Las espinas de la rosa

Gracias al ‘buen talante’ de Zapatero, el PSOE se presenta como un partido social y progresista. Es verdad que frente al estilo dictatorial del PP de Aznar, este cambio aparente en la política tampoco era tan difícil. Pero detrás del avance en ciertos ámbitos de la convivencia social, los fundamentos de la política económica y militar no cambian con la rotación del poder entre el PP y el PSOE. Ante el modelo de crispación de la mayoría absoluta del PP, el PSOE se encuentra con la necesidad de un modelo dialogante por no disponer de esa mayoría de la arrogancia y del fracaso del modelo democrático representativo. [1]

Analizando los presupuestos globales del estado, la directiva de defensa nacional, la política exterior y el tratado constitucional europeo, no podemos llegar a otra conclusión de que el actual gobierno del Estado Español persigue una política tradicional, basada en el militarismo expansionista (el sueño de ser un estado importante) y a favor del capitalismo más crudo, sin reglas ni normas.

Política militarista

El español, es el estado europeo que más desgasta en la investigación de cómo asesinar de forma masiva a otras personas. (Y a nivel mundial, sólo queda detrás de EEUU.) Un 0,26 por ciento del PIB es destinado a la investigación militar, sobre todo en armamento ofensivo, como los aviones de combate, helicópteros artillados, carros, proyectiles y submarinos. La media europea no llega ni a la mitad, el 0,12 por ciento del PIB. Mientras tanto, el presupuesto total dedicado a investigación es el más bajo de de Europa.

Con la llegada del PSOE al gobierno, la tendencia de auge en investigación sólo se confirma. Para el 2005, el presupuesto para la investigación militar llega a más de 1.600 millones de euros, lo que supone el 33 por ciento del total del gasto estatal dedicado al conjunto de la investigación. (En los presupuestos presentados, figuran unos 1.300 millones bajo ‘investigación militar’, a los cuales habrá que añadir unos 300 millones del Ministerio de Defensa.) Con ese dinero, se podría buscar, por ejemplo, tratamiento para las enfermedades básicas que cada año matan a centenares de miles de personas en el mundo. Además podrían dignificar los contratos de los becarios universitarios que hacen investigación fundamental, pero ni tienen derecho a un contrato con cotización a la seguridad social.

En los presupuestos del 2005, supuestamente sociales, el estado central se gasta en investigación militar, 4 veces más de lo que gasta en cooperación al desarrollo o 30 veces más de lo que tiene previsto para el fomento de las energías renovables.

El PSOE tiene previsto comprar material bélico por casi 2.000 millones de euros, 4 veces más de lo que quiere gastarse para subvencionar RENFE, o más del doble que todo el presupuesto de cultura. Sólo la compra de 4 submarinos cuesta el doble de de lo que tiene previsto para la política de vivienda.

La directiva de defensa nacional

La directiva de defensa nacional es el documento que establece «las líneas generales de actuación de la política de defensa y las directrices para su desarrollo, con el fin de garantizar la defensa de España, colaborar a la seguridad de los españoles y promover la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales». En resumen, es la estrategia militar del gobierno del PSOE para los próximos años.

A pesar de declarar varias veces que se respetará siempre la Carta de las Naciones Unidas (NNUU), el texto también prevé que el ejército español podrá operar por decisión de cualquier organización multilateral de la cual forma parte, como por ejemplo la OTAN o el ejército europeo previsto en el tratado constitucional. [2] Existen varios ejemplos de la incompatibilidad de la estrategia de la OTAN con la Carta de NNUU. La OTAN operó varias veces fuera del marco de las NNUU (como por ejemplo en los bombardeos de Kossov@ y Serbia) y la estrategia nuclear de la OTAN fue declarada como ilegal por la Corte Internacional de la Haya con el dictamen que estipuló que el uso y la amenaza con las armas nucleares va en contra del Derecho Internacional. [3] Cabe recordar que EEUU tiene repartido 480 bombas nucleares en 7 estados europeos, miembros de la OTAN. 130 de ellas en Alemania, 110 en Gran Bretaña, y el resto en Grecia, Italia, Holanda, Bélgica y Turquía. 180 de las bombas están a disposición de los estados acogedores, 300 de uso exclusivo de EEUU. También hay que recordar que mantener las armas nucleares va en contra del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares, que obliga a los poseedores a eliminar progresivamente estas armas.

