Un periodista de nombre Iroel Sánchez lo vio todo. Ante sus propias narices, y a plena luz del día, vio cómo en el centro comercial (en divisas) «La Puntilla», un comprador privado adquiría unas 15,000 manzanas de un solo golpe, en cajas de cien unidades. Lo denunciaba en un artículo publicado en el sitio Cubadebate […]
Un periodista de nombre Iroel Sánchez lo vio todo. Ante sus propias narices, y a plena luz del día, vio cómo en el centro comercial (en divisas) «La Puntilla», un comprador privado adquiría unas 15,000 manzanas de un solo golpe, en cajas de cien unidades. Lo denunciaba en un artículo publicado en el sitio Cubadebate y en el diario Granma después, destacando la rápida evacuación de las cajas en un transporte del Estado. En ningún caso el periodista intervino para detener o aclarar la legalidad o no de la operación, o advertir a las autoridades del centro (no a una simple empleada) de lo que estaba ocurriendo. No reclamó la intervención del sindicato o del núcleo del Partido. Tampoco cruzó la calle y se dirigió a las oficinas centrales de CIMEX (en el edificio Sierra Maestra), a sólo unos pasos. La publicación del artículo adquiría proporciones de escándalo mayúsculo, se convertía en la comidilla del día; la que aumentaba con el anuncio de las sanciones menores de despido a los empleados y funcionarios civiles de menor rango (la empresa rectora, propietaria y administradora de «La Puntilla» es CIMEX, una empresa comercial de las FAR). En las secciones de comentarios en línea de Cubadebate y de Granma se publicaron unos 600 comentarios -una cifra enorme- de personas criticando lo sucedido.
Pero, tanto el periodista en sus artículos, como la posición oficial al decretar las sanciones menores de despido, adjudicaban el grueso de la responsabilidad criminal al fomento y prácticas habituales de corrupción de parte del sector privado. La empresa CIMEX aseguraba en su comunicado público que sus 35,000 trabajadores «están comprometidos en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades». Resulta, por tanto, que el «enemigo» es el comprador privado. Y hacia éste se enfila la crítica oficial y unos pocos de los comentarios antes mencionados. La mayoría de los comentarios apuntan el dedo acusador hacia la corrupción reinante en el inmenso y súper inflado sector estatal.
¿Están equivocados los que suscriben estos comentarios? Ciertamente no. Lo ocurrido en «La Puntilla» no es causa, sino efecto, de un sistema económico repleto de distorsiones que da origen a mil formas y esquemas de corrupción; y del cual los principales beneficiarios no son «los particulares» o privados, sino el funcionariado o «mandarinato estatal» que lo propicia (para nutrir sus bolsillos y el de sus familiares). Y si no, que me digan cuántos cientos de funcionarios estatales (de todos los niveles) no han caído presos y han sido juzgados y sancionados en estos últimos tiempos. Es un secreto a voces, y es esto lo que predomina en esos comentarios de opinión pública.
Hace unos pocos meses atrás, el periodista de la revista Bohemia y ex-director de Granma, Lázaro Barredo, publicó una serie de reportajes bien documentados y reveladores; todos centrados en casos de corrupción múltiple. Los reportajes no incluían manzanas, pero demostraban una enorme escala de corrupción a lo largo y ancho de la economía estatal y sus beneficiarios particulares. Los reportajes pasaron sin pena ni gloria, pero constituyeron una evidencia descarnada del grado de generalización de la corrupción. Entonces no provocó escándalo, ni suscitó 600 comentarios. Ahora, las manzanas de la discordia abren la «Caja de Pandora».
