El Gobierno español va a ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), por considerar probados sus vínculos con Batasuna (ilegal también, desde el 2003). Hace tres años, pronostiqué que si el PCTV obtenía buenos resultados en las elecciones al Parlamento Vasco (como así fue), tendría sus días […]
El Gobierno español va a ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), por considerar probados sus vínculos con Batasuna (ilegal también, desde el 2003). Hace tres años, pronostiqué que si el PCTV obtenía buenos resultados en las elecciones al Parlamento Vasco (como así fue), tendría sus días contados. Recuerdo que por entonces, hasta los medios reconocían que ni la Policía ni la Guardia Civil habían encontrado lazos que vincularan al PCTV con Batasuna. Ahora, esos lazos han aparecido por arte de magia. En cuanto a ANV, a pesar de que sus estatutos se pronuncian contra la violencia, la «prueba definitiva» es que los dirigentes guardan silencio cuando son requeridos para que articulen la palabra mágica: condena.
Puede que no sea del agrado de todos, pero el hecho de condenar o no a ETA, es una decisión libre, a tomar por cada cual. El silencio ante sus acciones, no tiene por qué implicar una necesaria colaboración con la organización. Así parecen entenderlo- al menos hasta el momento- en Francia, donde Batasuna es una organización legal, a pesar de que ETA ha tenido enfrentamientos con la Gendarmería francesa, y muchos de sus miembros estén encarcelados en ese país.
En España se pretende eliminar todo atisbo de oposición que cuestione el orden establecido, penalizando incluso el derecho a pensar diferente. Por eso han sido encarcelados, recientemente, seis jóvenes vascos y cinco supuestos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), a pesar de que algunos de éstos cumplieron condena hace más de 20 años, por sus actividades antifascistas. Llama la atención que uno de los detenidos sea disminuido físico, su «peligrosidad» vendrá determinada porque, según los medios, colabora con asociaciones que se limitan a visitar a los comunistas revolucionarios presos.
Zapatero se presentó como un progresista, cuyas cualidades eran el diálogo y la cordura (el famoso talante). Desgraciadamente su Gobierno nunca tuvo la intención de resolver el conflicto vasco, pues no se puede exigir la luna sin ofrecer nada a cambio. Ahora, el presidente español, va a debutar ilegalizando partidos, pero ya utilizó la violencia «legal» del Estado, enviando a la cárcel a colectivos de personas (proceso 18/98) que nada tienen que ver con ETA, y va a vulnerar los derechos civiles de miles de ciudadanos. Su progresismo de entonces le procuró votos que ahora perdería, tras el remedo de negociación con ETA. Por esa razón, se ha negado a sí mismo. No es de extrañar que, buscando el suculento voto de la ignorancia, alardee de ser tan represor como los pasados gobiernos del Partido Popular.
Es lamentable contemplar una sociedad aborregada, donde los dirigentes toman decisiones teniendo en cuenta sólo su conveniencia electoral, contando con la complicidad del aparato judicial. Los magistrados españoles se contradicen en sus decisiones, pues manifiestan que no enjuician actitudes sino comportamientos pero, a la hora de la verdad, lo meten todo en el mismo saco. Claro que de la judicatura española puede esperarse cualquier cosa. El día que, a causa de las rivalidades entre jueces, algunos reconozcan que la tortura es práctica habitual, otros quedarán con el pie cambiado.
En cuanto a los nacionalismos domesticados que contemporizan con el poder central (pese a esta espiral represiva), que se preparen para el futuro. Es evidente que el vencedor de las elecciones no los va a prohibir, pero el bipartidismo implementará, tarde o temprano, una reforma electoral que dejará fuera de las instituciones a esos nacionalistas de pacotilla, que sólo tendrán dos opciones: desaparecer o integrarse en la Madre Patria. Ese será el pago que recibirán por cooperar servilmente con el neofranquismo en el control y la represión de sus propios pueblos.
El régimen de Madrid toma medidas, quiere protegerse y para ello utiliza sus leyes, jueces y policía, pero nunca podrá ilegalizar ideas; por tanto sus acciones dictatoriales sólo legitimarán y reforzarán, aún más, la resistencia antifascista en el País Vasco y en el resto del Estado.