Las asociaciones exigen una respuesta urgente por parte del gobierno ante la situación del colectivo, con más de la mitad de los hogares monomarentales en riesgo de pobreza y exclusión social.
Es septiembre y un grupo de madres y padres acuden a una reunión del AMPA del centro educativo al que llevan a sus hijos. Empieza el curso y toca hablar de las extraescolares. La persona que coordina estas actividades plantea una inquietud: las familias monoparentales del colegio —a las que llamaremos monomarentales por estar en más de un 80% de los casos encabezadas por una mujer— cuentan con un descuento de un euro para participar. Expone que no entiende el por qué de tal consideración, ella forma parte de una familia biparental, pero no trabaja por lo que en su casa también entra un solo sueldo. “¿Cuál es la diferencia?”, se pregunta.
“Otra madre se lo explicó con claridad: que en tu familia hay dos progenitores, y en las otras, solo uno”, recuerda Paula. Ella forma parte de una de esas familias donde solo hay una adulta, y el debate suscitado en esta reunión, junto a otras experiencias similares, le animó a sumarse a la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), “había oído hablar de la asociación, me parecía que hacían un trabajo de visibilización interesante. Y es que ahora es un momento donde se empieza a visibilizar, pero queda tanto…”
El 29 de junio se difundieron los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Los resultados daban un incremento en la pobreza de las familias monomarentales de un 5,2% con respecto a las cifras del año anterior. Así, si en el 2021, casi la mitad de las familias monomarentales (49,1) estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, un año después el ‘casi’ se había esfumado y la situación ya afectaba a la mayoría de estas familias, con una tasa del 54,3%.
A efectos de que la madre que motivó que Paula se sumara a MSPE entienda la diferencia, cabría comparar el porcentaje señalado con la cifra de familias compuestas por dos adultos con menores a cargo en riesgo de pobreza y exclusión social. La proporción es alta: un 37,3% —habiendo descendido medio punto desde la encuesta anterior— hace años que se señala que el hecho de tener menores a cargo en España es un factor de empobrecimiento. Muestra de ello es que frente a estos números, el 27,8% de la población en términos generales estaría en riesgo de pobreza.
Es Carmen Flores, de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, quien trae a colación las estadísticas, destacando con preocupación que se basan en información del año previo. “Los datos del INE hablan del año pasado, con lo cual la situación de guerra y de crisis de la inflación que tenemos ahora no está recogida”, situación que le hace temer un escenario peor. Respecto a las cifras que muestran una profundización mayor en el empobrecimiento de las familias monomarentales, desde FAMS lo atribuyen a que el ejecutivo ha ido llegando tarde con las medidas destinadas a este colectivo.
Un día después de que se publicara la Encuesta, la Federación —de la que también forma parte la asociación de Paula,— presentaban en rueda de prensa un documento con el que pretendían evaluar cómo el gobierno enfoca las necesidades de las familias monomarentales. La fórmula elegida fue la de un boletín de notas, aprovechando que estaban en el fin de curso escolar, una valoración en el que la federación suspendía al ejecutivo. “Para nosotras los políticos son importantes y entonces les tenemos que evaluar también. De alguna manera les damos un suspenso monoparental porque no han adoptado medidas claras”, sentencia la presidenta de FAMS.
A diferencia de otros gobiernos previos, y sobre todo a raíz de la pandemia que puso en el foco las dificultades económicas y de conciliación que atravesaron particularmente las familias monomarentales, este modelo de familia ha sido mencionado y visibilizado en el discurso político. Hace ya más de un año, la Ministra de Derechos Sociales y agenda 2030, Ione Belarra, anunciaba que La Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que el Gobierno prepara, consideraría familia numerosa a las familias formadas por una persona adulta y dos o más menores a cargo. El pasado mayo, la Ministra anunciaba un acuerdo con el PSOE para que la ley equiparase los permisos de nacimiento de las familias biparentales y las monoparentales en la Ley que Unidas Podemos estaría preparando para ser debatida el próximo septiembre.
