasta 2019 al menos se reconvirtieron 404 empresas, algo que se tradujo inicialmente en más de 2.000 empleos, aunque la cifra seguramente haya variado a lo largo de los años. En total, a finales del año pasado existían en nuestro país 18.635 cooperativas, más de un 80% de ellas cooperativas de trabajo. Cuentan con unos 314.000 empleos con equilibrio de género -51% hombres y 49% mujeres- y facturan unos 41.000 millones de euros anuales.
Los sectores donde puede prosperar el modelo de la cooperativo son variados, como demuestran aquellos trabajadores y trabajadores que decidieron dar el paso en la anterior crisis y hacerse con el control de la unidad de producción. Por ejemplo, Tercer Foc, empresa de azulejos y baldosas en Castellón; la cooperativa valenciana de educación Mestres de la Creu; 3C Calidad y control, un laboratorio de análisis físicos, mecánicos y químicos; o Fagor Ederlar Tafalla, una empresa de automoción en Navarra.
“Si hay un contexto económico y social para hacer todas las modificaciones posibles para facilitarle la vida a las personas que quieran quedarse con la empresa este es el momento”, considera Jurado. La propuesta desde la Economía Social sirve también para caminar hacia otros modelo económico, menos especulativo y acumulativo, más justo. El Gobierno de coalición de momento escucha, aunque todavía estar por ver si se impulsan medidas que ayuden a crear más cooperativas.