El 17 de julio de 2002, «con fuerte viento de levante», las tropas españolas desembarcaban por mar y aire en el islote de Perejil. El 18, la noticia ocupaba las portadas de los principales diarios locales y nacionales y la imagen de los infantes de marina izando la bandera nacional cual marines norteamericanos plantando las […]
El 17 de julio de 2002, «con fuerte viento de levante», las tropas españolas desembarcaban por mar y aire en el islote de Perejil. El 18, la noticia ocupaba las portadas de los principales diarios locales y nacionales y la imagen de los infantes de marina izando la bandera nacional cual marines norteamericanos plantando las barras y las estrellas en territorio conquistado se gravaba en nuestras retinas de forma indeleble.
Uno de los diarios tinerfeños ilustraba su información de primera página con un sumario que decía: «Graves enfrentamientos entre marroquíes y canarios en El Fraile». No era una información separada de la principal, era parte de la ofensiva «perejilera», nuestro propio frente de combate. La realidad era menos épica. Una vecina, cansada de los ruidos provocados por los niños del vecino, había hecho una llamada a la Policía Local de Arona, que había acudido y solucionado el percance sin mayor incidencia. El vecino era de origen magrebí. Al día siguiente, la vecina, de El Fraile de toda la vida, explicaba espantada a quien le quisiera escuchar que todo era un invento sin atreverse a desmentir la información al periódico directamente por la que se pudiera montar. Los demás habitantes de la localidad aronera, cuando leían la noticia, intentaban recordar a duras penas el momento del día anterior en el que habían escuchado el tumulto, los gritos, los golpes o los tiros del particular frente de batalla que, presuntamente, tenían bajo sus ventanas. Nada lograban recordar, «tal vez fuera durante la siesta».
Ese mismo día otra noticia ocupaba las páginas de todos los periódicos de la provincia. Directores y editores, reunidos para el caso, ilustraban con su foto las páginas interiores de sus respectivos medios. Habían firmado un acuerdo por el que se comprometían a evitar la xenofobia y el racismo en el ejercicio de su tarea informativa.
El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Enrique Santiago, y el portavoz de la federacion de asociaciones de SOS-Racismo, Diego Lorente, denunciaban el pasado 16 de mayo en La Laguna, invitados por el Observatorio de la Inmigración en Tenerife (OBITEN), «el retraso en más de tres años en la aplicación de las directivas de la Unión Europea sobre la creación de organismos contra el racismo, que podría corresponder a las comunidades autónomas». «La lucha contra el racismo no es una prioridad para el Estado español», aseguraba. El responsable nacional de SOS-Racismo, Diego Lorente, decía también que «ante la problemática detectada en otros países, aquí no se hace nada, se mira hacia otro lado. El modelo de integración francés esconde en realidad una discriminación en ámbitos relevantes como la educación o la ocupación».
Alertaba también del «fracaso de las políticas en materia de inmigración de España y de la Unión Europea, que dan dinero a países no democráticos sin exigir contrapartidas sociales», lo que en su opinión «alarga el sufrimiento y genera más muertos».
«Los flujos migratorios de África no pueden tener como respuesta un blindaje de fronteras y control policial. Aumentar estos recursos militares y policiales a partir de patrullas, satélites, etc. no hace más que provocar más muertes al forzar rutas más peligrosas», señaló.
El Informe anual de SOS-Racismo del 2006 se presentaba en Canarias por primera vez en el acto. El documento, al que ha tenido acceso LA VERDAD DE CANARIAS en su integridad, revela que el Estado español y la mayoría de países receptores de inmigración no han firmado la Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, cuya ratificación supondría el reconocimiento para los millones de extranjeros que residen en el país de derechos civiles y políticos.
En el ámbito laboral español y canario, son las minorías étnicas y la población extranjera no comunitaria las que mayor discriminación sufren. La vulnerabilidad aumenta para las personas en situación irregular, indefensas ante el abuso de aquellos empresarios cuyos beneficios son proporcionales a la precariedad de la mano de obra. Ante el último proceso de normalización, «que se presentó como una medida para destapar la economía sumergida, muchos empresarios despidieron a sus trabajadores en situación irregular, imposibilitándoles legalizar su situación. Muchos de los que consiguieron un contrato, lo hicieron a cambio de costearse ellos mismos los gastos de la Seguridad Social», indica.
Para SOS-Racismo, en el 2005, el 95% de altas de extranjeros en la Seguridad Social fueron de contratos temporales y los sueldos fueron almenos un 16% inferiores a la media estatal.
En el ámbito educativo, cada vez es más evidente el desequilibrio de las escuelas públicas y las escuelas privadas o concertadas, en relación a la presencia de alumnado extranjero. En algunos casos, los centros públicos tienen seis veces más niños extranjeros que el resto de centros. Esta «discriminación», promueve la guetización en las escuelas públicas, dificulta una atención adecuada a los alumnos recién llegados, aumenta considerablemente los esfuerzos exigidos al profesorado y pone en riesgo la calidad educativa recibida por estos menores.
Por otro lado, el alquiler o compra de una vivienda digna sigue siendo una utopía para muchos extranjeros: los precios prohibitivos, el abuso, la exigencia de requisitos inalcanzables o la negativa de los propietarios a alquilar a personas procedentes de determinados países, se traducen en el hacinamiento.