Si se ofrece en un mercado estatal cualquier mercancía «liberada», eso quiere decir que no hay límite en la compra que cualquier cliente vaya a hacer. En «La Puntilla» no había anuncio alguno o cartel que estableciera que sólo se podía comprar una o cinco cajas de manzanas por cliente. ¿Acaparamiento? ¿Dónde se definen los contornos o límites de semejante figura legal? Sí se legisla contra el «acaparamiento», pero en abstracto. En ninguna legislación o regulación actual se definen sus contornos; queda a discreción arbitraria de la autoridad. Y la definición de «acaparamiento» es un subproducto pseudo-jurídico que intenta operar en una economía caracterizada por las escaseces. Además, en un país tropical como Cuba, las frutas deberían abundar hasta saturar los mercados. Esto no ocurre hasta hoy, y entonces genera, en su forma más aberrante, los fenómenos de acaparamiento y especulación. También hay que preguntarse a quién se le ocurre importar manzanas cuando un mango manzano o biscochuelo es más sabroso y nutritivo (cien veces más) que una manzana. Si se hace necesario para turistas y diplomáticos, entonces hágase de manera dirigida.
En los comentarios publicados a los que he hecho mención (y me pregunto cuántos se quedaron sin publicar) se repite con insistencia en una cuestión central: si el Gobierno cubano ha autorizado, desde hace décadas, el llamado Trabajo por Cuenta Propia (TCP), incluyendo restaurantes, diversos servicios, y otros junto a arrendatarios y cooperativas agrícolas y no-agropecuarias, ¿de dónde se deben abastecer regularmente, y en una escala creciente, esta suma de actividades y proyectos no estatales? Si el Estado autoriza un restaurante o un plomero, un carpintero o albañil, un finquero u otros tantos, ello supone disponer, adquirir, comprar, un sinfín de alimentos, herramientas, materiales de construcción, diversos equipos, combustibles, préstamos bancarios, etc. ¿Y quién si no el Estado podrá suministrar, de manera estable y a precios razonables, todos esos medios? ¿Y si el Estado no lo hace, qué pasa entonces? Se entroniza un círculo vicioso de compra de artículos robados del monopolio estatal de casi todo, de mercado negro o economía sumergida que se entrelaza con la economía estatal y sus administradores; máxime cuando en la casi totalidad de los casos los salarios oficiales del sector estatal no alcanzan para los gastos regulares de las familias. La explosión de corrupción, entonces, se desata en proporciones increíbles, como nunca antes.
Durante más de una década se han estado escuchando voces reclamando que un elemento clave para atenuar semejantes niveles de corrupción -además de la restructuración económica integral- es el establecimiento de una red nacional de ventas mayoristas y de alquiler de maquinarias y equipos, que tendería a reducir notablemente los chanchullos, robos, desvíos e ilegalidades de todo tipo. Muchas ofertas en este sentido se han hecho por compañías extranjeras, pero ninguna ha sido aceptada. No menos importante sería que este «sector no-estatal» pudiera acceder al comercio exterior mediante canales oficiales.
Parecería una obstinación suicida el continuar negándose a asumir una política consistente en esta dirección. Al discutir por qué no se hace, algunos economistas cubanos en la Isla razonan en que es una manera de mantener atado de pies y manos al creciente sector «no estatal» (privado), no permitirle crecer y desarrollarse. Yo apunté a otra razón no menos válida: si una política tal de suministros mayoristas y acceso al comercio exterior no se aplica, es por la sostenida resistencia de la burocracia estatal y su funcionariado, que no ha dejado de nutrir sus bolsillos y los de sus familiares con semejantes esquemas de corrupción, robo, mercado negro, economía sumergida y venta de influencias.
En mis andanzas por el barrio de Cayo Hueso, siempre escuché fórmulas muy sabias. Una que no olvido es la siguiente: el que roba va preso; al que le roban se va (se le despide); y al que permite el robo hay que echarle más tiempo (una condena mayor). Tal sabiduría popular no se aplicó ni en los reportajes de Lázaro Barredo, ni en el artículo de Iroel Sánchez sobre las manzanas de «La Puntilla»; pero sirvió para mostrarnos, una vez más, la envergadura que ha alcanzado esta distorsión tremenda en la economía estatal cubana de hoy.
Fuente: http://cubaposible.com/las-manzanas-la-discordia-abren-la-caja-pandora-crisis-sector-estatal-cubano/