Los anuncios sin embargo no han evitado que la FAMS suspendiese al gobierno en toda una serie de cuestiones, desde la inclusión de la monomarentalidad en los presupuestos generales de 2022, a la conciliación, el bono social, o el acceso al IMV, entre otras materias suspendidas en un boletín que reclama, “medidas urgentes”, y emplaza a la repesca en septiembre.
Cansadas de esperar
Uno de los reclamos de las familias monomarentales es, como recogía Belarra hace ya un año, ser equiparadas con las numerosas cuando tengan dos menores o más a cargo. Sin embargo, explica Flores, esta demanda no apunta a la Ley de Familias en la que trabaja el gobierno, si no a la modificación de la Ley de familias numerosas. Se trata de un cambio que el colectivo viene esperando más de una década. “Hay un artículo en la Ley de Familias Numerosas que habla de que las familias monoparentales formadas por viudas serán consideradas numerosas. Pero no es así con las solteras y con las separadas”, desarrolla Flores, “lo que pedimos es que se le dé a todas las monoparentales la condición de familia numerosa, porque eso ya estaba recogido en los presupuestos del año 2008”, los años siguientes se volvió a pedir esta corrección, algo que no sucedió, tampoco sucedió cuando una moción del Senado, el año pasado, “pedía la corrección de la Ley de familias numerosas”.
Así, 14 años después la demanda no ha sido satisfecha, se espera que se hará en la propuesta del gobierno. “La ley va a pasar en septiembre como anteproyecto al Consejo de Ministros y el Gobierno espera aprobarla a finales de septiembre”, apunta Flores. Desde la Federación temen que el anteproyecto no llegue a completar el recorrido legislativo, dado que quedan numerosos pasos para su aprobación definitiva. “Tememos que ese proceso pueda ser largo y que se quede fuera de la legislatura, ese es nuestro miedo”, advierte Flores.
“Siempre es el mes que viene. Siempre se está a punto. Pero la verdad es que ni está a punto, ni sale. Y son medidas que se necesitan ya con carácter de urgencia”, Elena Valle presidenta de la Federació Catalana de Families Monoparentals transmite frustración con los ritmos del gobierno y falta de confianza en que vaya a cumplir. De hecho uno de los principales puntos le parece insuficiente: la equiparación de las familias numerosas con las monomarentales con dos o más menores a cargo, deja fuera a un perfil muy común en el colectivo: el de las familias formadas por un madre y una sola hija o hijo, argumenta.
María Herrero forma parte del Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional. Su colectivo tomó la forma de sindicato para visibilizar las dificultades para cuidar y criar a menores con algún tipo de discapacidad. Desde el mismo, Herrero recuerda que entre las familias con menores a cargo que tienen necesidades especiales, hay una sobrerrepresentación de madres que se ocupan de su hijo o hija en soledad. Herrero se pregunta por qué no hay una visibilización pública de cómo muchos padres rechazan cuidar cuando hijos o hijas requieren atención continua, y reclama —aunque no en clave punitivista— que el problema sea visibilizado y abordado, desembocando, al menos, en alguna sanción social, pues se trata de una vulneración a los derechos de estos menores y deja a las madres en una situación de gran dificultad. Esta sería solo una cosa de las que Herrero y sus compañeras querrían plantear a quienes están trabajando en el proyecto de ley. “Nos gustaría que se tenga en cuenta cuando se suma monoparentalidad e hijos e hijas con dependencias para toda la vida”, una situación que acaba generando a menudo consecuencias psicológicas y en la salud de estas mujeres, que además tienen poco tiempo libre para hacer presión con el fin de que mejore su situación. En este sentido Herrero demanda más apoyo, y también un registro de los casos que existen.
El marco de una ley estatal, explica Valle, es necesario también para permitir que las administraciones implicadas en políticas dirigidas a las familias monomarentales, como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tengan a qué atenerse, un respaldo legislativo que permita exigir medidas como los descuentos en el pago del IBI; o las ayudas para el acceso a la universidad, resume. “Si no hay un reconocimiento estatal de la monoparentalidad las comunidades autónomas van a tener siempre la excusa ‘de esto lo llevan los otros’. En Cataluña al menos hace muchos años que tenemos un carnet de familia monoparental, pero hay muchas otras comunidades que ni siquiera lo tienen”.
