El Gobierno aprobó en agosto un Real Decreto Ley con el que prevé ahorrar 2.400 millones de euros al año y que aumentará la prescripción de medicamentos genéricos. El Gobierno está tomando medidas para recortar el gasto farmacéutico, y en los últimos años se han solapado varios decretos ley que progresivamente, han ido regulándolo. El […]
El Gobierno aprobó en agosto un Real Decreto Ley con el que prevé ahorrar 2.400 millones de euros al año y que aumentará la prescripción de medicamentos genéricos.
El Gobierno está tomando medidas para recortar el gasto farmacéutico, y en los últimos años se han solapado varios decretos ley que progresivamente, han ido regulándolo. El último de ellos ha llegado el 19 de agosto; éste busca que se receten, teóricamente, más medicamentos genéricos que de marca.
A partir de ahora, la prescripción de medicamentos se hará por principio activo, y los farmacéuticos deberán dispensar el fármaco de menor precio de una misma categoría. Esta medida, que supone un impacto económico significativo para la industria farmacéutica, en realidad no es nueva. Ya en 2010, la última campaña de ahorro del Ministerio de Sanidad puso en pie de guerra a los laboratorios farmacéuticos, ya que comenzó una campaña, con anuncios de televisión incluidos, para promocionar los medicamentos genéricos.
Por entonces, el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, acusó de «competencia desleal» a Sanidad. José Ramón Luis-Yagüe directivo de Farmaindustria, ha sentenciado esta vez que «se está haciendo una política de apoyo a los genéricos que no tiene sentido, como si los genéricos no fueran industrias que van a ganar dinero«. El debate sobre la validez de los genéricos solo se plantea en focos donde cohabitan interesadamente empresas farmacéuticas y medios de tendencia conservadora. Pero este posicionamiento a la defensiva es tan tramposo como el encubrimiento del Gobierno al afirmar que el problema es que «las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados».
Aunque la sobremedicación también es un problema transversal, en la ley, el asunto no sobrepasa lo económico. Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catalán de Salud, se preguntaba: «¿Queremos un mercado farmacéutico regulado por real decreto ley o por ley?» Estas medidas, conocidas como «medicamentazo», son criticadas por eliminar un importante porcentaje de I+D, o abocar a numerosas pymes al cierre. El periodista especializado en salud, Miguel Jara, que ha publicado este año Laboratorio de médicos, comenta al respecto: «El epicentro del innecesario gasto farmacéutico está en las presiones que sufren los médicos mediante los delegados de ventas de los laboratorios (los conocidos visitadores médicos)».
Si el Gobierno y sus órganos respectivos en las comunidades autónomas, «quieren reducir drásticamente ese apartado de gasto público, que de una vez ‘meta mano’ a la visita, que cuenta con todas las leyes necesarias ya aprobadas y que no se cumplen. Si nos pusiésemos a estudiar a fondo qué medicamentos son realmente necesarios, efectivos y seguros para la población, la lista se estrecharía tanto que dudo que superara unos pocos cientos y no las decenas de miles actual» concluye.
En cualquier caso, los comerciales ya se lamentan, como hace José Miguel Manzano, presidente de una asociación de visitadores médicos en Andalucía, en El País del 9 de septiembre, por el hecho de que están «en peligro de extinción». Pese a que la ley entra en vigor el 1 de noviembre, todavía los buscadores de internet siguen ofreciendo una envidiable gama de ofertas de empleo en toda España. Esto se debe a que, como se dijo hace unos días en dicho periódico, es «una industria que cada vez prescinde más de su nexo de contacto con los médicos».
Con esta medida, en definitiva, se propone «ahorrar hasta 2.400 millones de euros al año en medicamentos y 177 millones al conjunto de los ciudadanos», según el Gobierno. Pero, en contra de lo que pudiera parecer, la subida de precios de los medicamentos podría ser inminente.
Una de las regulaciones más significativas es ampliar el margen de negociación de las empresas, desde un 5%, como figuraba en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (de 2006), hasta llegar al 10%. Esto se debe a que las negociaciones estaban en un margen ilegal que llegaba a menudo a ese 10%.
Este nuevo decreto ley supone un nuevo parche a medidas ya redactadas que se están incumpliendo y ofrece una cara pública tardíamente honesta, ya que este recorte está impactando en todos los agentes de la cadena farmacéutica, especialmente en la industria y en las oficinas de farmacia, y sobre todo porque España está dentro del conjunto de países que tienen una penetración inferior al 10% de medicamentos genéricos en su sistema de salud. Pero también se seguirán permitiendo las irregularidades que se cometen y se demuestra «falta de rigor presupuestario«, según declaró el diputado Gaspar Llamazares.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Las-dos-caras-del-medicamentazo.html