El pasado domingo 21 de abril del presente año las fuerzas de derecha opositoras al gobierno que lidera el presidente Petro lograron movilizar un número importante de personas en algunas de las principales ciudades de Colombia. No se puede negar ni subestimar esa realidad.
Por ello, se deben analizar los motivos de quienes marcharon. Hay que diferenciar caso por caso y no echar a todo el mundo en el mismo saco. Están los que odian a Petro desde siempre y lo quieren tumbar desde el primer día de su gobierno; los que salieron para respaldar a Uribe a fin de evitar que termine en la cárcel y piensan que su caso es fruto de la venganza de Petro; y aquellos que son pagados, presionados y “arriados” por grandes empresarios y/o gobernantes locales y regionales opositores al actual gobierno.
También están aquellos inconformes con las políticas y acciones puntales del gobierno que los afectan directamente como el aumento de los precios de la gasolina (taxistas y moto-taxistas), el alto costo de la vida (inflación) o el bajón en la dinámica de la construcción, y otros temas similares. Ellos, por falta de información y formación política son fácilmente manipulables con explicaciones construidas con base en mentiras, medias verdades y falsedades.
Sabemos que el gobierno recibió del gobierno de Duque un alto déficit en el fondo de estabilización de los combustibles. Ha tenido que incrementar los precios en forma obligada porque si no lo hace las calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch) “rajan” al país en lo fiscal y perjudican (gústenos o no) la estabilidad económica a nivel internacional; que la inflación venía de atrás por efecto de la pandemia y, luego, se disparó como consecuencia de la guerra en Ucrania; y que la caída en la inversión en la construcción de vivienda es causada ‒principalmente‒ por la relativa crisis de la economía del narcotráfico causada (bajísimo precio de la hoja de coca), ello si, por efecto de la política que Petro ha implementado con una serie de medidas que han impactado esa economía “no lícita” (ha protegido al campesino cocalero pero ha arremetido contra los grandes traficantes y mafias internacionales).
Pero claro, los analistas económicos del establecimiento que son entrevistados todos los días y a todas horas por los medios de comunicación “prepagos”, nunca explican ninguna de esas situaciones. En forma sistemática y malintencionada atacan toda acción gubernamental, le buscan cualquier mínima falla y así justifican el bloqueo institucional que montaron desde la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Altas Cortes, y desde el Congreso, para impedir que las iniciativas legales (reformas) o cualquier otra política del gobierno en favor de las mayorías sociales se concrete en hechos y logros importantes.
Cuando Petro se convenció que el camino que escogió para sacar adelante sus propuestas, de cierta concertación y acuerdo con sectores de los partidos tradicionales, y percibió en forma nítida la estrategia del saboteo, dilación y engaño, y “tomó el toro por los cachos”, o sea, empezó a gobernar por decreto utilizando la Constitución y las normas vigentes, intervino las más grandes EPS (Sanitas y Nueva EPS) y aprobó el “giro directo” para las entidades prestadoras de los servicios de salud (clínicas y hospitales privados y públicos), la oligarquía financiera comprobó que Petro no se iba a quedar de manos cruzadas y que cuando habla de cambio lo está diciendo en serio.
Lo que vino en seguida es lo que estamos viviendo y explica la razón fundamental de las marchas del 21 de abril. Los dueños de los bancos, que son los mismos que se han enriquecido con los recursos de la salud y de los fondos de pensiones, y que controlan todo el aparato productivo y financiero del país (bancos, energía, minas, concesiones de carreteras, servicios públicos, producción de alimentos, grandes comercializadoras, etc.), decidieron “salir de Petro”, “sacarlo del gobierno”, y en esta ocasión, la “metieron toda”.
En los últimos 15 días se dedicaron a ambientar las marchas del pasado domingo. Arreciaron con la campaña de deslegitimar la elección de Petro usando al Consejo Nacional Electoral; anunciaron la crisis del sector salud para ganar a médicos, trabajadores de EPS y usuarios con enfermedades “huérfanas”; argumentaron que el llamado a juicio a Uribe por parte de la Fiscalía era por orden y revancha de Petro; convocaron a transportadores uribistas alertándolos porque el gobierno le subió $96 al galón de diésel (ACPM), y en general, se pusieron de acuerdo para organizar y financiar una gran protesta, con el argumento de que Petro va a convocar una Constituyente ilegal, que está concertado con los grupos armados, que es una amenaza para la democracia y que ha conducido al país a una situación de caos e ingobernabilidad total.
Era claro que la consigna impuesta a las marchas por los sectores más extremos de la derecha uribista y por los exmilitares retirados comprometidos con el paramilitarismo era la de “Fuera Petro”, o sea, cumplían con la orden de que “hay que sacar a Petro”. El resto de sectores sociales, gremiales y políticos que se sumaron a dicha expresión de rechazo al gobierno, aceptaron o se hicieron los de la vista gorda ante esa pretensión, y así, luego, cuando el presidente aceptó el reto y convocó al “pueblo” a movilizarse masivamente el próximo 1º de mayo para defender la continuidad del gobierno, lo acusan de “extremista”, de “no escuchar a los protestantes”, de “querer seguir dividiendo al país”, y lo llaman a “moderar sus pretensiones”.
Somos conscientes que se han cometido errores y que hay que rectificar en muchos aspectos. Lo que no podemos pedirle al Presidente Petro es que se eche para atrás, que en las primeras de cambio renuncie a las transformaciones propuestas sin luchar y sin movilizar a la población, y que, por tanto, se deje arrinconar y derrotar cuando lo que se debe es profundizar los esfuerzos para llegarle a nuevos sectores sociales y económicos que como las “clases medias”, los pequeños y medianos productores agrarios y el “precariado profesional” requieren de políticas que están planteadas pero que todavía no logran concretarse en la práctica (industrialización de nuevo tipo, subsidios y estímulos a la producción, cambios en la matriz energética, etc.).
Por otro lado, sabíamos que esa tarea no iba a ser fácil. Éramos conscientes de que la oligarquía no iba a dejar respirar a Petro. Que había que hacer las cosas bien desde un principio. Que no se había llegado al “poder” sino sólo al gobierno, y que se heredaba un Estado corrupto, burocrático, paquidérmico y lento. Y, por tanto, que había que lidiar con miles de funcionarios que siguen actuando con la lógica de la prebenda y de la politiquería, y por ello, era necesario diseñar formas efectivas y creativas de participación de la sociedad en los asuntos del Estado para, allí sí, en forma paulatina pero permanente y efectiva, provocar los verdaderos y efectivos cambios que valora la gente en su vida cotidiana. En ese terreno estamos en deuda.
El discurso y la voluntad de cambio hay que concretarlo en detalles mínimos pero reales que impactan la dinámica diaria de las comunidades. No basta “tirar línea” sino que se debe empoderar a la gente para ‒con sentido práctico‒ derrotar la negligencia y la ineficiencia, enfrentar la corrupción que está insertada en todos los niveles de la administración pública, generar verdadero “movimiento de cambio” que va mucho más allá de la simple “movilización de calle”, sin desconocer que esa movilización es necesaria.
Por todo lo anterior, tenemos que movilizarnos el próximo primero de mayo para defender el gobierno progresista de la arremetida oligárquica y, a la vez, exigir a la dirigencia del Pacto Histórico y funcionarios gubernamentales un mayor compromiso con la política definida, lo que significa “bajarse” y apoyarse realmente en las bases sociales para profundizar y hacer realidad el Cambio.
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