Medidas imperfectas
Lo cierto es que en espera de que se presente el borrador de la Ley de Familias, las medidas que se han ido tomando para apoyar al colectivo han sido consideradas no solo insuficientes sino mal planteadas. Por ejemplo, cuestiona Flores, frente a la lentitud para apoyar medidas que ayuden a las monomarentales, el gobierno ha demostrado que puede actuar con celeridad, es el caso del bono social. En esta medida, “hubo una rectificación y se incluyó a las familias monoparentales pero se les ocurrió la feliz idea de poner un baremo económico”. Flores no entiende por qué a las familias numerosas no se les exige un límite de ingresos para acceder al bono social, y sin embargo a las familias monoparentales se les pone un umbral que deja a muchos fuera. “No es justo que una familia numerosa que gane 5.000 € tenga un bono social y una familia monoparental que gane 1.000 € al mes no tenga acceso”.
Para Valle el problema viene de la dificultad para tener en cuenta las necesidades del colectivo de monomarentales, algo que se hizo evidente cuando al implementar el permiso de nacimiento igualitario no incluyó su modelo de familia, una falencia que se pretende subsanar con la nueva ley, pero que desde la aprobación de los permisos ha obligado a muchas madres a batallar en los juzgados. “No sé cuál es el motivo para no tener en cuenta un modelo de familia en el que no somos pocas y no nadamos en la abundancia”.
Las asociaciones lamentan que cuando se les pretende incluir, no se hace de la mejor manera. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo vital comprende baremos distintos para las familias monomarentales, sin embargo deja a muchas afuera por no considerarlas unidades familiares independientes cuando se ven forzadas a compartir piso —con las excepciones de aquellas que están en proceso de divorcio, son víctimas de violencia de género o sufren un desahucio, explica Flores— un hecho que excluye a muchas familias vulnerables, que ven denegada su solicitud. A esto se añade la circunstancia, recuerda la presidenta de FAMS, de la enorme dificultad para presentar la solicitud para recibir la prestación. “Hemos tenido que dar formación en algunos casos a mujeres para que puedan solicitarla”.
En la Federació Catalana de Families Monoparentals una persona se encarga de ayudar a las socias a solicitar la prestación por hijo a cargo, y es que esta ayuda anunciada a finales del 2021 para combatir la pobreza infantil comparte formulario —y por tanto, aridez— con el IMV. “Tienes que hacer un documento diciendo que no es el ingreso mínimo, sino que lo que pido es la ayuda de cuidado de hijos, poner toda esa documentación, hacerlo a través de sede electrónica”. Trámites que requieren de acceso a un certificado digital o un DNI electrónico, requisitos que suponen un obstáculo para muchas familias. “Es necesario digitalizar los documentos que te hacen aportar, cuando todo esto lo tiene la administración”, Valle se refiere por ejemplo a los diferntes certificados de empadrinamiento que se exigen. La lógica, considera, es desincentivar la solicitud pues su complejidad puede llevar a muchas madres a pensar que por el dinero que percibirán no merece la pena todo ese esfuerzo.
En este sentido, Valle critica lo exiguo de la ayuda, que solo alcanza los 100 euros los primeros años del menor, reduciéndose hasta la mitad a medida que crece. Como denunciaba Save The Children tras el anuncio de la ayuda, al contrario de lo dispuesto por la administración, el costo de la crianza y la educación no disminuye si no que se incrementa con la edad, afea la presidenta de la Federación catalana.
Y es que, apuntan desde la Federación, para mejorar la
situación de las familias monomarentales hay que invertir, para ello que
la Ley cuente con respaldo presupuestario es esencial. “Nos sirve de
muy poco que salga una ley en la que digan que hay familias
monoparentales. Eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos que recoja la ley
es que haya ese reconocimiento, esa creación de un registro y que luego
cuente con medidas específicas, concretas, sobre todo a los niveles más
básicos. Ya no hablo de protección social, que por supuesto, si no
también otro tipo de medidas que faciliten el acceso a la vivienda, a la
educación, a las becas”, defiende Flores.