Entre las ‘directrices para el desarrollo de la política de defensa’ de la directiva de defensa nacional, se encuentra la de «Privilegiar una relación sólida y equilibrada con los Estados Unidos, basada en el Convenio de Cooperación para la Defensa y guiada por los objetivos y fines de la Declaración Conjunta de 11 de enero de 2001; que contempla, entre otras, la cooperación política, científica, industrial y tecnológica.» Eso significa que el Estado Español seguirá apoyando las ‘guerras preventivas’ de EEUU y los crímenes cometidos por su ejército (en contra de la Carta de NNUU). Este Convenio de Cooperación militar con EEUU, en gran parte secreto para el público y por ello fuera de cualquier control democrático, deja las manos libres a EEUU para utilizar el territorio del Estado Español para sus fines militares, incluidos sus servicios secretos. Con todo ello se confirma que la oposición a la guerra de Irak por parte del PSOE, es una oposición de oportunismo electoral, pero no real.

El PSOE seguirá también incrementando el presupuesto de Defensa [4] , y por ello restando recursos de los presupuestos sociales o de la Cooperación al desarrollo. El presupuesto de Defensa, 6.700 millones de euros adjudicados directamente [5] , sería suficiente, por ejemplo, para garantizar el acceso a la enseñanza básica en todos los países del mundo. [6]

Y por último, el gobierno seguirá impulsando la industria armamentística española y con ello contribuye a la persistencia de decenas de conflictos y regimenes represivos en el mundo. [7] El Estado Español exporta armamento a dictaduras y regímenes represivos como los de Nepal, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Israel, o Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, el PSOE aprobó la venta de cañones de segunda mano a Marruecos por el precio simbólico de 1euro la unidad. También se vendió munición a «Sudán, un país en guerra desde 1983 y en el que actualmente ocurre la peor crisis humanitaria del planeta provocada por el conflicto entre las milicias armadas del Gobierno y los grupos rebeldes en las provincias de Darfur. La munición exportada violaba el embargo al que la UE tiene sometido a Sudán desde 1994.» [8] Con todas estas exportaciones se violan las normas españolas, europeas e internacionales, pero, como siempre, los intereses económicos están por encima de las leyes, de las normas y de los Derechos Humanos, también para el PSOE.

Aspiraciones a ser un estado importante

El actual gobierno padece de las mismas aspiraciones de Aznar de sacar a «España de la esquina del mundo». Con ése fin, el Estado Español mantiene tropas militares en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Haití, Indonesia y el Antártica. Además de disponer de ‘observadores’ en la Antigua Yugoslavia, Etiopía, Congo, Kosovo, Burundi y Sudán. Para cubrir la falta de personas dentro del Estado Español para ‘jugar’ a la guerra, el gobierno hace uso de extranjeros, reclutados en embajadas y consulados.

El 20% de las tropas ‘españolas’ enviados a Afganistán, para ‘acompañar’ [9] el proceso electoral, son extranjeros que se podría catalogar como mercenarios. Estos últimos son personas que, por fines personales participan en un conflicto armado con un ejército que no es el suyo. El fin personal es obtener la nacionalidad española después de servir 3 años en el ejército español. Aunque en este caso se podría argumentar que no es un conflicto armado sino una misión de la ONU, el hecho va claramente en contra del espíritu del ‘Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios’. Es otro ejemplo de una política fuera de la legalidad de NNUU, sólo por aspirar ser un estado importante.

