El horno no parece estar para muchos bollos. La crisis tensa los nervios de las clases medias acomodadas españolas que han visto perder la pequeñita parte del pastel de la que disfrutaron los años que precedieron a la crisis. Ha sido suficiente que la vicepresidenta del Gabinete Zapatero, Elena Salgado, solicitara del gobierno del PP […]
El horno no parece estar para muchos bollos. La crisis tensa los nervios de las clases medias acomodadas españolas que han visto perder la pequeñita parte del pastel de la que disfrutaron los años que precedieron a la crisis. Ha sido suficiente que la vicepresidenta del Gabinete Zapatero, Elena Salgado, solicitara del gobierno del PP su autorización para que se le permita formar parte del Consejo de Administración de la empresa sudamericana Chilectra para que se levantara un vendaval de airados interrogantes sobre la esencia de las conexiones entre los partidos políticos institucionales y la gran empresa. Y es que los ex mandatarios gubernamentales ya no esperan ni a que se borre de la memoria social su imagen como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas son cesados se incorporan de forma automática a sus nuevas tareas empresariales. En el caso de la ex ministra de Economía Elena Salgado fue la distribuidora sudamericana Chilectra –una compañía controlada por Endesa- la que la requirió hace tan solo unas semanas para que se incorporase a su Consejo de Administración.
Pero, ¿es el caso de la señora ex ministra una excepción entre aquellos políticos que tras abandonar sus mandatos se incorporan a la dirección de las grandes multinacionales? En absoluto. Se puede decir que la inserción de los cargos públicos en la empresa privada es frecuentemente automática cuando por la pérdida de elecciones o por haber sido destituidos de sus cargos abandonan sus tareas en la Administración del Estado. Tal es el caso, por ejemplo, del ex ministro de agricultura del gobierno de Felipe González, Luis Atienza, hoy flamante presidente de la Red Eléctrica de España. O del canario con origen en el municipio de Arucas Luis Carlos Croissier, antiguo titular de la cartera de Industria en la década de los 80, hoy presidente de Eolia y consejero en Repsol. O de Josu Jon Imaz, mandamás durante años del Partido Nacionalista Vasco y actualmente director general de la sección de Nuevas Energías en la petrolera Repsol.
La filiación partidaria de los ex ministros o dirigentes de partidos políticos institucionales que obtienen una canonjía de por vida en los Consejos de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la gran empresa. La patronal -tanto la autóctona como la foránea- es consciente de que la clave consiste en disponer de peones de influencia en cada turno gubernamental. Se trata de una peculiar forma de lobby que permite al gran empresariado influir y presionar sobre las decisiones del Ejecutivo que corresponda, sea del PSOE o del PP.
Si bien el origen partidario no influye en la decisión de las empresas a la hora de cooptar a uno u otro ex mandatario ministerial, justo es reconocer que los ex ministros del ultraconservador Partido Popular aventajan a los socialdemócratas del PSOE por acumulación. Tal es el caso, por ejemplo, del ex ministro de industria del gabinete de José María Aznar, Josep Piqué, que en la actualidad ocupa la friolera de 12 poltronas en distintos Consejos de Administración. Es -según informaba el periódico «El Economista» esta misma semana- además de presidente en Pangea XXI Consultora Int; Bodaclick; Círculo de Economía y Vueling, consejero en Plasmia Biotech; Applus Technologies; Tradisa Operador Logístico; GVCGaesco; EADS; Ezentis, Agora Invest y administrador único de Pasiphae Consultora.
Sin embargo, Carlos Solchaga, ex ministro de Felipe González, no le va muy a la zaga. Dispone de diferentes cargos en las empresas Zeltia, Bufete Roca, Renta Corporación y en la Fundación Euroamérica.
En cualquier caso, los servicios prestados durante los mandatos ministeriales o presidenciales no son compensados solamente con sillones en los Consejos de Administración de las grandes empresas. También pueden ser retribuidos con multimillonarias cantidades en forma de sueldos por las propias instituciones del Estado. Tal es el caso del ex presidente Rodríguez Zapatero y de su ex vicepresidenta De la Vega. Ambos perciben el módico sueldo de €70.000 solo por su pertenencia al Consejo de Estado.
Otra fórmula para insertarse en el mundo de la empresa o de las altas finanzas son las asesorías. Esa es una de las funciones que ejerce el expresidente José María Aznar, que además de «asesorar» a la empresa Endesa hace lo mismo con la sociedad News Corporation, una compañía de medios de comunicación estadounidense que preside el corrupto Rupert Murdoch. El ex mandatario, que no tiene escrúpulos a la hora de trabajar para una empresa que tiene entre sus prácticas el soborno y la extorsión, percibe la oronda cifra de 350.000 euros por el «trabajo» realizado en ambas entidades.
En cambio, Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y actual presidente de la real «Fundación Príncipe de Asturias», ejerce directamente la función de vicepresidente del Banco Santander, por lo que percibe la nada despreciable cifra de €5.600.000 anuales. Pedro Solbes, ex ministro de economía del Gabinete psocialista de Zapatero, es hoy consejero en Enel y Barclays, embolsándose más de 300.000 euros al año por el desempeño de sus funciones en estas dos empresas.
La conexión entre el Poder político y el Poder económico no es una novedad en la historia de la sociedad española. Ambas instancias han estado siempre estrechamente conectadas, aquí y fuera de aquí, desde que se produjo la aparición del Estado. Pero en España, durante los cuarenta años que duró la Dictadura, la función de la defensa de los intereses de las clases hegemónicas la asumió directamente el conjunto del Estado autoritario franquista, sin apenas intermediarios. Al producirse la sustitución del sistema estatal franquista por el de la Monarquía la burguesía española como clase quedó extremadamente desorganizada y carente de experiencia política. Esa situación se prolongó durante los primeros años del nuevo régimen monárquico. A lo largo de los decenios siguientes, no obstante, las clases hegemónicas en el Estado español fueron entretejiendo una densa y organizada red de influencias y conexiones que terminaron por inclinar poderosamente a su favor la correlación de fuerzas entre las diferentes clases sociales. Ello ha sido posible, entre otros factores, no tanto por las habilidades y destrezas de la burguesía española como por las renuncias ideológicas, traiciones y debilidades de las organizaciones sindicales y políticas de una buena parte de la izquierda del Estado español.
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