El encierro de diez trabajadores en los pozos Candín y Santiago el 28 de mayo ha dado pie a un mes de lucha que se ha extendido desde la mina a otros sectores. La crisis sin fin de la minería asturiana José Ángel Fernández Villa, líder desde 1979 del Sindicato de los Obreros Mineros de […]
El encierro de diez trabajadores en los pozos Candín y Santiago el 28 de mayo ha dado pie a un mes de lucha que se ha extendido desde la mina a otros sectores.
La crisis sin fin de la minería asturiana
José Ángel Fernández Villa, líder desde 1979 del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA-FITAG-UGT,) tras prender barricadas en días anteriores, se encara con un amedrentado policía: «Si tenemos que dar la batalla, vamos a dar la batalla. Llevo 60 años en primera línea de este negocio y no admito ni represión en la dictadura ni represión en la democracia».
El dirigente del SOMA, organización que mantiene desde hace décadas una asfixiante red clientelar en las cuencas mineras asturianas, llegó a ser el asturiano más influyente dentro del PSOE estatal (miembro de su ejecutiva federal entre 1979 y 1993, 24 años diputado autonómico) y controló a su antojo el partido en Asturies, donde ponía y quitaba Presidentes autonómicos -como hizo cuando el actual presidente, Javier Fernández, apuado por Villa en el 2000 a la Secretaría General del PSOE. Es una de las paradojas de una movilización minera que se recrudeció cuando diez mineros del SOMA-UGT comenzaban un encierro en los pozos Candín y Santiago el pasado 28 de Mayo, en el que ya es el de mayor duración de la historia de Asturies.
Estallaba una huelga indefinida con una virulencia que retrotrae a las movilizaciones obreras contra la reconversión industrial que hicieron arder Asturies durante la década de los 90, en lo que un documental de Canal+ (1997) denominó «El polvorín asturiano». Las luchas de la Naval, Duro Felguera o Hunosa, con barricadas, voladores, encierros, acampadas, huelgas de hambres o quema de cajeros, se han mantenido desde entonces en el imaginario colectivo asturiano y un sindicato surgido de esas luchas, la Corriente Sindical de Izquierdas, es hoy mayoritario en empresas como Cajastur o en la Junta de Personal Funcionario del Principado de Asturies, mientras que Asturies, junto a Euskadi, encabeza las tasa de seguimiento de las huelgas generales en el Estado.
«Si luchamos como esos trabajadores, se pueden frenar recortes laborales», explica Rubén Rosón, activista estudiantil y natural de la zona minera, una sentencia asumida por casi todos los asturianos, pero que en la práctica no ha servido para despertar a su juventud ante sus altas tasas de desempleo. Para Rubén Vega, profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Oviedo y autor de un libro sobre la huelga minera del 62, parece «la última batalla que va a cerrar 100 años de historia de huelgas, un final romántico acorde con su historia, mientras que, por ejemplo, los profesores de Universidad vamos mansamente hacia el cementerio; son un revulsivo para toda la gente que quiere reaccionar y no sabe cómo».
Una reconversión dilatada en el tiempo
En plenas navidades de 1991, los líderes de la minería de SOMA-UGT y CCOO ya se habían encerrado en el Pozo Barredo. Doce días a 400 metros de profundidad para presionar al Gobierno de Felipe González. Esos trabajadores también, poco a poco y de forma más sutil, perdieron. La reconversión fue dilatada en el tiempo, en un proceso de desmantelamiento que ha durado 20 años. Las inversiones para la reindustrialización, dadas como contrapartida, nunca llegaron a ser una fuente de trabajo.
Por ejemplo, 13 empresas recibían hasta 30 millones de euros en fondos mineros para, a los pocos años, despedir a 844 de los trabajadores que habían contratado (PCA, 2012). De los 70.000 mineros que había en los ’70 en Asturies hemos pasado a 4.000 (hay 7.000 en todo el Estado), aunque gran parte de la economía de esas zonas depende de la minería, lo que triplica los empleos indirectos. La sangría demográfica ha llegado en paralelo, con una pérdida de hasta un 25% de población en las zonas mineras de Asturies en las últimas tres décadas, proceso similar al vivido en Teruel.
Así no es extraño que las palabras ‘reconversión’ y ‘re-estructuración’ tengan escasa credibilidad: han servido de excusas para cerrar empresas públicas o, en su caso, privatizarlas, enriqueciendo a unos pocos y despidiendo a trabajadores, algo que para Adrián Redondo, miembro de la ejecutiva regional de CCOO, podría esconderse tras este conflicto minero. Para él, «a 10 años vista, el carbón seguirá siendo necesario, aún no hay alternativa, Alemania cuenta con 270.000 mineros y hay empresarios comprando aquí todas las minas que se cierran». La principal diferencia es que en la minería privada astur-leonesa -encabezada por Victorino Alonso– las condiciones laborales de los nuevos trabajadores son mucho peores que las de sus ancestros y los trabajadores son a veces usados a modo de ‘chantaje’ contra el gobierno.