En la misma línea, y con el mismo objetivo, el Estado Español gasta unos 8 millones de euros para mandar el ejército en una supuesta misión humanitaria a Indonesia después del desastre causado por el maremoto en el Índico. Ocho millones de euros frente a los escasos 5 millones de euros previstos para la ayuda humanitaria. (Se mencionaron otros 50 millones de euros, pero en este caso se trata de un préstamo, y no de ayuda.) Probablemente, los militares harán algún trabajo humanitario, pero utilizar el ejército para tales fines es la forma más ineficaz de proporcionar ayuda. (Y no es nada impensable que el gobierno de Indonesia no les deje trabajar, porque sus propios militares ejercen el terror en varias partes del estado, utilizando, entre otro, armamento español).

¿Misiones humanitarias o intereses económicos, políticos y militares?

El afán por participar con el ejército en misiones llamadas humanitarias responde a otras razones:

– Ser considerado como estado importante. En varias ocasiones el presidente de gobierno Zapatero y el ministro de Defensa Bono hicieron alusión a este hecho.

– Lavar la cara y justificar la existencia del mismo ejército que cada vez más carece de razones de existencia y de interés de los jóvenes.

– Obtener experiencias en misiones en el extranjero, útiles para su uso posterior en intervenciones militares más sangrientas. Las experiencias en estas misiones ‘humanitarias’ forman la base para la creación de las llamadas Unidades de Intervención Rápida, previstos en la Directiva de Defensa Nacional y en el Tratado Constitucional Europeo.

– Justificar nuevos gastos en armamento y aumentos de presupuestos.

Querer ser importantes pero a la vez exigir ayuda europea

Simplemente es una vergüenza que un estado que se autodefine como novena potencia económica mundial, sigue exigiendo recursos financieros para su propio desarrollo. En sólo 3 años (2000-2002), el estado español recibió, neto, de la Unión Europea unos 22 mil millones de euros. Eso es casi el doble que toda la ayuda al desarrollo recibida por América Latina y el Caribe en la misma época. (La región cuenta con más de 530 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad vive en la pobreza.) Lo que recibió anualmente el Estado Español para su ‘desarrollo económico’, supone más del 15% de lo que recibieron todos los estados empobrecidos juntos en el concepto de ayuda al desarrollo.

¿Con qué derecho un gobierno que representa uno de los estados del mundo con más recursos financieros, exige estos fondos para su propio ‘desarrollo’, cuando la mayor parte del mundo vive en la miseria?

¿Legal o ilegal?, ¡Desobediencia!

Bajo el régimen de Franco, era legal el asesinato de una persona considerada republicana o comunista. Bajo el régimen de Hitler, era legal gasear a los homosexuales, los gitanos, los discapacitados y a los judíos. En la actualidad, en Nigeria es legal apedrear a las mujeres, y a los responsables se les recibe con honores diplomáticos. El presidente de Estados Unidos tiene la facultad de ordenar la ejecución de cualquier persona en cualquier parte del mundo, y es tratado como hombre importante y toda la política europea está dirigida a mantener las buenas relaciones con ese criminal. En el Estado español, por el momento, es legal convertir la tortura de un toro en un espectáculo. Y a los responsables se les dedica horas en los medios de no-comunicación. (En la mayor parte de Europa, sólo los preparativos para enloquecer y enfurecer al toro antes de entrar en la arena ya serían delitos graves, y a los toreros se les consideraría como criminales.) Legal, o ilegal, sólo depende de cómo los gobiernos nos manipulan. Es ilegal no condenar un atentado de ETA. Pero, sí es legal apoyar económicamente, políticamente y militarmente la actuación terrorista del ejército de Israel, de Pakistán, de Colombia, de Nepal, de Sudan o de EEUU.

Nada anula más la mente humana, que afirmar que el respeto a la ley está por encima de todo, tal como suele ser el lema del PSOE (y del PP). Nunca deberíamos someternos a este pensamiento. La desobediencia a las leyes injustas es un derecho universal y fundamental si algún día queremos acercarnos a una sociedad más justa. Por eso, desde los poderes de siempre, se odia tanto a las personas que desobedecen públicamente al poder establecido. A Fidel Castro por ejemplo, o a otros, como Malcom X, el obispo Romero y muchos más que asesinaron porque realmente eran capaces de hacer efectiva esta desobediencia.