Un verano complejo
Como para gran parte de la población, los últimos meses no están siendo fáciles para las familias monomarentales en términos económicos. Además, la llegada de las vacaciones, exacerba un problema que deben enfrentar durante todo el año, la dificultad de conciliar trabajo y cuidados cuando solo se cuenta con una persona adulta en la familia. Las estrategias varían según los recursos y herramientas de cada hogar. En todos los casos, requieren un gasto de energía y a veces también, de dinero.
En el colegio al que acude la hija de Paula, la dirección decidió que el alumnado de infantil no podía quedarse a extraescolares, pues consideraban que eran demasiadas horas en el colegio para su edad. “Yo trabajo en Leganés, entonces si mi hija entra a las nueve y sale a las cuatro, no puedo llegar. Y eso que soy una privilegiada respecto a mi horario: hago 35 horas semanales y tengo flexibilidad”. Con ayuda de los abuelos, como tantas, Paula podía cuadrar sus estrategias, sin embargo, un cambio de una hora en la salida del centro escolar hace que entre en crisis todo el sistema. “He tenido que contratar a una persona pero no me lo puedo permitir durante todo el año”.
“No haber tenido hijos”, comentaba una cuenta de tuiter de un director de un centro a principios de las vacaciones, como respuesta a un artículo en cuyo título recogía el reclamo, por parte de algunos padres, de que los coles abran todo el año. Al exabrupto se unían otros docentes que recordaban que las escuelas no son para “aparcar a los niños”, reproduciendo un debate recurrente sobre el lugar de los centros en la conciliación. “Las familias tenemos distintos recursos para conciliar como podemos y dentro de esas herramientas una es el colegio”, para Paula, la cuestión de la conciliación consiste en afrontar el debate sobre el lugar que se da a los cuidados frente al trabajo remunerados, “no en tirarnos piedras unos a otros”. Esta madre no ve contradicción entre considerar que la escuela es un espacio educativo y asumir que “sin el colegio muchas familias, muchas más mujeres, no podrían trabajar”.
Para Flores, la brecha entre las vacaciones laborales y las escolares debe subsanarse con “un sistema alternativo de cuidado accesible no solo para los que tengan recursos económicos y lo puedan pagar”. En Madrid, recuerda, los campamentos son por sorteo, lo cual deja a muchas familias sin cobertura. La asociación de familias monoparentales de Madrid oferta también algunas plazas, así como otras entidades sociales. Sin embargo la oferta se queda corta para la demanda que hay.
Lo mismo sucede en Barcelona, “aquí en Cataluña hay un programa que se llama Concilia. Es un servicio que da el Ayuntamiento, que es muy de agradecer, pero que se acaba en Julio. Entonces las familias que han de seguir trabajando, ¿cómo lo hacen? Pues tirando de familias, o en casals de verano, en el mejor de los casos, si lo cubren los ayuntamientos”.
Si la situación es dura para todas, las familias del sindicato se encuentran especialmente desbordadas, apunta Herrero. “la conciliación que pueden necesitar familias monomarentales con hijos pequeños, que es cuando la crianza es muy absorbente, nosotras la vivimos extendida en el tiempo. Nuestros hijos se hacen adultos, pero necesitan este apoyo más intenso: Es que no tiene misterio” desde el sindicato querrían trasladarle esta situación a quienes preparan la ley. “Dilo en el artículo: estas señoras quieren un interlocutor”.
Como apunta también desde Barcelona Valle, hay cierta intriga sobre cómo la nueva legislación responderá (o no) a las necesidades de las familias. “Tampoco se ha hecho público el texto de la ley y de la propuesta de ley. No sabemos si realmente lo que tenemos es lo que nos han dicho que se va a publicar”. Mientras, es en la organización donde estas familias encuentran ese espacio para visibilizar que existen y no batallar solas contra formularios, situaciones cotidianas, y problemáticas que les afectan a todas. “Ya no nos sentimos ni tan solas ni tan abrumadas —explica Herreros— porque sabemos que la problemática no es nuestra, que es colectiva”.