Una estocada para ‘calmar a los mercados’
Mariano Rajoy clavó la puntilla al sector de la minería el pasado 30 de diciembre de 2011. Con el objetivo de «calmar a los mercados» incluía el Plan del Carbón 2006-2012 entre los recortes fulgurantes de su -ya histórico- primer Consejo de Ministros, adelantando seis años la fecha que la Unión Europea y el Gobierno español habían fijado como tope para la recepción de ayudas públicas para el carbón. La inversión para la minería pasará de 703 a 253 millones de euros, lo que implicará en la práctica el cierre. Los trabajadores alertan, además, de que deberían de introducirse modificaciones técnicas en las centrales térmicas para la combustión del carbón importado (con diferente temperatura de combustión), lo que implicaría nuevas y multimillonarias inversiones. Según ellos, el desmantelamiento es mucho más costoso que su mantenimiento. Según ellos, el desmantelamiento es mucho más costoso que su mantenimiento. De hecho, la propia Endesa en Andorra (Teruel) ha mejorado recientemente las instalaciones para asegurar 20 años más de funcionamiento, explica Marco Negredo, trabajador de la minería en esa comarca. Explica que, en todo caso, para el mundo rural, «es necesario el apoyo en la defensa de su sostenibilidad económica». Primero, pan.
Luces y sombras de la minería
La combustión de CO2 es una de las principales causas del efecto invernadero. Oviedo es una de las ciudades más contaminadas del Estado, a causa de la combustión del carbón, y la térmica de Aboño (Xixón) está entre las 100 industrias más contaminantes de Europa. Sin embargo, traer carbón de fuera del Estado, antaño más económico (aunque actualmente, según sindicatos y patronal, menos rentable que el estatal), no soluciona el problema. La soberanía energética, al igual que la alimentaria, debiera basarse en redes de proximidad en la producción de energía, reducir nuestro consumo hasta los recursos existentes y sustituir en el medio plazo las centrales nucleares y las térmicas. Pero las térmicas españolas están quemando en la actualidad un 80% de carbón importado y un 20% estatal, lo que nos da un margen temporal de actuación. Sugiere Eduardo Menéndez, miembro de Ecoloxistas n’Acción de Asturies, que «si priorizamos nuestros carbones con respecto a los de importación, la producción de las cuencas no tiene que sufrir un recorte drástico, a la vez que se han de debatir alternativas viables a las zonas mineras».
Aunque la minería no es el único sector subvencionado por las administraciones (la Casa de Alba, por ejemplo, recibe cerca de 4 millones en ayudas agrícolas)->], la utilización de los fondos mineros, ese maná que debía de ayudar a generar un nuevo tejido industrial para cuando llegase el cierre de los pozos, ha sido objeto de profundas críticas, tanto en Teruel, como León o Asturies. Subvenciones para los planes de formación profesional, gestionadas por sindicatos y empresas afines, mantenían a jóvenes asturianos ‘formándose’ eternamente para un trabajo que sólo llegaría en Madrid. Obras públicas en ciudades que no tenían ni una mina. Autovías infrautilizadas, polideportivos a medio hacer, residencias de estudiantes sin estudiantes u hoteles sin turistas, todo ello con dudosa utilidad para la reactivación económica.
La complicidad era compartida: partidos políticos, sindicatos (CCOO y UGT) y empresarios recibían dinero por igual. Pero no todo el dinero llegó a las comarcas mineras. Asturies sólo tiene acabadas las obras correspondientes al 8% de los fondos mineros, y al menos el 50% o no tenían destino o estaban sin adjudicar (LNE, 2011). El presidente del Montepío (la mutualidad minera gestionada por los sindicatos y dirigida por SOMA-UGT) está envuelto en acusaciones de corrupción y los negocios hosteleros e inmobiliarios de esta mutualidad han estado en el ojo del huracán, mientras el SOMA «sigue manteniendo una tremenda red de influencias y poder en las cuencas, acrecentado por la falta de dinamismo económico de ese territorio», sentencia Vega. Pero sin ellos la situación sería mucho peor: «evitaron un deterioro social más profundo en las Cuencas mineras -como sí sucedió en Estados Unidos- y no son el foco de exclusión social y criminalidad de los 90, lo que es un mérito de los mineros y sus sindicatos». El problema es que «no son un plan de futuro sino que sólo anestesian y palían», continúa Vega. Así, no es extraño que el propio 15-M de Mieres (Asturies)->] haya reclamado una auditoría de esas subvenciones y responsabilidades a los gobiernos del PSOE y PP acerca de ellas.
