El Foro Nuclear, formado por las principales eléctricas, advierte al Gobierno de un posible cierre de las plantas de energía atómica tras el paquete de medidas para contener el precio de la luz presentado por el Ejecutivo.
Las siete centrales nucleares en España generaron en 2020 una cuarta parte de la electricidad del mix energético. Por este motivo, el lobby eléctrico ha encontrado en esta tecnología, la más delicada y polémica (y una de las más subvencionadas) de cuantas aportan a la generación eléctrica del país, la primera herramienta para presionar al Gobierno tras el paquete de medidas presentado hoy.
El Foro Nuclear, formado por 32 empresas y centrales, entre las que destacan las cinco multinacionales del sector energético Iberdrola, Endesa, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) EDP y Repsol, ha advertido de que si sale el proyecto del Gobierno anunciado hoy por la ministra de Transición Ecológica, se planteará el “cese de actividad del parque nuclear”.
El lobby ha planteado que la “excesiva presión fiscal” que introduce, a su juicio, el planteamiento del Gobierno hasta marzo de 2022 y advierte de que el precio de venta real no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual.
En España, un informe de Ecologistas en Acción de 2016, estimaba en 15,5 €/MWh el coste que afrontan los operadores nucleares, una cifra que, aunque oscilante, queda lejos de los 57 €/MWh que cifra la patronal como suelo. En el momento de elaboración de ese informe, de hecho, la cantidad que obtenían las plantas era de alrededor de 55 euros el megavatio/hora “casi cuatro veces más lo que cuesta producirla”, subrayaba Francisco Castejón, autor del citado informe.
Para este Foro, con las condiciones del Decreto Ley que quiere llevar el Gobierno al Congreso, no se hubieran comprometido a la renovación de las explotaciones. Solo desde 2019, se han pactado las renovaciones de Almaraz, Vandellós, Cofrentes y Ascó, esta última en julio de 2021.
Aunque el cierre del parque nuclear está previsto para el año 2035, la amenaza del Foro Nuclear de un cierre inmediato no es contemplada por el Gobierno como viable. O al menos no lo era en junio, cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordó que autorizar un posible adelanto del cierre sobre los plazos pactados corresponde a Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico, que debe tomar la decisión “teniendo en cuenta la seguridad del conjunto del sistema eléctrico”.
La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el 20,2% del accionariado de Red Eléctrica, aunque la mayor parte (un 80%) de la compañía, que está presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor, cotiza en el Ibex35.
El sector nuclear ha recibido la noticia de un recorte temporal del 25% de sus beneficios (solo hasta marzo) como un “hachazo” que estiman en una rebaja de 2.600 millones respecto a la previsión de beneficios sobrevenidos hasta marzo. Sin embargo, el anuncio del Gobierno contempla devolver esos beneficios con una serie de partidas que repartiría cuando se estabilicen los precios internacionales del gas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
¿Es posible el cierre nuclear?
Pese a que en la actualidad la nuclear se presenta como la reina del mix energético, la realidad es que las energías renovables ya generan más de la mitad de la electricidad consumida en España. Solo la eólica ya aporta más de un 18%.
Hasta qué punto se puede sustituir la nuclear es una pregunta para la que ya hay respuestas provisionales y pronto las habrá definitivas. Alemania ha conseguido reducir al 11% la generación nuclear tras la decisión, tomada después de la catástrofe de Fukushima, de cerrar todos los reactores, una decisión tomada con el 80% de los votos afirmativos en el Parlamento alemán. En 2022, el país centroeuropeo tiene previsto cerrar las últimas plantas.
Italia, Bélgica y Suiza se han marcado el mismo objetivo, mientras que otros países como Reino Unido o Francia apuestan por lo nuclear e incluso se plantean la construcción de nuevos reactores.
En Estados Unidos, el cierre ha venido dado por parte de las propias empresas, por sus elevados costes económicos, la pérdida de contratos con clientes o el riesgo de accidentes en el futuro.
A lo largo de los últimos años se ha producido la parada simultánea de las seis plantas nucleares en la península ibérica y en más ocasiones el cierre de cuatro de ellas, sin que se haya producido un trastorno en la red de suministro eléctrico. Este es uno de los puntos con que el autor del informe de Ecologistas en Acción argumentaba para defender el cierre de las plantas cuando terminasen los permisos en ese momento vigente. En ese escenario, con el cierre de Trillo I en 2028 terminaría la generación nuclear en España.
La amenaza de Foro Nuclear, sin embargo, puede suponer un problema para un Gobierno que hasta el anuncio de hoy no había dado pasos en la dirección del apagón de las plantas sino más bien al contrario, con los compromisos que ello conlleva.
Para Ignacio Araluce, presidente de ese Foro, el cese que podrían provocar las eléctricas “conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista”.
Pese a que el lobby insiste en que se trata de una energía limpia y que evita la emisión “de entre 30 y 40 millones de toneladas de CO2”, las ONG ambientales alertan desde hace tiempo que la energía nuclear emite más dióxido de carbono por cada kWh producido que cualquiera de las energías renovables. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), incluso aunque cambiase la tendencia y se construyesen el triple de plantas que las que hay en la actualidad, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 6%, dificultando aun más el cumplimiento del Acuerdo de París.
El hecho es que la nuclear tiene ese impacto en las emisiones pero, sobre todo, conlleva otros problemas ambientales y de seguridad, como el de la gestión de residuos, que han llevado a la decisión de cierre en los citados países. La cuestión, sin embargo, no es tanto si es deseable el apagón de las plantas sino si el Gobierno de Sánchez podrá aumentar la presión de las eléctricas si deciden reclamar ese cierre al organismo competente.