llaudioUn autobús del servicio público es incendiado en Donosti por desconocidos y la noticia se hace espacio en todos los periódicos y canales de televisión, incluyendo las valoraciones de algunos partidos sobre lo que se califica de atentado de la «kale borroka». El incendio, según el partido Popular, demuestra porqué no hay nada que hablar […]
El incendio, según el partido Popular, demuestra porqué no hay nada que hablar con «ETA-Batasuna».
Días más tarde, Mikel Urrechu, concejal del Partido Popular en Llaudio luego de que se desconociera la voluntad de los vecinos en respaldo a la plataforma abertzale ilegalizada por tribunales españoles y única razón que explica el que semejante espécimen sea representante municipal, pega fuego a las txosnas del pueblo, incendio que es apagado por los mismos vecinos que denuncian a su autor, y ninguno de los grandes medios de comunicación se hace eco de la noticia, entrevista a representantes de partidos para que valoren la acción o la califica de atentado de la «kale borroka del Fascio-PP.»
De hecho, el caso ha sido tipificado como «falta», no como «delito», de donde se deduce y podría sentar jurisprudencia, que cualquier pirómano tiene derecho a incendiar lo que se le antoje a condición de que pague su «falta».
Pero tampoco deben preocuparse por pagos y faltas los intolerantes que no han renunciado a la violencia, que han aplaudido los bombardeos sobre Líbano, que se niegan a pedir perdón por su respaldo al golpe militar franquista, que han apoyado a los grupos terroristas anticubanos de Miami, que han promovido la guerra en Iraq y que sabotean la paz en el País Vasco, entre otros desmanes.
En los últimos tres meses, otros desconocidos del entorno fascista del Partido Popular en su versión navarra (UPN) se han dedicado a quemar euskalteguis, bares y otros locales públicos, han destruido tarjas y monumentos, han amenazado y atentado contra personas, y no ha pasado nada. Nadie ha informado, nadie ha llamado a la cordura, nadie ha condenado la violencia, nadie ha visto en semejante proceder un atentado contra la paz ciudadana de los navarros.
Todavía estoy a la espera de que el Fascio-PP y el Fascio-UPN, o sea, el Fascio, se «desmarque» del concejal pirómano o de los terroristas fachas, antes de que los partidos tomen medidas y declaren ilegal a esa banda.
Y es que algunos todavía no acertamos a establecer esa sutil diferencia que separa la «acción» del «atentado», el «entorno» del «partido». Todavía nos cuesta entender porqué poner una bomba en una calle es terrorismo y lanzar 157 mil bombas (cifra aportada por Naciones Unidas) sobre una ciudad (Beirut, por ejemplo) es una justa represalia e, incluso, insuficiente, a decir de Aznar.
Por ello es que tampoco comprendemos la diferencia entre «delito» y «falta».
Y ni siquiera ejemplos tan cercanos en el tiempo como la libertad de unos y la prisión de otros, nos ayuda a comprenderlo.
Iñaki de Juana Chaos, luego de juzgado y condenado a 18 años de cárcel y cumplida su sentencia, es mantenido preso y condenado a prisión perpetua por «delitos» que no «faltas» de opinión en dos artículos publicados y por la decisión de un Estado, cuyo ministro de Justicia ya ha sentado no pocos precedentes de que cuando ciertos presos cumplan sus sentencias, la justicia, como declarara públicamente, les «construirá nuevas imputaciones» para que sigan en la cárcel.
El que ya no va a seguir en la cárcel, ni siquiera en el cómodo régimen en el que ha cumplido poco más de un año de los siete a que fue condenado por «malversación de fondos públicos» es el ex secretario de Estado, Rafael Vera. Hasta ahora, quien ya fuera en el pasado condenado por el secuestro del empresario Segundo Marey, «falta» que no «delito» reivindicada por el GAL y por la que purgó ¡tres meses! de cárcel antes de que lo amnistiara el gobierno de Aznar, había venido disfrutado de un régimen carcelario que le permitía pasar 5 días en su casa y dormir dos noches en la cárcel de Segovia.
El argumento manejado para, prácticamente, poner en libertad a Rafael Vera ha sido la «profunda depresión que sufre por su aislamiento dentro de la cárcel». Iñaki de Juana, por cierto, lleva 17 días en huelga de hambre pero ni su estado de salud ni su posible depresión preocupan al Gobierno.
Quedo a la espera de que el ministro, fiel a su costumbre y su moral, le construya nuevas imputaciones a Vera, imputaciones que, en este caso, si no bastaran con las pasadas que no se le tuvieron en cuenta, bien podrían considerarse las presentes, las que denunciaba el periódico El País, que no Gara, sobre su multimillonaria fortuna (la de él y la que le soportan familiares y testaferros) y sus estrechas relaciones con el hampa de las tragamonedas.
Pero estamos hablando de «faltas», no de «delitos», como hablamos de «paz» no de «rendición», de «derechos» no de «impunidad», de justicia», no de «venganza».