Más allá de la desesperación
Sin minas no hay futuro en las cuencas mineras. Lo saben los mineros, sus representantes políticos y toda la población. Esta certeza, unido a una fuerte solidaridad obrera y organización sindical, favoreció una mayor virulencia en las luchas, a pesar de lo cual han contado con un apoyo y simpatía generalizada entre la población.
Por su parte, el agravamiento de la crisis y la seguridad de que el PP no hará ninguna concesión -frente a la influencia que sí tenían los sindicatos mineros sobre el PSOE-, han transformado un conflicto laboral en un conflicto social. Rajoy sabe que ceder en una sola paralización de los recortes, alentará otras luchas similares. De las 3.100 enmiendas presentadas a los presupuestos, sólo aprobó 3. Redondo explica este proceso, «el dinero del recorte de la minería no es nada con lo de Bankia, pero si ceden aquí, tendrán que hacerlo en otros sectores: el PP sabe que hay un pulso de clase detrás». Los mineros sienten un posible punto y final, por lo que, para Vega, «hay un fuerte componente de desesperación y frustración», que explica su contundencia. El historiador recuerda que la posición del gobierno se enmarca en «una estrategia de liquidación de los sindicatos, para lo que todavía hay que batir a los sindicatos mineros». Tatcher lo hizo en los ’80 tras la huelga minera de 9 meses y sobre ello asentó su victoria neoliberal.
Este escenario ha ocasionado la ruptura con la estrategia sindical habitual, que recomendaba negociar y movilizarse antes de tomar medidas más agresivas, desbordándose en cierto sentido la protesta. Vega explica que existe una combinación peculiar, «una fortaleza sindical enorme y una dinámica de base que no controlan totalmente: no podrían llamar a la desmovilización aunque quisieran y la movilización más radical -barricadas, enfrentamientos con la policía- tiene un componente autónomo muy importante», lo que explica también la implicación de una generación muy joven -e inexperta- en las protestas.
Confluencia con otras luchas
Contraponer a la movilización minera frente a otros tipos de luchas, como la del 15-M, es un error. Son respuestas ante la crisis y los planes de ajuste de trabajadores de diferentes perfiles y sectores, y por eso permiten un aprendizaje mutuo. Los mineros, han demostrado, para Adrián Redondo, que siguen siendo «una vanguardia obrera que genera imitación y solidaridad». Han traído la lucha laboral clásica al primer plano y puede ayudar a que activistas de otros sectores reinterpreten estas formas de resistencia desde sus experiencias particulares. En Asturies, ese ‘contagio’ es precisamente lo que ha comenzado a ocurrir. El 4 de junio, tras ocho días de movilizaciones mineras, los 8.000 trabajadores del transporte de viajeros y mercancías iniciaban otra huelga indefinida que, tras cinco días, logró que una de las dos patronales del transporte diera su brazo a torcer y mantuviese el convenio colectivo. 16 sindicalistas de Thyssen, una de las mayores empresas asturianas, se encerraban el pasado 13 de Junio en su fábrica de Mieres, mimetizando a los mineros de los pozos. A los tres días, la empresa cedía en sus reivindicaciones de realizar un ERE que afectaría a 181 trabajadores. La marea verde educativa convocaba actos que finalizaban en la Acampada minera frente a la Delegación del Gobierno en Uviéu, mientras que un minoritario grupo de interinos se lanzaba a la huelga general indefinida.
Anonymous, por su parte, ha filtrado los documentos de las reuniones de la patronal del carbón. Finalmente, la huelga general en las comarcas mineras ha sido exitosa –paro total y 50.000 manifestantes en Langreo, 15.000 en León y 3.000 en Andorra-. Frente a la amplia -y favorable- cobertura mediática sobre las movilizaciones mineras dentro de Asturies, la censura comunicativa en el Estado ha sido la norma. Mientras medios de comunicación de medio mundo las incluían en su portada, la prensa estatal obviaba este tema, intentando evitar la extensión de las luchas.
Pero frente a la idealización de la mitología minera, alerta Emilio León, sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierdas, «la violencia también es asumible para el sistema, que ha vivido durante años con quemas de cajeros de bancos. La pugna no es sólo por la represión sino por la depresión, por no ver salida». En la medida en que estas reivindicaciones sepan confluir en demandas y movimientos de carácter más amplio, http://www.diagonalperiodico.net/Las-cuencas-mineras-prenden-la.html
Fotogalería: Manifestación de mineros Fotogalería: Asamblea de mineros y trabajo cotidiano en las minas de la comarca de Gordón